Los conocidos como Papeles de Bárcenas se publicaron en prensa el 31 de enero de 2013. Muchas personas no salíamos de nuestro asombro por el hecho de que la Fiscalía no adoptase ninguna medida ante estos manuscritos, que recogían un gran número de presuntas donaciones ilegales (por su cuantía y por ser realizadas por empresas constructoras que estaban contratando con la Administración) así como supuestos pagos en negro a los principales dirigentes del PP, entre los años 1990 y 2008.
Esa inacción de la Fiscalía fue la que nos empujó a Izquierda Unida, a la Asociación Libre de Abogadas y Abogados y a Ecologistas en Acción, junto con otras organizaciones, a redactar una querella criminal que se presentó el 28 de febrero de 2013, hace ahora cinco años. Rápidamente fue admitida a trámite, el 11 de marzo.
A partir de ese momento empezó una larga carrera de obstáculos, algunos de los cuales repasaremos en este artículo. Esta incompleta lista de zancadillas y trabas no hace sino reforzar la importancia y necesidad de la acusación popular en un Estado que se pueda llamar de Derecho, y más si, como aparentemente es el caso, buena parte de los mecanismos del propio Estado tratan de dificultar el esclarecimiento de la verdad.
La querella recayó en el Juzgado Central de Instrucción número 3 de la Audiencia Nacional, a cargo del magistrado Gómez Bermúdez. Tras unas maniobras como mínimo irregulares, el caso quedó en manos de otro juez, Pablo Ruz, suplente del Juzgado 5. Resulta claro que a priori un juez con su plaza en propiedad resulta más difícil de presionar que otro interino.
Desde el PP amenazaron con querellarse contra los colectivos firmantes de la querella por injurias y calumnias, pero nunca lo hicieron. Solo Álvarez Cascos se querelló contra uno de los abogados de nuestro equipo jurídico, Enrique Santiago, pero su demanda no prosperó. Como contrapartida, hubo una fuerte reacción de apoyo a esta acción popular que se materializó con una campaña, Queréllate tú, que recogió más de 30.000 adhesiones en pocas semanas.
En las primeras fases de la instrucción llegaron a estar imputadas hasta 36 personas, incluyendo a los presidentes de las principales constructoras de este país: Juan Miguel Villar Mir, presidente de OHL, Luis del Rivero, de Sacyr, etc. Pero esta instrucción se cerró de forma muy apresurada por el traslado a su destino definitivo del juez instructor. En abril de 2015 Pablo Ruz concluyó que no se había acreditado la vinculación entre las donaciones ilegales y la adjudicación de grandes contratos de obra pública, y eso a pesar de que en muchos casos la “donación” se producía el mismo día en que la licitación a la empresa beneficiada se publicaba en el BOE. Tras la marcha de Ruz solo quedaron media docena de imputados: los extesoreros y tres empleados de la empresa de arquitectura que había reformado, cobrando presuntamente en B, la sede del PP.
También resulta poco entendible que en enero de 2015 la Sección Cuarta de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional acordara el fin de la prisión provisional de Luis Bárcenas. Paradójicamente, los magistrados señalaban que Bárcenas no había colaborado con la instrucción de la causa, habiendo mostrado “opacidad” en la “cadena de declaraciones vagas y confusas que ha prestado en el devenir procesal”. Y se sabe que acumuló hasta 48 millones de euros en sus cuentas suizas. “Hacemos lo que podemos” decía el famoso mensaje del presidente del Gobierno al extesorero.
Todo esto se producía tras un ímprobo trabajo de la acusación popular, que ha promovido o participado en más de 200 diligencias, como las declaraciones del propio extesorero, Luis Bárcenas, en verano de 2013, o las de la plana mayor del Gobierno (Arenas, Zaplana, Cospedal), unas diligencias de prueba cuyo resultado habría hecho dimitir a todo el Gobierno en cualquier país decente. La acusación popular también ha debido lidiar, por paradójico que suene, con una Fiscalía que más bien actuaba como la defensa de los imputados; con más que sospechosos relevos en la UDEF, la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal de la Policía, cuya jefatura ha cambiado nada menos que en tres ocasiones durante estos cinco años; o teniendo que neutralizar todo tipo de maniobras, en especial la de colocar en la causa a jueces próximos al PP, como el caso de los magistrados López, Espejel y González, todos ellos recusados.
Por suerte, las conexiones de los Papeles de Bárcenas con otras causas abiertas como Gürtel, Lezo o Púnica, cuyas revelaciones nos escandalizan día a día, han permitido reabrir el caso y volver a investigar a constructores y políticos ante las nuevas evidencias de sus presuntas conductas delictivas.
Conviene recordar aquí que, siendo gravísimo e inaceptable, el principal problema para el interés público no estaba tanto en las comisiones del 3% o similar que se pudieran pagar de forma ilícita, sino en el 97% restante: esta dinámica de conseguir comisiones condicionó claramente el despilfarro en grandes obras de infraestructura de transporte, muchas veces inútiles o no ajustadas a las necesidades de la sociedad. Ahí están, sin necesidad de buscar ejemplos más lejanos, las 9 autopistas de peaje, todas ellas diseñadas y licitadas cuando Álvarez Cascos era ministro de Fomento, y que ahora vamos a rescatar con fondos públicos asumiendo una factura milmillonaria. Otro ejemplo: la deuda del “grupo Fomento” –esto es, el ministerio y las empresas públicas como Adif o Aena– por haber construido por encima de nuestras posibilidades, es de alrededor de los 40.000 millones de euros, mientras que los recortes en educación y sanidad se cuantifican en 8.000 y 12.000 millones, respectivamente.
A partir del procedimiento principal de la Querella Bárcenas han ido desgajándose otros procesos judiciales. Uno de los más sonados ha sido el de la destrucción de los ordenadores de Bárcenas, donde se ha conseguido algo tan trascendente como la imputación del propio Partido Popular, y que tuvo que bregar con otro suceso más que peculiar: la desaparición de todo el expediente en un traslado entre juzgados. Otro caso que se ha desprendido de la causa principal es el de la presunta financiación ilegal de la campaña de Cospedal en Toledo ligado a un contrato de recogida de basuras que tuvo un sobrecoste de 11 millones de euros, en el que está implicada una filial de Sacyr.
¿Qué habría pasado con todo este escandaloso asunto de no estar la acusación popular, de no existir esta figura que aúna las voces de la ciudadanía de a pie, y que a través del trabajo durante estos cinco años de sus abogados y abogadas ha permitido que luchemos para que esta grave corrupción no quede impune? El PP ha intentado varias veces suprimir la acción popular o al menos limitarla. Por nuestra parte pelearemos para que eso no ocurra, y entre tanto seguiremos trabajando para que los corruptos que nos han estafado sean condenados. En ello estamos.