La delicada situación de 'las Kellys' de la dependencia: precariedad, riesgos laborales y discriminación de género

Las conocidas como 'las Kellys' (camareras de piso) han conseguido en los últimos meses visibilidad y el reconocimiento social de su lucha por las condiciones laborales a las que tienen que hacer frente. No obstante, existe otro colectivo que comparte reivindicaciones con ellas y que también ha decidido organizarse para recuperar unos derechos que, según denuncian, les han sido “despojados” en los últimos años. Se trata de las trabajadoras de la asistencia a domicilio, cuya labor se centra en atender a las personas dependientes en sus casas.

Rosa María Martínez, María Rodríguez y Yolanda Gutiérrez, empleadas del Servicio de Atención a la Dependencia (SAD) de Cantabria, atienden a eldiario.es para contar la situación que vive el sector en la actualidad. Denuncian jornadas “muy bajas”, de entre 12 y 30 horas semanales, y sueldos que rondan los 600 euros. Además, con esa cantidad que perciben tienen que hacer frente a los gastos de kilometraje de los desplazamientos. “Gastamos en eso unos 200 euros al mes, estamos pagando por ir a trabajar, subvencionando a la empresa”, subraya Rodríguez sobre este servicio que se encuentra privatizado desde 2011.

Diferencian entre zonas rurales y zonas urbanas, y señalan que en estas últimas les dan cinco minutos para los desplazamientos. “Es imposible de cumplir, nos consideran verdaderos atletas”, recalca Martínez. Pero la principal queja en este sentido radica en que les abonan el kilometraje entre usuarios y no desde el domicilio de cada trabajadora.

“Si mis compañeras tienen el primer servicio a 50 kilómetros desde su casa no es lo mismo que yo, que lo tengo a tres, y aún así me quejo de que no me lo paguen”, recrimina esta empleada. “Yo no tengo que gastar más que mi compañera que va andando”, apunta Martínez, que trabaja en la parte oriental de Cantabria, un área que abarca desplazamientos de 60 kilómetros de media.

Por otra parte, desde que fueron 'privatizadas' en 2011 y sumando el ERE de extinción que sufrieron en 2015, la plantilla se ha visto reducida de 570 personas a menos de 400 trabajadoras. Asimismo, el sector “está totalmente feminizado, el 99% somos mujeres”, afirma Martínez. “Y sí, están abriendo el mercado laboral a las mujeres, pero con empleo más precario si cabe, porque nuestras compañeras eventuales no libran ni un día al mes”, denuncia.

Otra de las quejas que plantean es la falta de material. Martínez cuenta que recientemente le han negado unos zapatos nuevos después de tres años con unos que “ya estaban rotos y hacían aguas”. “Llevo mis propias playeras”, apostilla. Pero la situación es todavía más alarmante, según explican, para las empleadas eventuales que “no les dan ni bata”. “Van a los puestos de trabajo sin uniformar, se meten dentro de las bañeras a hacer los aseos con su ropa de la calle”, exponen. “Esto es una indecencia”, incide visiblemente enfadada Martínez.

Además de todo lo ya expuesto, también carecen de medios mecánicos, por lo que ellas solas tienen que mover a los dependientes, con las lesiones que ello conlleva. Denuncian que cuando las empresas mandan en el parte telemático a la mutualidad “hacen un juicio de valor respecto a su lesión”. “Dicen: 'la trabajadora refiere que hace meses le dolía', pero es que si le duele y se ha cascado es que a lo mejor en su puesto de trabajo no se están tomando las medidas adecuadas”, resalta.

“Dolencias por nuestra condición de mujer”

De esta forma, Martínez explica que “la mutua intenta que vayas por lo público”, y se queja de que “sus médicos achacan sus dolencias al deterioro por la edad y a nuestra condición de mujer”. Y pone sobre la mesa que los dolores que comparten “son muy similares”: derrames articulares, lumbalgias, las cervicales... “Jamás en la vida reconocen que no tenemos medios mecánicos en los domicilios”, lamenta Gutiérrez. “Al que tiene una grúa o una cama articulada le adoramos”, resalta Rodríguez.

Y es que, tal y como relatan, hacen aseos en camas levantadas a 40 centímetros del suelo y con unas posiciones ergonómicas “totalmente viciadas” que fomentan la lesión. “Tenemos compañeras que vienen a las concentraciones con el bastón porque están de baja y porque no van a poder volver, lógicamente”, asegura Martínez.

Por otra parte, las empleadas de este sector también corren riesgo de sufrir violencia y agresiones en los domicilios por parte de los dependientes que sufren algún tipo de demencia, algo para lo que no disponen de protección. Tanto es así que Martínez relata cómo asistió a su compañera Gutiérrez cuando estaba siendo agredida, para lo que tuvo que pedir permiso a un familiar que le permitiese acceder a la casa.

Así pues, reclaman a la Administración que cuando firme los contratos con familiares y dependientes “quede claro que cuando una auxiliar entra en un domicilio, es un domicilio privativo, pero también pasa a ser un puesto de trabajo con todo lo que conlleva”.

Toda esta retahíla de escollos con los que tienen que convivir día a día en su trabajo repercute de forma negativa en los dependientes que, además, perciben un servicio que en muchos casos está enfocado “a las preferencias de las familias” y no tanto a sus propias necesidades, como “mejorar su calidad de vida y potenciar su autonomía”, tal y como sostienen estas profesionales del sector.

“Yo no puedo estar 45 minutos en un servicio limpiándole toda la casa, porque es lo que le viene bien a la familia, mientras tengo al señor abandonado sentado en un sofá viendo la tele”, critica Martínez. “Ese no es el objetivo de la Ley de Dependencia”, apostilla.

Reacción política

Asimismo, ponen en cuestión la implicación de los grandes sindicatos con su causa, por lo que decidieron dejar de formar parte de ellos. “Los que se sientan en las mesas sectoriales a debatir nuestro futuro convenio precarizando aún más si cabe nuestro trabajo y achacándonos funciones que no nos corresponden son los grandes sindicatos”, recriminan. “En diez años que llevo en el SAD de la dependencia no he visto ningún movimiento de ficha a favor de las trabajadoras que no haya implicado despidos o reducciones de jornada”, sentencia Martínez. “Miran para otro lado”, asegura.

De la misma forma, critican que la Administración tampoco las escuchaba, recordando que la vicepresidenta de Cantabria y consejera de Política Social, Eva Díaz Tezanos (PSOE), solo se ha reunido con ellas dos veces, siendo uno de esos encuentros “forzado” tras una concentración frente a la sede del Gobierno el 8 de marzo de 2017.

No obstante, la pasada semana Podemos presentó una moción en el Parlamento para que la redacción de los pliegos de la licitación del servicio incluyan las peticiones de las trabajadoras de este sector. Salió adelante con los apoyos del PP, Podemos y Cs, así como de otros integrantes del grupo mixto, algo que las profesionales han celebrado esperando que gracias a ello “se protejan los derechos de las trabajadoras, tan pisoteados hasta la fecha” y que este hecho marque “un antes y un después” en sus condiciones laborales.