La batalla contra la segregación escolar se libra ahora en el Parlamento

Mientras algunos centros acumulan alumnado perteneciente a los sectores sociales más pujantes, otros en cambio concentran alumnos de los sectores sociales más desfavorecidos, como hijos de familias inmigrantes, alumnos con necesidades educativas especiales….Es lo que se conoce como segregación escolar y supone “una fábrica de la reproducción de la desigualdad social más extrema”. Ese fue al argumento esgrimido por la Plataforma Ciudadana por la Participación y Cambio en Euskadi-Zubiak Eraikiz para echarse a la calle es busca de firmas ciudadanas para acabar con la segregación y por medio de una Iniciativa Legislativa Popular (ILP) 'obligar' a los partidos a moverse en el Parlamento. Ahora, esa Plataforma ha conseguido recabar 17.000 firmas (7.000 más de las necesarias) para registrar la ILP en la Cámara de Vitoria. De momento, cuentan con el respaldo de EH Bildu, Elkarrekin Podemos y PSE-EE, con lo que el éxito de la iniciativa parece garantizado durante su tramitación parlamentaria.

Según Sabin Zubiri, uno de los representantes de la Plataforma, tras la campaña de recogida de firmas “la postura que niega el problema del segregacionismo se ha convertido en minoritaria”. Su inquietud ahora es que el debate en el Parlamento no desdibuje el espíritu de la propuesta, aunque reconoce que los partidos tendrán el “dilema” de adoptar medidas “concretas y urgentes” hacia una escuela inclusiva o decantarse por “pensar que la segregación es inevitable”.

Gonzalo Larruzea, otro de los impulsores de la iniciativa, coincide con su compañero en el deseo de que “el consenso no se rompa” durante la tramitación del texto. “Nuestro trabajo principal ha terminado. Ahora toca al Parlamento hacer un buen debate que concluya con una ley que contribuya a una educación vasca más cohesionada”.

Pablo García de Vicuña, responsable de la Federación de Enseñanza de Comisiones Obreras de Euskadi (sindicato que ha impulsado también la ILP), explica que de forma lenta, pero ininterrumpida, “la red concertada va conquistando espacios educativos amparada por unas leyes que conceden a estos centros privados ventajas sobre escuelas e institutos”. Especialmente en cuestiones como la selección de alumnado y “la consiguiente exclusión de quienes no respondan a los principios consagrados en su ideología, creencia religiosa o perfil de alumnado apenas sin contrapartidas exigentes”. Este tipo de contrapartidas serían auditorías, gestión sin revisión y penalización por cobro indebido de recibos en enseñanza gratuita, entre otras.

Euskadi cuenta con una de las redes educativas privado-concertadas más grandes de toda Europa. Hasta el punto de que escolariza al 50% del alumnado. En la actualidad, la red concertada atiende al 39% de alumnado becario por el 61% de la pública. En la educación básica, el porcentaje de alumnado extranjero en la red concertada es del 32 % y del 68 % en la pública. Por otro lado, la red concertada atiende al 40 % (6.600) del alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo frente al 60 % (10.000 alumnos) de la pública.

Las principales reclamaciones de la ILP son las siguientes:

1-Gratuidad de la educación tanto en centros públicos como concertados con mecanismos concretos para hacerlas efectivas y la atención a la diversidad del alumnado. Para lograrlo, propone una serie de mecanismos de transparencia y control, así como la autorización previa de aquellos pagos que contemple la ley para, por ejemplo, actividades escolares complementarias. 2-Creación de un Índice de Necesidad Social de Inclusión (INEI) a partir de indicadores que reflejen la realidad socio económica y cultural de la zona escolar y de cada centro. Con esta figura se busca que todo centro educativo financiado con fondos públicos tenga que atenerse a unas mínimas reglas con la atención a un mínimo de alumnado con necesidad especial educativa.

3-No renovación de los conciertos a los colegios que no alcancen un determinado índice de atención a alumnado proveniente de familias con mayores necesidades sociales (inmigrantes, becarios, con necesidades educativas especiales…).

4-Discriminación positiva. Mayores recursos para los centros con una mayor densidad de población desfavorecida mediante contratos de estas comunidades educativas con la Administración.