Euskadi avanza en el desarrollo del Estatuto de Gernika mientras el nacionalismo busca su reforma por tercera vez

2012, 2016 y 2020. Euskadi llega a sus terceras elecciones con el debate sobre el prometido “nuevo estatus” sin resolver. Las propuestas del lehendakari y candidato del PNV, Iñigo Urkullu, han pendulado con los años desde el derecho a decidir más ortodoxo hasta una reforma del Estatuto más estándar, Cataluña mediante. En 'Deia', Andoni Ortuzar ha prometido ahora “apretar el acelerador al máximo para que haya un nuevo estatus en estos cuatro años” y el programa 'jeltzale' -presentado en la tarde de este miércoles en Bilbao- mantiene invariables sus aspiraciones para lograr un nuevo encaje de Álava, Bizkaia y Gipuzkoa en España. Pero, promesas al margen, el balance tangible de la legislatura es que, tras la llegada de Pedro Sánchez a La Moncloa en 2018, el Gobierno vasco ha empezado a recibir algunas de las decenas de materias pendientes de transferir desde la aprobación en 1979 del Estatuto de Autonomía.

Caprichos del calendario, el mayor paquete de transferencias se firma este jueves, horas antes del arranque de la campaña electoral. La ministra de Política Territorial, Carolina Darias, y el consejero vasco Josu Erkoreka rubricarán -telemáticamente- la cesión de tres competencias con mayor calado simbólico que político (están valoradas en apenas 468.000 euros). Son la gestión de productos farmacéuticos –que podría dar lugar a la creación de una agencia vasca del medicamento-, los seguros sanitarios escolares y unas ayudas a jubilados afectados por un ERE. El pasado año, se formalizó el traspaso de dos pequeños tramos de ferrocarril y, sobre todo, el cambio de titularidad de la parte vasca de las autopistas AP-1 y AP-68 (unos 80 kilómetros y dos millones de euros), con lo que el Estado ya no retiene ni un solo kilómetro de la red viaria de la comunidad autónoma. La última de las comisiones mixtas de transferencias se reunió a solamente 12 días de las generales del 28 de abril.

EH Bildu, la principal fuerza de la oposición, llevó este acto de traspaso a la Junta Electoral al verle un sesgo electoralista. No logró una resolución favorable y se celebrará, aunque no en Madrid de forma presencial, sino por 'streaming'. No obstante, el solo gesto de la izquierda abertzale sí originó una salida en tromba del PNV acusando a la formación independentista de “oponerse” al desarrollo del autogobierno vasco. Explica el consejero Erkoreka –'número dos' del PNV en la candidatura de Bizkaia- que el asunto de las fechas es casual. La cita estaba prevista para el 16 de marzo pero el positivo de Darias y el estado de alarma por el coronavirus frustraron los planes. Entonces también era período electoral para los ya olvidados comicios del 5 de abril. Entonces también era la semana de arranque de la campaña.

Estas tres transferencias abren un cronograma de traspasos que pretende completar el desarrollo del Estatuto de 1979 más de cuatro décadas después de su promulgación. Hubo un primer calendario firmado en 2019 con el Gobierno de Sánchez, pero dos convocatorias electorales lo redujeron al mínimo, a la cesión de las autopistas. El segundo calendario se firmó en febrero en Vitoria, pero la pandemia arrasó todas las previsiones. Orientativamente, el Estado y la comunidad autónoma retrasan todos los plazos fijados entonces en tres meses, de modo que a partir del 1 de abril de 2021 podría llegar la transferencia de Prisiones, algo que sólo ha recibido Cataluña.

El punto más polémico, en cambio, es la transferencia no de la Seguridad Social –como interesadamente se ha esgrimido desde sectores de la derecha en España para bloquearla- sino de la “gestión” del “régimen económico” de la Seguridad Social. El propio Estatuto –tan esgrimido a favor y en contra como poco leído- previene que esa gestión autonómica no tocará la 'caja única' –se hará “dentro de su carácter unitario”- y que operará desde el “respeto al principio de solidaridad interterritorial”. El Gobierno de Sánchez ha rebajado esta opción a un “estudio”. Es la única competencia pendiente en la que se establece esa cautela. En materia penitenciaria, por ejemplo, aunque se negocien cantidades, plazos y otros términos, se da por hecho que las cárceles de Zaballa, Martutene y Basauri y su personal serán transferidos en algún momento al Gobierno vasco.

Para el PNV, este calendario es un logro fundamental en los últimos años. Es más, incluso cuando más se ha enrarecido la relación con el Ejecutivo central en las Cortes Generales durante la pandemia, fuentes del partido recalcaban que la baraja no se iba a llegar a romper por dos motivos. Uno, porque la alternativa a Sánchez “no va a ser mejor” y, dos, porque sería meter en el cajón el cronograma para completar el Estatuto de Gernika. Además, el diputado Aitor Esteban llegó a ver en el acuerdo para la gestión del nuevo Ingreso Mínimo Vital (IMV), que no deja de ser una prestación de la Seguridad Social, un principio satisfactorio en ese “estudio” para lograr la competencia plena. “Es una manera interesante de iniciar esa competencia del Estatuto de Gernika de la gestión del régimen económico de la Seguridad Social. Esto no llena todo el contenido de esa disposición estatutaria, pero si empezamos de esta manera no está mal. Es un inicio y debemos seguir profundizando”, explicó Esteban.

Pero lo mismo que el PNV se ha volcado en lo tocante a las transferencias pendientes, en esta legislatura ha metido en el congelador sus promesas de un “nuevo estatus”. El programa con el que Iñigo Urkullu ganó las elecciones autonómicas de 2012 incluía una fecha, la de 2015, para celebrar una consulta. Era un año antes de la que había anunciado Artur Mas para Cataluña y un año después de la de Escocia. Urkullu accedió al Gobierno y en el programa definitivo se defendía el referéndum y el estatus pero se eludió la fecha. Andoni Ortuzar dijo entonces que se podría retrasar a 2016. En 2013 Urkullu viajó a Nueva York. Al lado de Juan José Ibarretxe, prometió que en 2020 el País Vasco habría ejercido el derecho a decidir. Entretanto, en el Parlamento se constituyó una ponencia de autogobierno para esbozar una propuesta. Euskadi es la única comunidad autónoma que no ha retocado su 'ley de leyes'. 

En el programa electoral presentado por Ortuzar y Urkullu, que ocupa 428 páginas en su versión en castellano, el apartado de 'Autogobierno' se inicia en la 420 y recoge el calendario de transferencias en su totalidad, incluso en la formulación sobre la Seguridad Social. Desde el respeto a la “pluralidad” -“que nadie tenga que asumir la adscripción identitaria del otro”- no se renuncia al “derecho a decidir”, si bien pactado con el Estado. Se rescata el concepto de “consulta habilitante” -que existía en la II República-, en el sentido de que el acuerdo que pueda salir de las instituciones vascas se ratificaría en referéndum antes de su tramitación en las Cortes Generales. “El Principio Democrático exige dotar de un valor relevante y primario a la decisión de la ciudadanía vasca, lo que requiere que el Estado asuma la obligación de negociar y acordar los ajustes legales precisos para responder al deseo expresado por la ciudadanía vasca, excluyendo en suma el principio de unilateralidad”, se puede leer.

“¿Dónde queda el derecho a decidir?”

El PNV plantea que en la nueva legislatura se vuelva a constituir la ponencia de autogobierno para dar continuidad a sus trabajos. Ese foro se inició hace ya más de cinco años con varias tandas de comparecencias y de debates, pero sin adoptar resoluciones durante mucho tiempo. En la primavera de 2018, en cambio, los años al ralentí se cambiaron por un ritmo frenético y, en cuestión de días, PNV y EH Bildu cerraron las bases de una reforma soberanista. El contencioso catalán estaba entonces en lo más alto. Los nacionalistas, que han gobernado en coalición con el PSE-EE, firmaron el acuerdo con la izquierda abertzale el mismo día en que apuntalaban el Gobierno de Mariano Rajoy al aprobar sus presupuestos. Quedaban solamente unos días para la moción de censura.

Pero aquellas bases nunca fueron a más. El propio Urkullu, que ha marcado todas las distancias y más con Cataluña y que llegó a mediar para evitar la declaración unilateral de independencia y la consiguiente aplicación del 155, pronunció estas palabras en el Parlamento: “Si configuramos una mayoría más amplia, tendremos mayor legitimidad para exigir que se nos respete allí donde somos minoría. Y también en clave interna de cohesión y convivencia. Hablo de acuerdo y pacto. Acuerdo entre vascos y pacto entre Euskadi y España. Pero partamos del acuerdo entre vascos… Diré como lehendakari nacionalista que un proyecto votado sólo por la ciudadanía nacionalista significaría para muchos de nosotros un fracaso estrepitoso. Nuestra sociedad es plural y diversa como cualquier otra sociedad abierta. El pueblo vasco que ha llegado hasta hoy es así… Nuestro desafío, especialmente de los nacionalistas, a quienes se les presupone un compromiso añadido con su patria, es defender el pluralismo y no soportarlo como una patología a eliminar en un proceso de homogeneización. El acuerdo debe ser necesariamente plural y que reúna a diferentes”.

Dicho y hecho, en el proceso de transformación de las bases a un texto articulado –cada partido propuso a un experto- el PNV minimizó el derecho a decidir y trabó un acuerdo de mínimos con sus socios socialistas y con Elkarrekin Podemos. Ello ha terminado por romper la poca confianza entre PNV y EH Bildu. “¿Dónde y cómo queda el derecho a decidir, la relación de igual a igual con el Estado y la consulta habilitante?”, se preguntó entonces la coalición, que alude a la “soberanía” en su programa.

“Este lehendakari no cumple su palabra”, ha acusado este martes Arnaldo Otegi tras revelar que mantuvo una reunión con Urkullu sobre el “nuevo estatus”. Se celebró en Donostia en 2018, unos meses antes de la aprobación de las bases. Aquí la versión del equipo de Urkullu: “A lo largo de los últimos años, el lehendakari ha mantenido contactos y reuniones con distintos líderes de la izquierda abertzale. [Pero] El lehendakari ha promovido en todo momento el acuerdo más amplio posible para el nuevo estatus, un acuerdo plural y entre diferentes, no una estrategia de frentes ni de choque de trenes”.

Sea como fuere, ese texto de los expertos de PNV, PSE-EE y Elkarrekin Podemos no ha sido tramitado. En realidad, ya era obvio desde 2018 que no había tiempo en la legislatura para abordar una reforma del Estatuto en un Parlamento que tarda meses o años en tramitar ajustes legislativos mucho más simples y menos conflictivos. La legislatura termina también sin reforma de la renta de garantía de ingresos (RGI) y sin ninguna de las leyes verdes, de memoria histórica, de transparencia o de igualdad.

Más autonomistas que independentistas

Ortuzar, sobre lo que puede ocurrir, se dice “optimista”. “Estamos en mejores condiciones que hace cuatro años porque tenemos textos. Si en Euskadi se da una mayoría clara en torno al PNV y a un Gobierno de coalición, y en Madrid se dan las circunstancias que se dan hoy en día, yo soy optimista”, ha apuntado en 'Deia'. El PSE-EE “cree” en la “necesidad” de “actualizar el autogobierno”, según explicita en su programa la candidata, Idoia Mendia. Pero avisa: tiene que ser un proceso “viable”, “útil” y que amplíe los consensos de 1979. Entonces se quedaron fuera la derecha –UCD sí lo apoyó- y la izquierda abertzale –aunque el entonces lehendakari era Carlos Garaikoetxea, fundador de EA, una de las patas de EH Bildu. En el referéndum, los 'síes' fueron el 90% con una participación del 58%.

Según el Euskobarómetro del verano de 2019, el apoyo al independentismo rondaría el 22%. El más reciente Deustobarómetro lo rebajó aún más, al 14%, lo que ni siquiera casaría con la totalidad de apoyos esperados de EH Bildu. “El actual modelo autonómico sigue siendo la opción mayoritaria del electorado 'popular' (86%), abstencionistas (52%), socialistas (51%) y, en menor medida, el PNV (38%) y, en general, de los no nacionalistas (45%)”, se puede leer en el Euskobarómetro. Y se añade: “El independentismo de las fórmulas autodeterminista o confederal vuelve a situarse en torno a una cuarta parte de los vascos (22%) […] y obtiene un apoyo mayoritario entre los votantes de EH Bildu (67%) e importante entre los nacionalistas (35%), en general, aunque es minoritaria entre los votantes del PNV (17%) y Elkarrekin Podemos (22%)”. No más del 4% secunda las opciones más centralistas de formaciones como Vox. Desde la coalición de PP y Ciudadanos (PP+Cs), Carlos Iturgaiz ha apelado a una “gran España”: “Los planes del nacionalismo son de ruptura e independencia que no presentan soluciones para esta tierra”.

En paralelo, el Gobierno de Urkullu ha abierto otro caballo de batalla con el Estado y busca una reunión de la comisión mixta del Concierto Económico antes del 12 de julio. Según expresó el presidente del PNV, Andoni Ortuzar, y de manera algo más matizada diferentes cargos del Ejecutivo autonómico, Euskadi ha de tener un trato singularizado en lo tocante al reparto de los fondos extraordinarios de la COVID-19. Aunque por su régimen fiscal especial no reciba transferencias del Estado, se plantea una mayor flexibilidad en los niveles de déficit y endeudamiento para poder lograr recursos extraordinarios y amortiguar una caída de ingresos estimada en hasta 3.000 millones, tanto como cuesta cada año la Educación pública y concertada o la Sanidad pública.