La aplicación de la Ley Mordaza, la sombra de Samuel Ruiz como delegado del Gobierno en Cantabria
La moción de censura de Pedro Sánchez a Mariano Rajoy ha provocado que Samuel Ruiz (PP), hasta ahora delegado del Gobierno en Cantabria, tenga que dejar su cargo. Y para alivio de los colectivos sociales de la comunidad, su mandato termina antes de tiempo. Han sido seis años, desde su nombramiento en enero de 2012, en los que le han llovido continuas críticas y reproches por su tratamiento a integrantes de movimientos antidesahucios y en defensa de derechos sociales.
Su legado ha estado señalado por las numerosas sanciones en el marco de la conocida como Ley Mordaza desde que entró en vigor en 2015. Y es que esta herramienta ha sido su espada de Damocles contra colectivos que han cargado durante este tiempo contra su gestión, como la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH), la Asamblea Cántabra por las Libertades y Contra la Represión (Libres) o Cantabria No Se Vende (CNSV).
Tanto es así que el Defensor del Pueblo llegó a recriminarle la aplicación estricta de esta ley en la protesta del activista de la PAH, Óscar Manteca, multado y posteriormente indultado tras una ocupación en la sede de un banco. Este organismo enumeró al todavía delegado una serie de recomendaciones, y le exigió que antes de imponer sanciones escuchase a todas las partes y que respetase la presunción de inocencia de los acusados. Y es que el juez anuló la multa al activista por basarse solo en la versión policial.
Asimismo, Libres reclamó la dimisión de Ruiz tras su gestión en torno a los altercados que se produjeron en el mitin que ofreció Pablo Iglesias en el Palacio de Festivales, donde hubo agresiones fascistas a periodistas y simpatizantes de Podemos. Desde este colectivo le criticaron que “no facilitara los datos” para identificar a los agresores de ultraderecha, recriminándole su “excesivo celo” a la hora de aplicar la Ley Mordaza cuando se trata de agresiones de grupos de ultraderecha.
Ante este escenario, las reprimendas llegaron al plano político, donde la formación Santander Sí Puede exigió su cese o dimisión por lo que consideraban como una “doble vara de medir” en la aplicación de esta ley, que fue “implacable con activistas sociales y no con miembros de la ultraderecha que amenazan, insultan y agreden”.
Todo ello después de que el primer año en vigor de la Ley Mordaza, Cantabria fuera la comunidad que encabezó la lista de sanciones -3.320 expedientes, es decir, 551 multas por cada 100.000 habitantes-, un dato llamativo por el que Ruiz se negó a dar explicaciones en el Parlamento, escudándose en un informe jurídico.
Por otro lado, al delegado del Gobierno, al que le sustituirá en el cargo el secretario general del PSOE de Cantabria, Pablo Zuloaga, también fue criticado por condecorar a un policía implicado en los incidentes del caso Preguntar No Es Delito, cuyos acusados han sido recientemente absueltos.
Para Cantabria No Se Vende, se premió a uno de los “participantes del montaje policial” cuya versión quedó desacreditada en el juicio. Los jóvenes, que llevaron a cabo una protesta en favor de la educación pública en un acto del expresidente de Cantabria, Ignacio Diego (PP), en la Universidad de Cantabria, denunciaron en conversación con este medio tras la sentencia, el “montaje político e ideológico” que han sufrido durante el proceso.
Reacciones al nuevo nombramiento
Tras conocerse que Pablo Zuloaga, alcalde de Bezana y candidato socialista a la Presidencia de Cantabria en las próximas elecciones autonómicas, será el nuevo delegado de Gobierno durante este año que resta hasta los comicios, las reacciones no se han hecho esperar. El presidente cántabro, Miguel Ángel Revilla, ha asegurado que espera que Zuloaga sea “más reivindicativo” que su predecesor y que tenga “otro talante” para poder “remar en la misma dirección”.
Desde las filas populares no ha sentado bien el nombramiento. Su portavoz, Íñigo Fernández, ha señalado que supone poner las instituciones “al servicio de la campaña electoral” del líder socialista, y la alcaldesa de Santander, Gema Igual, lo considera “oportunista” y con el objetivo de “sacar rédito electoral”.
En la misma línea se han pronunciado desde Ciudadanos, ya que su portavoz autonómico, Félix Álvarez, ha tachado esta decisión como “un episodio más dentro de la operación de marketing iniciada por el PSOE, en la que priman más los intereses electoralistas que las necesidades de los cántabros”.
En su opinión, el secretario general del PSOE en Cantabria y actual alcalde de Santa Cruz de Bezana “está utilizando el tercer cargo institucional más importante de Cantabria para promocionarse a sí mismo”, algo que provoca “sonrojo”.
