Cantabria pone en marcha la reclamación judicial al Estado por los 44 millones de Valdecilla tras medio año de amenazas
El Gobierno de Cantabria ha puesto en marcha la reclamación judicial al Gobierno del Estado encabezado por Mariano Rajoy (PP) por los 44 millones que adeuda a la comunidad referentes a las obras del Hospital Universitario Marqués de Valdecilla tras más de medio año de amenazas por parte del bipartito PRC-PSOE.
Así lo ha aprobado este jueves el Consejo de Gobierno y lo ha dado a conocer en rueda de prensa la vicepresidenta, Eva Díaz Tezanos (PSOE), sobre lo que, según ha detallado, se trata del primer paso de las acciones judiciales de este proceso que tiene como objetivo exigir al Estado los 22 millones incluidos, y no abonados, en los Presupuestos Generales del Estado (PGE) de 2016 y los otros 22 correspondientes al 2017 y que, en este caso, no se reflejaron en las cuentas de esa anualidad.
Los servicios jurídicos, tal y como ha señalado Díaz Tezanos, ante los requerimientos del Gobierno y del Servicio Cántabro de Salud, “han informado de la viabilidad de la reclamación judicial” de los 44 millones. En el informe “se vislumbra que la Administración General del Estado no ha dado cumplimiento del compromiso firme expresado sobre la financiación de las obras del hospital”, ha subrayado la vicepresidenta.
Así pues, el Consejo de Gobierno ha autorizado a la Dirección General del Consejo Jurídico a interponer un recurso ante la jurisdicción contencioso-admnistrativa que los letrados comenzarán a redactar y que en un periodo “breve” de tiempo presentarán ante la Sala de lo Contencioso Administrativo de la Audiencia Nacional.
A pesar de no haber sabido precisar si existe algún precedente en el que alguna otra comunidad autónoma haya llevado a cabo una reclamación similar al Gobierno central, Díaz Tezanos ha subrayado que el Ejecutivo cántabro “va a reclamar al Estado todo aquello a lo que tenga derecho”.
En lo referente a otras partidas que el bipartito considera que el Gobierno de Rajoy le adeuda, la vicepresidenta ha explicado que cada una de ellas “lleva un camino distinto”. En el caso del convenio de financiación suscrito por la Fundación Comillas por el que Cantabria ha dejado de percibir 16 millones desde 2012, según detalló el presidente, Miguel Ángel Revilla, en el mes de mayo, el Ejecutivo autonómico está estudiando reclamar de la misma forma la cuantía en función de, tal y como ha detallado Díaz Tezanos, “cómo vayamos avanzando jurídica y administrativamente”.
Por su parte, el Partido Popular hace hincapié en que la vía judicial para reclamar la financiación de Valdecilla “es un viaje a ninguna parte porque no va a prosperar”. Su presidenta, María José Sáenz de Buruaga, asegura que es “una estrategia profundamente irresponsable que forma parte de una escenificación”.
En un comunicado, Buruaga ha defendido que “en lugar de montar un teatro”, lo útil para Cantabria “es la reivindicación bien entendida, el trabajo riguroso, la lealtad institucional y la colaboración”, y ha afirmado que al presidente, Miguel Ángel Revilla, y a sus socios de Gobierno, el PSOE, “no les interesa resolver los problemas de la comunidad autónoma, sino la polémica y sacar rédito político del frentismo”.
Antecedentes
Desde que Cristóbal Montoro (PP) presentó en abril los Presupuestos Generales de 2017 en los que no se consignó ni un euro para Valdecilla, el tira y afloja entre populares y bipartito PRC-PSOE a cuenta de la responsabilidad sobre la ausencia de esta partida ha sido una constante. Revilla compareció al día siguiente ante los medios para mostrar su indignación en lo que calificó como “un maltrato y una puñalada” por parte del Gobierno de Rajoy, al que le pidió una reunión urgente y que rectificase los presupuestos.
El presidente de Cantabria acusó al Estado de tomar “represalias” contra la comunidad autónoma por su actitud “beligerante” contra un partido que “ampara la corrupción”, mientras que Buruaga, entonces recién elegida presidenta del PP en el Congreso Regional, achacó el impago a que la Consejería de Sanidad -gestionada por el PSOE- “no supo o no pudo justificar” el gasto de las obras ejecutadas por esa cuantía.
Ante este escenario, el Gobierno de Cantabria decidió lanzar una ofensiva política, mediática y judicial para reclamar al Estado los casi 90 millones de euros que adeuda a la comunidad, consignados en diversas partidas presupuestarias. A pesar de ello, sus exigencias quedaron en agua de borrajas puesto que el Estado ignoró sus reivindicaciones transmitidas a través de una carta de la que no obtuvieron respuesta.
A partir de entonces, el Ejecutivo cántabro decidió interponer una demanda por escrito, que tardó en hacerse efectiva, en la que se amenazaba al Gobierno de Rajoy con llevarla a los tribunales si no se reintegraba la cuantía de la deuda en el plazo de 30 días. Sin embargo, no fue hasta el mes de octubre cuando la reclamación se llevó a cabo formalmente como paso previo a los tribunales, y en donde se exigía que las partidas en cuestión se incluyesen en las cuentas de 2018.
Finalmente, el pasado mes de enero, el consejero de Presidencia y Justicia, Rafael de la Sierra, confirmó que el Gobierno de Cantabria reclamará al Estado en los Tribunales los 44 millones de Valdecilla, haciendo de esta manera efectivas las amenazas llevadas a cabo durante meses por los distintos miembros del Ejecutivo autonómico.
