En la “comunidad estatal vasca” de EH Bildu “ciertas materias podrán ser reguladas a escala estatal española”
EH Bildu ha presentado este domingo en Hernani el documento que entregará el miércoles a la ponencia de autogobierno del Parlamento vasco, que trabaja desde hace casi un lustro en la reforma del actual Estatuto de 1979. La coalición abertzale introduce el concepto de “comunidad estatal vasca” como denominación para saltar “de la autonomía a la soberanía” -así se titula el documento- y, aunque sin perder el horizonte de la independencia, se aviene a renegociar la autonomía dentro de España. “Garantizada la soberanía vasca, y de común acuerdo, ciertas materias podrán ser reguladas a escala estatal española, según el modelo territorial que, en su caso, se estableciera”, se puede leer en el punto 5.6 de la propuesta, al que sigue otro epígrafe sobre la “naturaleza confederal” de las relaciones financieras con España.
La “comunidad estatal vasca” no independiente de EH Bildu -siquiera de manera “provisional”, en palabras de Arnaldo Otegi- se dotaría de un “sistema de garantías” que releve al Tribunal Constitucional. Será una “comisión Bilateral paritaria entre el Estado Español y la Comunidad Estatal Vasca”. “Esta Comisión asumirá distintas funciones dirigidas a la cooperación interinstitucional y la resolución de conflictos”, plantea la formación en línea a una propuesta histórica del PNV, que también entiende que el Constitucional es un “árbitro comprado” y plantea un tribunal de composición paritaria para resolver los números conflictos competenciales entre La Moncloa y Ajuria Enea.
No es la única influencia del PNV que toma prestada EH Bildu. La coalición sugiere que “sería conveniente que el sistema político español adoptara una estructura material o formalmente (con)federal, de carácter plurinacional, que asumiera el derecho a decidir de las distintas naciones (con)federadas, según un procedimiento acordado”, pero como “es improbable una reforma constitucional” que reconozca la soberanía vasca, la unión de Sortu, EA, Alternatiba e independientes entiende exactamente como el PNV que la actual Constitución de 1978 ofrece una percha al reconocer expresamente los “derechos históricos” vasco. EH Bildu incluso califica de “principio democrático” esa disposición constitucional. “Estos principios constitucionales permiten avanzar sin una reforma expresa de la Constitución española hacia una nueva relación entre los poderes territoriales basada en la igualdad política”, argumenta el documento.
EH Bildu también se moja en cuanto a qué competencias desea ganar para la “comunidad estatal vasca”. Habla de un “poder judicial vasco” y de un CGPJ propio, así como voz y voto en política exterior, una materia reservada ahora al Estado. Se menciona también una Seguridad Social propia.
La propuesta de la coalición abertzale es para Álava, Bizkaia y Gipuzkoa, aunque no se renuncia a la Euskal Herria de siete territorios como sujeto político, como tampoco a incorporar los enclaves de Treviño y Villaverde de Trucios, hoy Castilla y León y Cantabria respectivamente. En todo caso, Navarra e Iparralde tendrían también su propio derecho de autodeterminación con respecto a España y Francia y también con respecto a esa hipotética Euskal Herria. “El Pueblo Vasco o Euskal Herria, por razones históricas y políticas, no siempre de acuerdo con la voluntad de su ciudadanía, se encuentra actualmente articulado en diferentes marcos institucionales. El nuevo estatus reconocerá, como ya se ha mencionado anteriormente, el derecho de la ciudadanía de los distintos marcos institucionales a vincularse libremente en un ámbito institucional territorial común, de acuerdo con la voluntad de la ciudadanía de cada ámbito territorial. Junto con ello, las instituciones de la Comunidad Estatal Vasca se dotarán de la capacidad de decisión política y jurídica suficientes para articular democráticamente mecanismos de relación funcional y de decisión compartida con Navarra e Ipar Euskal Herria, sin límites externos”, propone EH Bildu.
Como posible fórmula de cooperación se apela a “configurar la Euro-región Vasca” que supla a la actual Aquitania-Euskadi. Asimismo, existe un deseo de que la diáspora puede estrechar lazos de ciudadanía con la “comunidad estatal vasca”.
El coordinador general de la formación, Arnaldo Otegi, ha sido el maestro de ceremonias en la presentación del documento. Y ha advertido de que “no hay nuevo estatus político” sin “derecho a decidir”. Es lo que “marca la frontera entre una relación de supeditación y una relación de igualdad” con España. Sobre las posibles propuestas que no supongan la independencia, el dirigente abertzale ha explicado que “cualquier marco político que no sea el de un Estado independiente” para Euskal Herria “siempre será un marco provisional, que podrá durar más o menos años dependiendo de la voluntad de la gente, pero siempre será provisional”.
En todo caso, ese “derecho a decidir” al que aludía Otegi no culmina con un referéndum para la secesión. El documento sí plantea que “en el nuevo estatus debe contemplarse la posibilidad de plantear dicha negociación [con el Estado] sobre los términos de un eventual referéndum de secesión” (“preverá la posibilidad futura de plantear –por iniciativa popular, inclusive–, una consulta declarativa/habilitante sobre cualquier tipo de estatus, incluida la independencia”). Pero en el apartado final, y siguiendo el “el principio de legalidad aplicado al proceso de reforma estatutaria”, se plantea la consulta exclusivamente para ratificar la reforma negociada con España. La única diferencia con el marco actual, tomada también del programa electoral del PNV y del modelo de la II República, es añadir antes de elevar el texto a las Cortes Generales una “consulta habilitante” para reforzar la posición negociadora al contar el nuevo estatus con aval ciudadano.
