El Estado asegura que la ley vasca de víctimas vulnera 11 artículos de la Constitución
El Tribunal Constitucional ha recibido ya el recurso interpuesto por el Gobierno central del PP contra la ley vasca de víctimas de violencia policial entre 1978 y 1999, la pieza que completa el puzle de los asesinados y heridos por ETA, los GAL y otras bandas terroristas y de las víctimas de la Guerra Civil y del franquismo. El Ejecutivo, a través de la Abogacía del Estado, ha recurrido el conjunto de la normativa al entender que choca con 11 artículos de la Constitución y ha ejercido su prerrogativa constitucional para que se suspendan cautelarmente y con carácter inmediato la media docena de artículos que constituyen el corazón de la normativa autonómica al entender que permitían el reconocimiento de derechos al margen de una resolución judicial, en concreto, los artículos 2 (varios apartados), 4.2.c., 7.1, 14 (varios apartados), 15 y la disposición adicional sexta.
Cuando el Tribunal Constitucional admita a trámite el recurso de inconstitucionalidad, la ley no quedará en suspenso ‘de iure’ aunque sí ‘de facto’ ya que no se podrán aplicar varios apartados de media docena de artículos que constituyen, según entiende el Gobierno vasco, el núcleo fundamental del texto. Por ejemplo, técnicamente sería posible crear la comisión para la valoración de los posibles beneficiarios de la ley pero este órgano no podría actuar bajo ningún concepto. Según la normativa procesal, en cinco meses el Constitucional podrá levantar esas medidas cautelares incluso aunque no haya entrado al fondo de la cuestión. En Navarra, por ejemplo, pasado ese tiempo las suspensiones han dejado de afectar a algunos artículos y ello permitió al Gobierno de Uxue Barkos organizar un homenaje a estas víctimas de violencia policial.
El Gobierno vasco recibió el anuncio del recurso el mismo día en que se conoció, el pasado viernes, por boca de la vicepresidenta, Soraya Sáez de Santamaría, que mantuvo un contacto telefónico con el consejero de Gobernanza Pública y Autogobierno, Josu Erkoreka, de quien depende el cuerpo de letrados autonómicos. Desde un primer momento, el Ejecutivo de PNV y PSE-EE ya mostró su pesar por un recurso cantado, ya que las negociaciones llevadas a cabo en los últimos meses en la comisión bilateral habían resultado infructuosas y habida cuenta de que el Estado también ha recurrido una norma similar aprobada en Navarra. Formalmente, en cambio, varias fuentes vascas insisten en que no tienen constancia oficial del recurso registrado el 10 de mayo.
El mayor punto de fricción lo resume este artículo impugnado: “La vulneración de derechos humanos en un contexto de violencia de motivación política se podrá acreditar mediante la aportación de resolución judicial o administrativa que reconozca la realidad de unos hechos ilícitos, que se relacionen causalmente con los daños o la afección a los derechos alegados o, subsidiariamente, en su defecto, por cualquier medio de prueba admisible en derecho, sin que sea preciso que haya existido un proceso judicial previo”. Los asesores jurídicos del Gobierno del PP, en resumen, entienden que la comisión de valoración de víctimas promovida por Euskadi no puede arrogarse el papel de los tribunales y reconocer derechos sin que medie un procedimiento judicial garantista y que respete derechos de los victimarios como el honor y la presunción de inocencia.
Una ley “loable” pero “inconstitucional”
Según el documento registrado en el Tribunal Constitucional, al que ha tenido acceso eldiarionorte.es, la ley “en su totalidad” parte de un “presupuesto inconstitucional”. De hecho, se estima que vulnera nada menos que 11 artículos de la carta magna de 1978: el 9, el 18, el 24, el 103, el 117, el 118 y cinco apartados del 149. Los letrados especializados en Derechos Humanos de la Abogacía del Estado aseguran que el objetivo de la ley vasca es “loable” y “legítimo” –recuerda que está en vigor un decreto para las víctimas de violencia policial entre 1960 y 1978, impulsado por el Gobierno de Patxi López y negociado con el PP-, pero afea que se plantee “averiguar una ‘verdad’ que al parecer no ha sido capaz de reconocer ni proteger la Administración de Justicia” o que al menos exista un informe policial sobre los hechos.
El Gobierno central se apoya para su recurso en un informe del Consejo de Estado en el que se censura que Euskadi atribuya a una comisión gubernamental “funciones de investigación de delitos y de determinación de su autoría”. El Ejecutivo vasco contraatacó recientemente con un informe elaborado por el exjurista de la ONU Fabián Salvioli, que entendía que la normativa autonómica se ajustaba al derecho internacional.
Críticas de Pili Zabala, víctima del GAL
Será este viernes cuando el secretario de Memoria y Convivencia de Iñigo Urkullu, Jonan Fernández, comparezca en San Sebastián para analizar el entuerto jurídico en el que quedan las 400 personas que se estimaba que podría acogerse a las medidas previstas en la ley de víctimas. Fernández, que ya vio como el intento anterior de reconocerlas mediante un decreto fue anulado por los tribunales también a instancias del Estado y por los mismos motivos, se mostró en febrero favorable a modular la propuesta originales - “Tenemos la disposición de darle, mediante reglamento, aquellas garantías de seguridad que sean necesarias”- si bien en este tiempo no se han producido novedades.
Entretanto, la oposición de izquierdas en el Parlamento ha aprovechado el escenario para elevar las críticas al Gobierno de Urkullu. Por su simbolismo, ha resultado muy significativa la rueda de prensa de la que fuera candidata a lehendakari de Elkarrekin Podemos, Pili Zabala, hermana de una víctima de los GAL.
Zabala, en su comparecencia, ha mirado al Gobierno central y ha lamentado el “error ético y político muy grave” que supone, a su juicio, el intento de bloquear esta ley que simplemente asume “hechos históricos” y busca reparación para “todas” las víctimas. La ahora parlamentaria de la coalición de Podemos, en cambio, también ha criticado que el PNV no haya incluido este asunto en sus recientes acuerdos con el PP en las Cortes Generales, que han permitido desatascar asuntos tan enquistados como el litigio del Cupo. Esos pactos, ha insistido, “no benefician en nada a las personas en situación de vulnerabilidad”.
Desde EH Bildu, partido que no apoyó la ley recurrida, Maddalen Iriarte ha censurado el “desprecio” del Estado hacia “las víctimas que él mismo ha causado”. Asimismo, ha ironizado que la “bilateralidad” entre los Gobiernos central y vasco estrenada la pasada semana tras los acuerdos entre PP y PNV ha durado apenas unos días porque España ha dejado claro “quién manda”. “No hay bilateralidad posible con el Gobierno español”, ha zanjado.
En este sentido, el recurso interpuesto por el Estado recuerda que España es un Estado autonómico y no federal: “Si el Estado arranca con una Constitución única, concluye con una jurisdicción también única”.
