La huelga general soberanista pone a prueba la supervivencia del movimiento pensionista
A medida que se acerca el 30 E (fecha de la huelga general impulsada por los sindicatos nacionalistas ELA y LAB en Euskadi y Navarra), el nerviosismo y la tensión afloran entre el movimiento pensionista. ¿Por qué? Pues porque mientras una parte del colectivo incluso se arroga la convocatoria del paro laboral impulsado por los sindicatos soberanistas, otra parte mira con recelo la iniciativa e incluso se desmarca abiertamente. No hay que perder de vista que hasta ahora el movimiento de pensionistas exhibía con orgullo su autonomía respecto a los sindicatos.
El secretario general de ELA, Mitxel Lakuntza, ha insistido en que la huelga general “está más justificada hoy que ayer, por las razones y las posibilidades de la presión social” ante un acuerdo de Gobierno entre PSOE y Unidas Podemos que “tiene límites, carencias y es ambiguo” en economía, fiscalidad, reforma laboral y la reforma de pensiones. Y ahí es donde ha encontrado su banderín de enganche una parte del movimiento pensionistas, el más nacionalista.
Al surgir el movimiento de pensionistas algunas voces ya advirtieron que uno de los riesgos a los que estaba expuesto era que el sector nacionalista pretendiese trasladar sus aspiraciones soberanistas a la lucha en defensa de las pensiones públicas. “La presión en esa dirección ha sido constante, procurando circunscribir las movilizaciones al ámbito territorial de Euskadi y Navarra, o reclamando al Gobierno Vasco medidas de competencia estatal”, apunta Luis Alejos, sociólogo, pensionista y miembro de la Coordinadora Estatal de Pensionistas ( COESPE).
Comisiones Obreras, sindicato que no apoya la huelga, también sintoniza en esa línea y también considera que las señas de identidad del movimiento de pensionistas están “distorsionadas” por la convocatoria del paro. Por eso, apuesta por el 31 de enero (un día después de la huelga) como “fecha clave” para empezar trabajar “en la recuperación de esas señas de identidad: unidad, pluralidad y objetividad”.
“Desgraciadamente, ELA, LAB y el resto de convocantes de la huelga ponen en peligro esa unidad que se ha dado entre organizaciones y en la calle”. En la actualidad, organizaciones representativas de pensionistas en Bizkaia, la mayoría de las organizaciones de Gipuzkoa, una parte de las de Álava y la gran mayoría de las organizaciones pensionistas de Navarra no están a favor del paro.
A juicio del sindicato, la “objetividad” del movimiento está “seriamente cuestionada” al elegir apoyar y promover una huelga general contra un Gobierno que “tiene entre sus principales objetivos a corto plazo el cumplimiento de las principales demandas que dieron origen al movimiento”, como la revalorización de las pensiones en base al IPC y derogación del factor de sostenibilidad.
Para Alejos, la convocatoria “pone a prueba la fortaleza y la capacidad de supervivencia del movimiento de pensionistas. Se debería tomar en consideración ese gran riesgo”. Por ejemplo, mientras en las concentraciones de Bilbao la mayoría de las intervenciones son para publicitar la huelga, “en las de Barakaldo se evita cualquier referencia a favor o en contra del paro”.
Y también coincide con Comisiones Obreras en que la huelga en Euskadi y Navarra es un castigo al Gobierno de Sánchez e Iglesias.
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