La oposición se une para forzar al Gobierno a restringir las grandes superficies en Euskadi

El curso político 2019 arranca en Euskadi con el Gobierno de PNV y PSE-EE en minoría en el Parlamento tras el alejamiento del PP y la ruptura de las negociaciones presupuestarias con EH Bildu. En ese contexto, justo 24 horas después de que se confirmara el 'no' a las cuentas, toda la oposición firmaba una proposición para reformar la ley de actividad comercial para limitar la implantación de centros comerciales.

El criterio del Gobierno aún no se conoce -tiene de plazo para emitir un informe el 12 de febrero- pero los votos de la heterogénea suma que conforman EH Bildu, Elkarrekin Podemos y PP sería suficientemente para que prosperase un texto breve y de marcado carácter técnico que viene respaldado por la patronal del pequeño comercio. No sería una novedad: la pasada legislatura PSE-EE, EH Bildu y UPyD unieron fuerzas y forzaron al Gobierno a aplicar una ley de vivienda diseñada por la oposición.

Fuentes parlamentarias indican que el objetivo es “restringir” la apertura o ampliación de grandes superficies comerciales en un contexto con varios proyectos sobre la mesa, “sobre todo en Gipuzkoa”. La propuesta destaca las “externalidades negativas” que suponen este tipo de servicios cuando se ubican en la periferia de las localidades, sobre todo en lo que a actividad económica de los centros urbanos se refiere pero también en relación a otros asuntos como el transporte y la necesidad de infraestructuras. La reforma legal, en todo caso, diferencia algunos comercios “singulares” que recibirían un tratamiento más flexible para ubicarse en esas zonas. Se trata de almacenes de mayoristas o comercios de productos especiales como vehículos, carburantes, útiles de jardinería o mobiliario.

EH Bildu, Elkarrekin Podemos y PP coinciden en defender un “comercio urbano” que resulte sostenible a nivel urbanístico, medio ambiental y económico, por lo que se insta a la “protección y mejora de los entornos comerciales urbanos, especialmente en los centros históricos”. Un sector terciario “vivo” ayuda a la “rehabilitación económica, social y urbanística” mientras que una apuesta más 'americana' por grandes superficies supone mayor uso del vehículo privado y el vaciado de muchas calles en áreas residenciales.

¿Y los centros comerciales urbanos como el que se proyecta en Vitoria en el eje de las calles de Eduardo Dato con San Prudencio? “Se exigirá que no comporten la necesidad de obras para la adaptación de la urbanización existente propias del suelo urbano no consolidado”, se puede leer en uno de los apartados de la proposición legislativa. En general, se limita a 15.000 metros cuadrados el máximo de un centro comercial (el tope es menor cuanto más pequeño es el municipio). No obstante, se insta a los ayuntamientos a que sometan a consideración de la comisión autonómica de Urbanismo (COTPV) cualquier proyecto de estas características.

Se da la circunstancia de que el Parlamento aprobó el pasado 14 de junio una proposición no de ley promovida por EH Bildu que instaba al Gobierno a modificar “con urgencia” y “de forma inmediata” la normativa de actividad comercial vigente, originaria de 1994. La oposición interpreta que el Ejecutivo de PNV y PSE-EE no ha dado “ningún paso efectivo” para dar cumplimiento al mandato de la Cámara, por lo que se ha optado por “tomar la iniciativa” y promover 'motu proprio' estos cambios. El temor no es injustificado: en 2013 también se aprobó una resolución no vinculante contra las “grandes superficies” justo cuando se preveía el desembarco de Mercadona en Euskadi y esa cadena, hoy, forma ya parte de la oferta comercial.