Bajadas de impuestos y legado de Manuela Carmena
Una de las promesas electorales y eslóganes más repetidos por los candidatos al Ayuntamiento de Madrid de los partidos de la derecha y la ultraderecha madrileña fue, sin duda, la bajada de impuestos. Bajada del IBI al mínimo legal, bonificaciones al IBI para empresas, ampliación de la bonificación del 50% del IBI por la instalación de paneles solares, reducción del ICIO y del IAE, bonificaciones al impuesto de sucesiones municipal, etc.
A menos de 100 días de la llegada del Partido Popular y Ciudadanos al Ayuntamiento de Madrid, gracias a los votos de Vox, parece que las tan soñadas bajadas de impuestos se van desdibujando del imaginario de la derecha. Algo previsible. Por mucho que desde el gobierno del PP insistan en culpar al legado de Carmena del incumplimiento de sus promesas electorales, lo cierto es que, bajo la actual regla de gasto, las bajadas de impuestos no tienen cabida en el presupuesto municipal sin una bajada equivalente del gasto. El Ayuntamiento tiene poca deuda y mucho superávit, ese no es el problema.
La rigurosidad, eficiencia y responsabilidad con la que el anterior gobierno de la ciudad gestionó las cuentas municipales es indiscutible. Más allá de dejar el Ayuntamiento de Madrid con un superávit superior a 1.000 millones de euros, el anterior gobierno consiguió reducir los niveles de deuda pública un 54% desde 2014, más de 3.000 millones de euros. En esos mismos cuatro años, la Comunidad de Madrid (cuyo presupuesto era gestionado por la hoy Delegada de Hacienda del actual gobierno municipal) aumentó un 31% sus niveles de endeudamiento, la deuda se ha multiplicado por tres en diez años mientras el PIB ha crecido en torno al 10%. Si en la ciudad de Madrid, cada madrileña y madrileño pasamos de pagar una media de 1.875 euros de deuda en 2014 a pagar 857 en 2018, en la Comunidad este importe aumentó de 3.980 a 5.010 euros. En 2014, la deuda representaba el 163% del gasto no financiero del Ayuntamiento (149% en el caso de la Comunidad de Madrid). Con datos del primer trimestre de 2019, la deuda ahora representa el 51% del total del presupuesto no financiero del Ayuntamiento, la mitad que en 2014, mientras que en la Comunidad supera ya el 175%.
A esta eficiente gestión financiera, cabe añadir una ejecución de inversiones que en 2018 alcanzó los 644 millones de euros, un 141% superior a la de 2014 (267 millones). El peso de las inversiones reales en el presupuesto no financiero del Ayuntamiento de Madrid en 2018 ascendió al 9% frente a tan sólo el 2% de la Comunidad de Madrid. Y a esto se suma una ejecución del gasto social municipal un 58% superior a la de 2014, alcanzando los 681 millones de euros, un máximo histórico en el Ayuntamiento de Madrid.
Y todo este esfuerzo, el anterior equipo de gobierno del Ayuntamiento de Madrid lo realizó con una ínfima subida en términos nominales de la recaudación tributaria total (apenas un 0,09% más) y una bajada en términos reales (descontando el IPC). La Comunidad de Madrid tuvo unos ingresos tributarios de 16.437 millones de euros en 2014 y ha presupuestado 23.115 millones para 2019, lo que supone un incremento del 41%. Los datos hablan por sí solos.
Como colofón a estos últimos cuatro años de gestión, en 2018, el anterior equipo de gobierno consiguió que el Ayuntamiento de Madrid saliera de la férrea intervención del Ministerio de Hacienda a través de un Plan Económico y Financiero, lo que dota al actual ejecutivo de una mayor flexibilidad para gestionar las cuentas municipales. La Comunidad, mientras tanto, sigue inmersa en un plan económico financiero y enfrascada en una estéril polémica con el Gobierno central.
Por todo ello, cabe pedir a los actuales responsables de la gestión de las cuentas públicas del Ayuntamiento de Madrid que dejen de escudarse en el legado económico de Manuela Carmena para justificar el incumplimiento de sus promesas electorales. Primero, porque dicho legado es difícilmente mejorable (y si no, comparen con los datos de la Comunidad de Madrid); segundo, porque cuando prometían esas rebajas fiscales ya conocían las limitaciones que impone la actual Ley de Estabilidad y Sostenibilidad Financiera aprobada aplicada por un gobierno del PP; y tercero, porque todavía les quedan casi cuatro meses de gestión antes de que finalice el ejercicio. Por favor, gobiernen. Y si es posible, háganlo con la misma rigurosidad, compromiso y responsabilidad con la que intentó hacerlo el anterior equipo de gobierno.
