El desalojo del Gaztetxe Maravillas deja tocada la relación entre los socios del Gobierno navarro
El desalojo del Gaztetxe Maravillas amenaza las relaciones entre los socios del Gobierno de Navarra, especialmente entre Geroa Bai y EH Bildu, que son los mayoritarios. La decisión de entrar por la fuerza y desalojar el Palacio Marqués de Rozalejo, propiedad del Ejecutivo foral y futura sede de un centro memorialístico, no ha gustado nada a EH Bildu. Su portavoz en el Parlamento de Navarra, Adolfo Araiz, ha señalado que “la presidenta [por Uxue Barkos] no ha estado a la altura de las circunstancias”. “Estamos convencidos de que se podía haber evitado este desalojo si el Gobierno de Uxue Barkos no hubiera dado la espalda al diálogo y hubiera actuado con altura de miras y de forma responsable”, ha reprochado.
Mientras, la portavoz del Gobierno de Navarra, María Solana, insiste en que desde el Ejecutivo foral se hizo un llamamiento al diálogo para “evitar” la actuación policial “sin haber obtenido respuesta positiva”. “En ningún momento”, ha añadido, “nadie de ninguno de los colectivos de la Asamblea se ha puesto en contacto con el Gobierno de Navarra para tratar el tema, que nosotros sí hemos propuesto. Por ello finalmente se ha procedido al desalojo, sin heridos y sin detenidos”.
Según Solana, las demandas del colectivo del 'Gaztetxe Maravillas' no han sido nunca competencia del Gobierno de Navarra. “La competencia es del Ayuntamiento de Pamplona, que ha hecho oídos sordos a las peticiones de los colectivos que sostienen el Gaztetxe Maravillas”. En esta línea, Solana ha recordado que el Ejecutivo se ofreció a mediar para buscar una solución a las demandas.
“No podemos aceptar que el alcalde de Pamplona [Joseba Asirón] el responsable primero de sentarse hablar con el Gaztetxe, pretenda ahora escudarse en la mediación cuando es él el interlocutor. El palacio es propiedad del Gobierno de Navarra, pero no es competente”, ha expuesto la portavoz.
Solana ha reiterado en este asunto “ha habido quien no ha hecho nada durante mucho tiempo, ha habido quien sigue sin hacer nada porque la respuesta llega tarde y mal, entre otras cosas, a través de una vía que habilito yo como portavoz para ponerme en contacto con las personas del Gaztetxe. El empeño sí lo ha puesto este Gobierno con una premisa, hacerlo antes que tarde”.
Alternativas
La versión de EH Bildu y del propio alcalde Joseba Asirón en bien distinta. El portavoz parlamentario Adolfo Araiz sostiene que el Gobierno tenía conocimiento de que había posibilidad real de iniciar un diálogo para buscar una solución que no pasara por la actuación policial. “Los organismos sociales y vecinales del Casco Viejo hicieron una llamada para poner en marcha una mediación que posibilitara el diálogo entre el Gobierno y los jóvenes del Gaztetxe”.
“A pesar de que al Gobierno se le transmitió la puesta en marcha de esta iniciativa y de un posible cauce para hacerla efectiva, ha optado por desalojar por la fuerza”, ha lamentado Araiz.
Según EH Bildu, “Uxue Barkos ha tomado una decisión de forma unilateral, cediendo a la presión de las fuerzas del régimen y, por el contrario, desdeñando la opinión y la petición de las fuerzas que apoyamos al Gobierno, que era claramente contraria al desalojo. Tampoco ha tenido en cuenta la petición de los organismos sociales y vecinales del Casco Viejo”.
A su juicio, “este tipo de situaciones pueden gestionarse de otra manera, sin renunciar al diálogo y al reconocimiento de los diferentes modelos de autogestión”. “Seguiremos trabajando para que en el futuro sea así”, ha concluido.
El desalojo
En cuanto a los pormenores de la operación policial, agentes de Policía Foral pertenecientes al Área de Seguridad Ciudadana y al Área de Investigación Criminal, en coordinación con efectivos de Policía Nacional, han realizado el desalojo del palacio Marqués de Rozalejo de Pamplona, en el que se han identificado a 22 personas, 4 de ellas menores.
El dispositivo, en el que han participado 60 policías forales, ha comenzado minutos antes de las 5 de la madrugada y se ha desarrollado durante cinco horas. En el interior del inmueble, se ha ido liberando a la veintena de personas que se habían encadenado a bidones de hormigón, balcones o incluso a una red colgada en altura en la fachada del edificio. Conforme quedaban liberados, eran identificados y se les permitía abandonar el lugar.
Se ha identificado a un total de 22 personas, de los que cuatro son menores de edad y han quedado a disposición de sus padres.
En el exterior, agentes de la División de Intervención (en coordinación con las unidades de Policía Nacional) se han ocupado de establecer un perímetro de seguridad para permitir el desalojo.
