UPN, de pedir perdón a las víctimas de violencia policial a votar en contra de su reconocimiento y reparación

El mismo parlamentario de UPN y portavoz de Navarra Suma -coalición que comparten con Ciudadanos y PP- Iñaki Iriarte, que el pasado noviembre pronunció en una declaración íntegramente en euskera unas palabras en las que pedía perdón a las víctimas de violencia policial por no haber sabido “manifestar cariño” y por no haber respaldado “como es debido su derecho a la Justicia”, ha votado este jueves en contra de la modificación de ley para reconocer y reparar su daño causado. Durante el Pleno del Parlamento en el que finalmente se ha aprobado con los votos a favor de PSN, Geroa Bai (coalición de Socialiverdes y PNV), EH Bildu, Podemos-Ahal Dugu e Izquierda-Ezkerra (I-E, la marca local de IU) y el voto en contra de Navarra Suma, la toma en consideración de la proposición de Ley Foral que modifica la ley de 2019 de reconocimiento y reparación de las víctimas por actos de motivación política provocados por grupos de extrema derecha o funcionarios públicos, el portavoz de Navarra Suma ha criticado que se trata de un “pago” que se suma a “una larga lista de abonos, como el de los acercamientos de presos, el pésame a la muerte del preso muerto por suicidio o los ''ongi etorris'” que está realizando el Partido Socialista a EH Bildu y que le “van a llevar a una derrota en las urnas”.

Tras considerar que, a pesar del aval del Tribunal Constitucional a la ley de 2019, la norma puede generar una “situación de inseguridad jurídica, porque la comisión de reconocimiento podría reconocer como víctima a una persona a la que los tribunales le han negado la condición de víctima y al revés”, ya que ha insistido en que el hecho de que la ley incluya una comisión “sin un protocolo contrastable” puede resultar “poco riguroso” y lo que ahí se decida “puede depender de quién está en la comisión”, ha terminado aceptando que “la ley es constitucional y punto”, pero que “le sigue sin gustar”. “La ley nos sigue sin gustar, no porque repare a víctimas, no porque neguemos su justicia o reconocimiento, las familias nos merecen todo el respeto y tienen derecho imprescriptible a la justicia, y esa es la vía que habría que explorar. Seguimos sin entender que el cauce adecuado sea la creación de comisiones de reconocimiento, compuestas por personas respetables pero no independientes, y elegidas y nombradas por políticos. Esta ley legaliza una situación de desigualdad de condiciones entre las víctimas de unos terrorismos y las de otros”, ha señalado.

Para justificar su decisión, ha nombrado algunos casos en los que ha considerado que se ha tratado de “forma desigual a las víctimas del terrorismo” que a otras víctimas, como, por ejemplo, “un guardia civil asesinado en Pamplona en mayo de 1958, que no se consideró terrorismo”; “las muchas personas heridas en atentados realizados por ETA que no guardaron un parte médico o que su parte médico no hacía una referencia explícita al atentado y que por ello no fueron reconocidas como víctimas”; “las 300 víctimas asesinadas por el Frente Polisario que no han sido reconocidas” o, el caso de “una pareja” -Nuria Manzanares y Enrique Vicente- a la que “en 2006 el Gobierno de Zapatero negó el reconocimiento de víctimas del terrorismo a pesar de las secuelas psíquicas” sufridas después de que sus dos hijos fallecieran en el atentado de Hipercor. Tras explicar ese último ejemplo, ha reconocido que desconoce si esa decisión fue “finalmente subsanada o no”.

Tras esas palabras, en el turno de réplica, el parlamentario de Geroa Bai, Jabi Arakama, ha lamentado que “no le sorprende” el voto de Navarra Suma, ya que “demuestra una continuidad histórica de la derecha navarra y la derecha española a no buscar la verdad, justicia y reparación de las víctimas de violencia policial”. “Puede usted afinar su discurso y mostrar cierta cercanía, pero en lo práctico siempre acaban votando en contra, tratando de impedir cualquier avance simbólico o de cualquier tipo para el reconocimiento y reparación de estas víctimas”, ha destacado, para decir después que “UPN no rechista” cuando ocurren este tipo de situaciones. “Es una lástima. Yo no sé dónde queda el perdón que usted anunció porque en la práctica, como vemos, cae en saco roto”, ha criticado Arakama.

La parlamentaria de EH Bildu, Bakartxo Ruiz, también ha criticado a la derecha, en este caso por volver a tratar de “bloquear” los avances en este sentido. “Ha habido un interés político por parte de la derecha fundamentalmente y un bloqueo judicial que han imposibilitado hasta ahora poder avanzar en la medida que a esta mayoría política y entiendo que a una mayoría social nos hubiera gustado, pero es necesario que esta ley, en este largo recorrido que dura siete años -tras la primera ley presentada en 2015 y anulada por el TC-, esté en condiciones plenas de aplicarse en todos sus términos y a todos los efectos”, ha señalado para después destacar que lo acordado este jueves en el Parlamento navarro “no supone un paso de gigante, pero sirve para avanzar”.

La parlamentaria del PSN, Inma Jurío, quien ha dicho “no compartir totalmente la intervención de Geroa Bai”, ha destacado que la ley es un “avance en derechos”, algo que ha calificado como “necesario” y ha recalcado que gracias a ella “se ha elegido a los componentes de la Comisión de Reparación y se pondrá en marcha próximamente en la Dirección General de Paz y Convivencia”. Por su parte, tanto el parlamentario de Podemos-Ahal Dugu, Mikel Buil, como la de Izquierda-Ezkerra, Marisa de Simón, se han mostrado a favor de la modificación de la ley. El primero, ha señalado que “con la comisión activada y con las indemnizaciones puestas sobre la mesa, hoy Navarra está en una mejor condición de no repetición de todo lo que esta sociedad tuvo que padecer en una Transición larga, sangrienta y en algunos casos todavía incompleta”, mientras que la segunda, se ha mostrado positiva por el hecho de que una mayoría parlamentaria esté de acuerdo con otorgar reconocimiento y reparación a las víctimas, sin embargo, ha lamentado que el acuerdo al que han llegado este jueves “no avanza lo suficiente, porque sigue habiendo imposibilidad para investigar los hechos”.

Indemnizaciones de 250.000 euros por fallecimiento

La modificación aprobada fija las indemnizaciones que tendrán derecho a percibir aquellas personas que sean reconocidas como víctimas de la violencia policial o de extrema derecha, así como sus familias. En concreto, se fija un máximo de 250.000 euros en caso de fallecimiento, de 500.000 euros por gran invalidez, de 180.000 euros por incapacidad permanente absoluta, de 75.000 euros por incapacidad permanente parcial, y de 100.000 euros por incapacidad permanente total, además del derecho a la asistencia sanitaria y psicológica. Son las mismas cuantías que recibe cualquier víctima del terrorismo reconocida por el Estado. Además, el texto recoge que estas indemnizaciones “son compatibles con las cantidades que se hubieran percibido o se tuviera derecho a percibir por los mismos hechos de otros organismos, siempre que sean inferiores a las compensaciones económicas reconocidas al amparo” de la ley foral. De esta forma, la familia de Mikel Zabalza, navarro que fue torturado y asesinado por la Guardia Civil en el cuartel de Intxaurrondo (Gipuzkoa) en 1985, podría complementar la indemnización que le ha sido reconocida por el Gobierno vasco fijada en 135.000 euros hasta los 250.000 que contempla la ley navarra.

Tras su toma en consideración, la proposición de Ley Foral de modificación de la Ley Foral 16/2019, de 26 de marzo, de reconocimiento y reparación de las víctimas por actos de motivación política provocados por grupos de extrema derecha o funcionarios públicos será dictaminada en Comisión antes de ser elevada nuevamente a Pleno para su definitivo debate y votación.