¿España Puede? Los fondos europeos de recuperación y resiliencia arrojan más sombras que luces

Este miércoles 14 de abril, el Gobierno de Pedro Sánchez presentará su Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia “España Puede” al Congreso de los Diputados antes de enviarlo a Bruselas. Es el plan definitivo del borrador que Sánchez había enviado el pasado octubre 2020 a la Comisión Europea para asegurase de los 140.000 millones de euros en subvenciones y préstamos proveniente del paquete de ayudas europeas Next Generation EU (NGEU). Si el plan se aprueba en Bruselas,72.000 millones de euros se trasferirán como subvenciones en los próximos tres años a España. 

Es una considerable inyección de dinero destinada, según el relato oficial, para la recuperación económica y la transición digital, energética y ambiental de la economía europea. Más allá de este discurso, amplificado por los grandes medios de comunicación, ¿qué son?, ¿tienen riesgos económicos, sociales y ambientales? y si los tienen, ¿hay propuestas para frenarlos? Estas preguntas se intentan responder en la guía NextGenerationEU: más sombras que luces, elaborada por varias entidades y colectivos sociales. Si se desgrana de dónde salen los fondos, las condiciones europeas para disponer de los millones de NGEU, quién está decidiendo su destino y el tipo de proyectos que se están presentando, empiezan a verse sus riesgos.

Los fondos europeos generarán deuda pública, recortes y austeridad. Los fondos, tanto las subvenciones como los préstamos, se conseguirán a través de la emisión de deuda por parte de la Unión Europea. De forma que, aunque las empresas reciban dinero a fondo perdido, todo el presupuesto tiene que devolverse a los mercados financieros por los Estados en los próximos cinco a 30 años. Difícilmente se conseguirá impulsar un período de fuerte crecimiento económico en la actualidad, al menos el suficiente como para devolver la deuda sin recortar inversión pública y sin aumentar el deterioro ambiental. Así que la fórmula de pago volverá a ser la misma que se aplicó tras el crash global de 2008: plan de ajuste estructural y reformas laborales y de las pensiones. De hecho, una de las condiciones europeas para recibir los fondos europeos es reducir el gasto público en el sistema de pensiones. 

El dinero se está repartiendo entre las grandes empresas, sin valorar la necesidad de reforzar lo público ni asegurar que también reciben ayudas actores pequeños como las PYMES, autónomos, economía social y solidaria, que son los que más empleo generan y mayor potencial transformador tienen. Los proyectos hasta ahora presentados al gobierno para aspirar a los fondos del Plan “España Puede”, son infraestructuras y reformas de grandes dimensiones, donde empresas como Endesa, Iberdrola, Repsol o El Corte Inglés se llevarán miles de millones de dinero público. Solamente los proyectos presentados por Endesa e Iberdrola ya suponen uno de cada dos euros de las subvenciones totales de Europa para el conjunto del Estado.

Hay riesgo de que supongan un lavado de cara verde para multinacionales y no apuntan a las lecciones de la pandemia. En concreto, el tipo de proyectos presentados por las compañías y por las comunidades autónomas se orientan a las infraestructuras, el hidrógeno, la digitalización de redes eléctricas y empresas, los parques eólicos y fotovoltaicos, el AVE, la extensión del 5G, la digitalización de empresas, las gigafactorías de baterías y la movilidad inteligente. Muchos de ellos son presentados como necesarios para la transición energética, como es el caso del hidrógeno verde. En cambio, este tipo de proyectos siempre aparecen acompañados de grandes empresas petroleras y gasistas con una trayectoria bien poco verde. Por ejemplo, entre los promotores del proyecto Hydrogen Valley of Catalonia está la empresa de acero Celsa junto con la minera israelí ICL, la transnacional del agua Suez y la gasista Naturgy. Un lavado verde para rescatar industrias contaminantes y mantener el control centralizado de la energía.

Por otra parte, en ningún caso se tiene en cuenta que estamos traspasando los límites biofísicos del planeta. No sólo se está acelerando la emergencia ecológica sino que también se están agotando los recursos materiales y energéticos que sostienen el capitalismo global. En vez de adecuar las propuestas a esta realidad, se apuesta por grandes proyectos que requieren ingentes cantidades de materiales y energía. Para conseguirlos se ampliará la frontera extractiva con los fuertes impactos ambientales y humanos que supone.

Además, la pandemia ha subrayado, más aún si cabe, la importancia de la inversión en servicios públicos de calidad, como la salud, los trabajos de cuidados y las actividades socialmente necesarias. Todas ellas han resultado vitales para la sociedad durante los meses del confinamiento. Estos sectores clave, necesarios para afrontar las crisis del futuro, como la emergencia climática, no toman un rol central en los planes de recuperación económica.

El proceso se desarrolla con opacidad y sin participación ciudadana. Hasta la fecha, la elaboración del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia “España Puede” se ha caracterizado por la falta de transparencia, acceso a la información, control público y buen gobierno. Tampoco se han generado los procesos y espacios para una participación real de la sociedad civil, entendida en un sentido más amplio al tradicional binomio patronales-sindicatos. El gobierno de España no está teniendo un diálogo democrático con todos los actores, incluyendo las comunidades autónomas, los municipios, los actores pequeños como las personas autónomas, la economía social, solidaria o feminista y la sociedad civil.

Ahora bien, sí lo está teniendo con las grandes empresas y patronales. La CEOE ha creado una oficina técnica junto con la consultora PwC para recopilar proyectos de las grandes empresas y presentarlos directamente al gobierno. Se trata de un lobby en toda regla, que ofrece como un servicio la presentación de proyectos de sus clientes a los destinatarios adecuados en los ministerios a través de ventanillas informales, saltándose con la excusa de la urgencia cualquier principio de mínima transparencia o concurrencia competitiva. 

Ocho propuestas para una transformación ecosocial justa

Las diferentes entidades y activistas que hemos participado en la guía NextGenerationEU: más sombras que luces señalamos no solo los riesgos de los fondos europeos, sino también presentamos al Gobierno ocho propuestas viables y perfectamente realizables para iniciar e impulsar los procesos necesarios que hagan posible una transición ecosocial justa. 

1. Promover la desprivatización y desmercantilización de los servicios básicos y sectores estratégicos. El objetivo es incrementar el control público y social sobre ámbitos como son la salud, la educación, la vivienda, la energía o el agua que son claves para la vida digna de las mayorías sociales.

2. Apoyar un salto de escala de proyectos y empresas de la economía social y solidaria con convocatorias especiales y la priorización de los fondos para este modelo de economía y empresa. Como también para otras pymes que proporcionen trabajos socialmente necesarios y persigan metas concretas para revertir las asimetrías sociales, de género, etnia y diversidad funcional.

3. Fortalecer los modelos públicos y público-comunitarios frente a las alianzas público-privadas que representan una privatización encubierta. El propio Tribunal Europeo de Cuentas ha cuestionado la eficacia y rentabilidad de estas alianzas. Se necesita fortalecer los modelos públicos para unos servicios que puedan colectivizar la responsabilidad de los cuidados.

4. Establecer criterios vinculantes relacionados con objetivos climáticos, ecológicos y sociales. Con metas e indicadores que permitan la rendición de cuentas sobre la reducción de los gases de efecto invernadero, la destrucción de biodiversidad, la desigualdad, la precarización laboral.

5. Incorporar criterios para la exclusión de proyectos y empresas de los fondos NGEU u otro tipo de ayuda pública que contribuyan a la crisis socioecológica que vivimos. Las del sector fósil y nuclear, las de la aviación, automoción, macrogranjas, las que hayan sido denunciadas o estén directamente vinculadas en la violación de los derechos humanos, por ejemplo las militares y las del sector armamentístico. También aquellas con filiales en paraísos fiscales y que estén implicadas en casos de corrupción o delitos económicos graves.

6. Frenar la hiperdigitalización que se plantea como vía para incrementar la competitividad y el crecimiento económico. Todo apunta a que esta digitalización no va a conseguir la añorada fase de expansión económica y sí tendrá como consecuencia, una mayor concentración y centralización del poder en los gigantes tecnológicos, una mayor precarización laboral, un mayor control social y una intensificación del extractivismo minero para conseguir los materiales que necesita para su desarrollo.

7. Garantizar que la transparencia y el acceso a la información rige la publicidad, la concesión, la gestión y la justificación de los fondos NGEU. También es fundamental abrir procesos participativos y fortalecer la supervisión, fiscalización y rendición de cuentas de la gestión de un presupuesto de estas dimensiones.

8. Reducir el riesgo que supone el fuerte crecimiento de la deuda a través de la eliminación de las condicionalidades, como la reforma laboral o de las pensiones, la realización de auditorías ciudadanas de la deuda pública y el no pago de la deuda ilegítima. Como también de la búsqueda de financiación a través de una fiscalidad progresiva que recaiga sobre las grandes empresas y patrimonios.