La sentencia de corrupción del 'caso De Miguel', una inesperada sombra que “empaña” la trayectoria del PNV
Este martes, la magistrada Elena Cabero, en nombre de sus compañeros Jaime Tapia y Raúl Aztiria, leyó una por una las condenas recogidas en la sentencia de 1.186 folios del 'caso De Miguel', el mayor de corrupción investigado nunca en Euskadi y que ha costado una década resolver. Tres exdirigentes del PNV de Álava, Alfredo de Miguel -más conocido como Txitxo-, Koldo Ochandiano y Aitor Tellería, y otros excargos como Xabier Sánchez Robles o Iñaki San Juan, han recibido duras penas de prisión por delitos como cohecho, malversación, falsedad documental o asociación ilícita. Y no han sido mayores por la aplicación de una atenuante de dilaciones indebidas.
El partido no esperaba este resultado, según confiesan algunas voces en privado. Sí preveían condenas, pero no un golpe tan duro. Sigue defendiendo que son conductas “individuales” las enjuiciadas y que el enriquecimiento fue “personal” y no del partido, pero el lehendakari, Iñigo Urkullu, que era presidente del PNV cuando estalló este caso, no ha podido sino reconocer que esta resolución judicial “empaña” la trayectoria del principal partido vasco mientras voces de PP y EH Bildu han afilado las críticas hacia los nacionalistas sugiriendo que puede ser “la punta del iceberg”.
“He solicitado disculpas a la sociedad por el aprovechamiento que, de su condición de cargos públicos, hicieron de forma indebida y a título particular. Estas personas tuvieron una actuación contraria a los valores y el compromiso ético que defiendo y que empaña la trayectoria del partido al que pertenezco”, pronunció Urkullu este viernes en la tradicional recepción navideña a la sociedad vasca. Era su segunda comparecencia sobre el asunto. La primera fue el mismo martes, apenas unos minutos después de la lectura del fallo. Por voluntad propia y contra el criterio de sus asesores, salió ante los medios de comunicación a hablar del 'caso De Miguel' y a responder preguntas. Lo hizo en la Presidencia del Gobierno vasco mientras el presidente del PNV, Andoni Ortuzar, hacía lo propio en el cuartel general, en Sabin Etxea. El precedente de un Pedro Sánchez orillando la sentencia de los ERE en Andalucía no le había gustado a Urkullu y quería mostrar firmeza y fijar un cortafuegos.
La idea-fuerza del argumentario del PNV es que está demostrado que el partido nada tenía que ver con los hechos. En realidad, es la misma conclusión que extrajo el equipo de Urkullu el 17 de marzo de 2010 cuando la Ertzaintza detuvo por corrupción a De Miguel, Ochandiano y Tellería y nada se conocía del caso. “Es un tema personal”, recogen los titulares de aquella época. La sentencia, no obstante, deja bien claro que los exdirigentes del PNV y los cargos implicados en la red corrupta se valieron de su influencia política y que el nexo común entre todos ellos es su pertenencia a un mismo partido.
El caso tiene varias derivadas y la más significativa por su volumen económico es la fallida recalificación de Zambrana, al sur de Álava, un plan valorado en 65 millones y en el que se repartieron, de saque, 322.000 euros en comisiones. La Audiencia de Álava ha condenado por prevaricación a la alcaldesa hasta 2007, la nacionalista María Justina Angulo, por facilitar a De Miguel y a su intermediario con los promotores que pagaron la mordida, el también 'jeltzale' Josu Arruti, una pista de aterrizaje con dos decretos. En la página 928 del fallo se puede leer con claridad que Angulo tiró de De Miguel “siguiendo indicaciones” del partido al que ambos pertenecían. El compartir partido permitió también que los seis gobiernos comarcales de Álava o cuadrillas contrataran simultáneamente y con las mismas irregularidades en el expediente a una empresa de la trama sin medios y experiencia.
Las siglas PNV aparecen mencionadas 14 veces en la larga resolución judicial. El Araba Buru Batzar o ABB, la Ejecutiva alavesa, en 64 ocasiones. Y las juventudes del PNV (EGI) en que se conocieron los principales integrantes de la trama otras 10. La “influencia” política aparece citada 323 veces. “Desgraciadamente, en los últimos años se observa, en la Jurisprudencia analizada para dictar la presente resolución, un vínculo entre la política y los empresarios particulares, fundamentalmente los que se dedicaban al mundo de la construcción y urbanístico, y éste caso no es una excepción”, reflexiona el tribunal sobre esta red corrupta.
En realidad, la resolución judicial sólo ha venido a confirmar conclusiones que estaban claras desde hace años, particularmente desde que en 2011 la Policía entregara al juez instructor, Roberto Ramos, un informe que detallaba el pago de mordidas equivalente al 4% de contratos adjudicados en dos municipios gobernados por el PNV, aludiera a un posible blanqueo de capitales por el uso de elevadas cantidades de efectivo con billetes de 500 euros o en el que se desgranaba la actividad de la empresa Kataia Consulting, una pantalla creada por De Miguel, Tellería y Ochandiano para recaudar comisiones.
Pero el PNV no se lo esperaba. “Hasta la información que yo manejo, son inocentes”, repetía en 2018 quien más ha defendido en el partido a los condenados, el presidente en Gipuzkoa y portavoz parlamentario, Joseba Egibar, que incluso sentenció en el Parlamento que no había habido enriquecimiento ilícito antes de que acabara el juicio. Años antes, en 2011, cuando De Miguel fue citado por la comisión de investigación que creó el Parlamento sobre este caso, Egibar lo recibió con un abrazo y otros afines del partido le propinaron un caluroso recibimiento. El portavoz parlamentario le organizó una rueda de prensa sin preguntas en una institución pública para que lanzara su habitual discurso de que todo era una conspiración en su contra.
El PNV no se ha escondido esta semana. Ha concedido numerosas entrevistas y no ha rehuido el tema. Este sábado también ha roto su silencio Joseba Egibar en Radio Euskadi. Ha dicho que sabe “distinguir” su “amistad” con los penados y el hecho de que ahora hayan sido considerados culpables de delitos que hay que “rechazar y condenar”, pero, acto seguido, ha aportado algunos elementos para rebajar la gravedad de la sentencia. Ha indicado, por ejemplo, que la sentencia no es firme y que hay 11 personas absueltas, un dato cierto pero en algunos casos porque los delitos acreditados están prescritos. Ha dicho también que de 425 años de cárcel en total que solicitaba la Fiscalía en un inicio el tribunal tan sólo ha aceptado “el 10%”.
Asimismo, ha confiado que la revisión que hará el Tribunal Supremo tras los recursos establezca una “proporcionalidad” entre las penas y el quebranto económico real del caso, que a su entender son “175.000 euros”. Se trata de una cifra que no ha explicado pero que no coincide que la literalidad de la sentencia.
El fallo deja acreditadas, al menos, las irregularidades en dos contratos del parque tecnológico de Miñano de 470.000 y 340.000 euros, en adjudicaciones en municipios de Álava como Zigoitia o Lapuebla de Labarca de unos 400.000 euros en total, en contratos del área de Juventud que rondan los 145.000 euros -según el cálculo del Gobierno vasco, aunque las adjudicaciones son más a las empresas de la trama- y 90.000 euros más que salieron de las cuadrillas. Todo ello sin contar con la derivada más importante del caso, el pelotazo de Zambrana. Sólo la sanción económica aparejada a la pena de prisión de De Miguel y del resto ronda los 1,5 millones de euros.
El “chivato” Arruti
Quienes tampoco esperaban el golpe eran los abogados de los acusados, que también llevaban una década sosteniendo que no había ningún tipo de prueba. Todavía después de la contundente resolución judicial los hay quienes consideran irrisorias las cantidades económicas. Pese a todo, atacaban por tierra, mar y aire la investigación y buscaban como fuera la nulidad de algunas evidencias. ¿Para qué si había ningún riesgo de condena? “No hay precintos, hay mutaciones, hay evidencias de papel que se han podido alterar, introducir o suprimir y tenemos constatación, que no indicio, de que durante siete meses todas y cada una de las evidencias estuvieron fuera del procedimiento, del control y custodia del secretario judicial”, llegó a denunciar el defensor de De Miguel, Gonzalo Susaeta, recientemente nombrado como uno de los mejores abogados de España.
Sin embargo, todavía no ha explicado públicamente por qué, en medio del juicio, decidió presentarse en la oficina de los fiscales del caso, Josu Izaguirre y Manuel Pedreira, para negociar un trato. ¿Acaso sí había pruebas? Txitxo estuvo dispuesto a declararse culpable y reconocer los hechos que siempre había negado a cambio de una rebaja sustancial de condena. Ahora ha sido condenado a algo más de 13 años y tuvo en su mano una propuesta de 5 años y 4 meses que podría gestionar para evitar la entrada efectiva en prisión. Además, pudo haber logrado la absolución de su esposa, Ainhoa Bilbao, ahora condenada igualmente aunque a una pena de menos de dos años que podrá no ejecutar. “Nunca han tenido plan B. Ha habido mucha soberbia”, comenta sobre aquellas negociaciones otro letrado de la causa. La sentencia, con elegancia, recoge cómo las defensas han llevado a testigos que han mentido, han dicho medias verdades o que han tenido “lagunas” de memoria. También reprueba las pruebas falsas que intentó colar Sánchez Robles.
En paralelo, un grupo de acusados sí accedió a pactar con la Fiscalía. Y confesaron. La declaración más importante fue la de un amigo de De Miguel e intermediario en Zambrana, Josu Arruti, que explicó la trama de comisiones en ese proyecto. No le faltaron presiones, pero Arruti cumplió su parte. En el fondo, hizo lo mismo que iba a haber hecho Txitxo y que luego se le criticó duramente. Hay quien le sigue considerando un “chivato”. Como a la denunciante, Ainhoa Alberdi, que lleva diez años siendo vilipendiada por el paso que dio de, primero, negarse a pagar comisiones y, segundo, denunciarlo en Fiscalía.
