Las trabajadoras de la asistencia a domicilio: “Estamos sosteniendo el sistema de la dependencia en Cantabria”
Las trabajadoras del Servicio de Ayuda a Domicilio están hartas y han decidido levantar la voz ante las condiciones precarias que deben enfrentar en su día a día. Las empleadas que se encargan de atender en sus casas a los dependientes, muchas veces sin los medios adecuados y por un sueldo que ronda los 600 euros, denuncian que han sido “despojadas de sus derechos laborales” como consecuencia de la privatización que se impuso desde el Gobierno en 2011: “Somos nosotras las que estamos sosteniendo el sistema de la dependencia en Cantabria”, aseguran.
Así se han expresado este miércoles algunas de las afectadas en una rueda de prensa que ha tenido lugar en el Parlamento de Cantabria, y en la que la portavoz de Podemos, Verónica Ordóñez, acompañada por Rosa María Martínez, Pilar Noriega, María Rodríguez y Yolanda Gutiérrez como representantes independientes de estas trabajadoras, ha anunciado que la formación morada presentará una moción en la que exige que los pliegos para licitar el servicio tengan en cuenta las reclamaciones de las empleadas del sector.
Rosa Martínez, auxiliar de atención a domicilio, ha ejercido como portavoz y ha expuesto durante su intervención la situación en la que se encuentran estas empleadas en Cantabria desde que se externalizó el servicio en 2011.
La portavoz del colectivo ha explicado que cada tres años las trabajadoras son subrogadas por la Administración a empresas multiservicios “a las que poco les importa la calidad asistencial ni nuestros derechos laborales, siendo su objetivo único conseguir ganancias económicas”, algo que ha asegurado que conocen “perfectamente” los actuales dirigentes en el Gobierno de Cantabria.
“Nos despojan de nuestros derechos, precarizando nuestras vidas, negándonos un calendario laboral que nos permita conciliar”, ha denunciado Martínez, que ha recordado también que “se ha producido una privatización encubierta que ha provocado un deterioro progresivo del servicio en Cantabria”, tanto de la atención a los dependientes como de las condiciones laborales de las mujeres que prestan este servicio.
Según han relatado, en Cantabria había cerca de 570 empleadas en el Servicio de Atención a Domicilio antes de la privatización, en su inmensa mayoría mujeres, unas cifras que se han reducido hasta las 400 personas que desempeñan este trabajo en la actualidad.
Reivindicaciones pendientes
En la moción que Podemos ha consensuado con estas empleadas se solicita que la Administración incluya en los pliegos de contratación “un plus de penalidad” para las trabajadoras, que se les reconozca como tiempo de trabajo efectivo el desplazamiento entre servicios, así como que se garantice que la empresa abona los costes derivados de estos desplazamientos como la gasolina y los gastos de aparcamiento.
Además, se reclaman calendarios de visitas y servicios en los que se tengan en cuenta las necesidades de los usuarios, distinguiendo entre necesidades vitales y preferencias, de modo que estas últimas queden supeditadas al establecimiento de un horario de trabajo más normalizado para las trabajadoras del servicio; y que se priorice a aquellas empresas que no estén o hayan estado incursas en procedimientos judiciales por incumplir la legislación laboral y de la seguridad social.
En lo referente a la seguridad y salud en el trabajo ven necesario que se incluya expresamente en los pliegos la obligación de presentar un protocolo de prevención de riesgos biológicos, así como un protocolo específico para la gestión del riesgo de violencia por parte de terceros incluyendo de forma específica los medios para su efectiva aplicación.
Además incluyen que se realicen inspecciones periódicas por parte de la Administración con el fin de verificar que se cumplen efectivamente la normativa relativa a la prevención de riesgos laborales y, a efectos del cumplimiento de la ley de prevención de riesgos laborales, que se incorpore en los pliegos que la entidad contratante deba facilitar a los usuarios que lo necesiten, camas articuladas y grúas que permitan la movilización de las personas que lo precisen.
Esta moción llega tras la interpelación parlamentaria a la vicepresidenta del Gobierno, Eva Díaz Tezanos, en la que la dirigente socialista anunció que se redactarán nuevos pliegos para el servicio, cuyo contrato finaliza a mediados de diciembre de este año, por lo que, a juicio de Podemos, “es un buen momento para revertir la externalización y recuperar los derechos perdidos”.
