ETA ya es historia (negra); sus presos, aún no
David Pla, uno de los últimos dirigentes de ETA, acaba de confirmar a un periódico francés que el debate entre los activistas de la organización terrorista -la práctica totalidad en prisión, como el mismo Pla- sobre la desaparición del último grupo terrorista de Europa está prácticamente terminado. No hay ninguna duda de que la franquicia del terror en Euskadi, que ha perdurado 60 años, cerrará definitivamente “su ciclo y función”, como se detalla en el documento que se ha discutido durante los últimos meses. Los resultados de la votación por la que ETA echará la persiana definitivamente serán presentados previsiblemente en mayo.
Un año después del desarme etarra, lo que pretendía ser la palanca del cambio en la política penitenciaria para los casi 300 presos que tiene aún ETA en las cárceles españolas y francesas, únicamente ha tenido efecto en las prisiones galas. Francia ha acercado desde el pasado mes de febrero a un total de nueve reclusos a cárceles próximas a Euskadi, los dos últimos este pasado viernes.
Por contra, en España, la política penitenciaria del Gobierno de Mariano Rajoy no se ha movido ni un ápice en estos 365 días. Y todo hace pesar que las novedades puedan venir más de lo que pueda decidir el juez de Vigilancia Penitenciaria de la Audiencia Nacional, José Luis Castro, que de iniciativas políticas del Ejecutivo popular o de Instituciones Penitenciarias. Más del 90% de los reclusos (unos 230) está en primer grado y sin visos de modificar esta situación para poder acceder a otro tipo de beneficios carcelarios, tras el rechazo a las solicitudes para pasar a segundo grado de quienes lo habían solicitado (la mitad del colectivo). Es previsible que esas denegaciones acaben en la mesa del magistrado Castro.
El ministro de Justicia, Rafael Catalá, tras conocerse el anuncio anticipado de la disolución de ETA, ha descartado cambios en el régimen penitenciario de los reclusos etarras. “Hay mucho trabajo que hacer antes de poner el foco en los beneficios penitenciarios de quien tanto dolor ha causado”, ha indicado, en alusión a “la resolución de casos judiciales pendientes”, más de 300 en la Audiencia Nacional. Asediado por la corrupción, el empuje de Ciudadanos, el 'caso Cifuentes' y los reveses judiciales en relación al 'procés', el PP no puede permitirse enfadar a las siempre activas víctimas del terrorismo y abrir un nuevo frente de desgaste político.
ETA y el espejo internacional
En esta ocasión, ETA no ha querido mirarse en el espejo internacional, donde algunos grupos insurgentes se han mantenido vivos en la arena política tras abandonar las armas definitivamente. Es el caso reciente de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) en Colombia, que pasó a denominarse a Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común (las mismas siglas, FARC), un nuevo partido conformado por excombatientes y colaboradores de la antigua guerrilla. En su estreno electoral, a mediados de marzo pasado, la formación heredera de la guerrilla sacó solo 52.532 votos (un 0,36% del voto) en el Senado. El partido ganador obtuvo 2,5 millones de votos (16,41%), la FARC, quedó penúltima.
La dirección de ETA tiene claro que es su desaparición la que va a permitir “fortalecer el proceso político en todos los ámbitos” y admite además que “nadie entendería que [ETA] se arrogase la dirección, dinamización o referencia del proceso independentista”. Por eso de manera mayoritaria sus militantes creen que les “corresponde cerrar el tiempo del conflicto armado y las situaciones relacionadas, para ofrecer todas nuestras fuerzas a potenciar el proceso político (...) Y la única forma de hacerlo es que tomemos directamente la iniciativa, sin esperar a nada ni a nadie”. Ese es uno de los principales extractos de la propuesta de la dirección de ETA que se ha sometido a debate y votación en estos últimos meses.
Que ETA no se mire en el espejo internacional no significa que, al igual que lo intentara hace ahora justo un año con la entrega de su arsenal en Francia, vuelva a internacionalizar su última escenificación como grupo terrorista. En aquella ocasión, Ram Mannikalingam, máximo responsable de la Comisión Internacional de Verificación (CIV), verificó la entrega, que finalmente fue menor de la anunciada en la comparecencia pública. También participaron dos religiosos -Mateo Zuppi, miembro de la Comunidad de San Egidio y arzobispo de Bolonia, y el expresidente de la iglesia metodista, Harold Good, quien colaboró en el proceso de desarme del IRA. El CIV dio por “completado” su trabajo el 16 de julio de 2017 y, por lo tanto, dio “por finalizada su actividad” en relación a este proceso.
Descartada la participación de Mannikalingam -quien asesoró en su día al presidente de Sri Lanka durante las negociaciones con los Tigres tamiles-, todas las miradas se han posado en el Grupo Internacional de Contacto que lidera el abogado sudafricano Brian Currin, que presumiblemente puede contar con la colaboración de algunos de los referentes internacionales que ya estuvieron hace un año en Bayona en el desarme.
Pero más allá de los pormenores del acta de defunción de ETA, a las víctimas del terrorismo y los partidos políticos que llevan exigiendo a ETA su desaparición sin concesiones les preocupa más el epitafio que la organización quiera dejar para su historia. Y en el documento a debate y en su último comunicado, difundido durante el pasado Aberri Eguna (Día de la patria vasca), la organización terrorista no envía ninguna señal de autocrítica o de reconocimiento del daño injusto causado. Más bien todo lo contrario.
“La izquierda abertzale no abjurará de sí misma, ETA no renegará de su aportación, pese a estar abierta a la autocrítica, pero tampoco demandará su total legitimación a aquellos que están dispuestos a recorrer el camino de la construcción del Estado Vasco”, apunta en el documento a debate. Y en su ultimo comunicado, ETA ha glosado el “esfuerzo” y la “generosidad” de su militancia en estos 60 años de terror, sin hacer mención alguna a las más de 850 víctimas que ha dejado su actividad criminal. No parece la mejor carta de presentación para cerrar su “ciclo y función” y proceder a su “desmovilización definitiva” en junio.
