El Estado mantiene la batalla jurídica para recuperar el dinero perdido en la planta de purines
El Estado mantiene la batalla jurídica para recuperar en la vía mercantil los 4 millones de euros que perdió en el fallido proyecto de construcción de una planta de purines en el valle de Carranza, en Bizkaia, que en total se tragó 10 millones de euros en ayudas públicas. La Abogacía del Estado, a diferencia de las otras instituciones implicadas y de la Fiscalía, sí ha decidido recurrir la sentencia emitida hace unas semanas por la juez de Bilbao Olga Ahedo que calificaba de “fortuita” la quiebra de la sociedad mercantil detrás del proyecto, Karrantzako Minda, por lo que exoneraba a sus responsables a devolver a los acreedores, principalmente las distintas Administraciones, el dinero invertido en este fiasco empresarial.
La magistrada, en su extenso y contundente escrito, desechó una por una las exigencias de culpabilidad formuladas por la administración concursal y por la Fiscalía. En el caso de la Abogacía del Estado, aquella sentencia ni siquiera se detenía en sus argumentos a pesar de que la letrada Macarena Olona había presentado un escrito de alegaciones de varios centenares de folios como uno de los principales acreedores.
Según la juez, no era posible apreciar mala fe de los promotores de Karrantzako Minda porque el Gobierno vasco del PSE-EE “creó la expectativa de poder ofrecer solución a la cuestión” cuando en 2010 el proyecto amenazaba con encallar a pesar de las reiteradas inyecciones de dinero público recibidas años atrás merced al impulso del PNV. La juez da la razón a los acusados cuando alegaron que “no quedó más remedio que paralizar el proyecto” cuando las instituciones cerraron el grifo de las ayudas públicas. En resumen, la juez no sólo no censuró que Karrantzako Minda se empleara exclusivamente para canalizar subvenciones (la inversión privada fue mínima) sino que considera tan responsable a la Administración como a los gestores por no seguir confiando en el proyecto con más fondos.
El principal instigador institucional de la infraestructura fue Martín Ascacíbar, director en el Departamento de Agricultura, quien en paralelo ha sido imputado por estos mismos hechos en vía penal. La oficina de Ascacíbar libró las primeras ayudas a Karrantzako Minda (algunas solicitadas con formularios en blanco) y él era el representante “exclusivo” de la Administración en el seguimiento del proyecto. Cesó en el Gobierno en julio de 2009, con la llegada del PSE-EE, y a los once días ya era representante de Karrantzako Minda. Asimismo, desde 2007, también era partícipe de la sociedad Ade Biotec, encargada por Karrantzako Minda para construir la planta.
Según el recurso de la Abogacía del Estado ante la Audiencia Provincial, “el problema medioambiental” en el valle con los purines de las explotaciones ganaderas “quedó eclipsado” cuando el proyecto se convirtió en “una clara oportunidad de negocio”. La apelación señala abiertamente a Ascacíbar y añade que el plan sólo sirvió “para el lucro personal de quienes han dominado de hecho la gestión” de Karrantzako Minda.
En este sentido, el Estado aprecia “ausencia del más mínimo rigor empresarial en la toma de decisiones de especial trascendencia para la ejecución del proyecto”, “desviaciones sustanciales del proyecto inicialmente previsto” y la “interposición de sociedades instrumentales y vinculados que ha operado un sustancial incremento de los costes” y reclama que se revise de arriba abajo la sentencia absolutoria. Como ejemplo de algunas de las incongruencias del fallo original cita que la juez dijo que no era extraño que muchos de los dueños de los terrenos afectados tuvieran relación entre sí porque Carranza era un municipio “pequeño”, cuando la realidad es que es la más extensa de toda Bizkaia (el triple que Bilbao).
El recurso, formalizado esta semana, no viene acompañado de ninguna otra apelación. La Fiscalía ha decidido no continuar la batalla judicial. Tampoco lo hace el Ayuntamiento de Carranza, muy beligerante con lo ocurrido en su municipio. En su caso, fuentes judiciales aseguran que se trata más de un problema económico: en los procesos mercantiles las costas se calculan en base al volumen del dinero reclamado y aquí podrían rondar los 2 millones, la mitad del presupuesto anual del pueblo. Sus letrados, en cambio, sí mantienen las espadas en alto en la vía penal.
