La gran evasión
Ciento dos metros tenía el túnel con el que logró escapar el preso Paul Royle de un campo de concentración nazi que todos conocimos gracias a la recreación de 'La Gran Evasión'. Todavía sentimos inquietud al volver a ver a ese grupo de presos sacar puñado a puñado de tierra de su túnel excavado con las manos y distraerlo entre la tierra de un huerto en el patio, a la vista de los nazis. Más fácil lo tuvo Baltasar Santos que durante diez años y a la vista de todos sacó tres kilómetros del subsuelo de Navalcarnero con unas galerías más propias de tiempos de los romanos.
La Ley de Patrimonio Histórico de la Comunidad de Madrid dice tiene por objeto la protección, conservación, investigación, difusión y enriquecimiento del patrimonio histórico ubicado en el territorio de la Comunidad de Madrid.
Sin embargo, el Gobierno del PP da la impresión de ejercer de cómplice necesario para la destrucción de patrimonio con el dinero de todos. Cuando algunos responsables políticos del PP amenazan con la huida de la inversión hay que preguntarles qué ha pasado con muchas de esas inversiones que han dejado una deuda inasumible para los municipios a cambio de despilfarros inconcebibles en obras innecesarias cuyo uso público está por ver.
Hay que preguntar a los responsables del Gobierno por qué la Comunidad consiente, promueve, o calla sobre obras a bajo precio, proyectos de metros cuadrados que no están en convenio o incluso facilita la desprotección de zonas protegidas. Y desaparece cuando se trata de asumir su responsabilidad en la seguridad de los ciudadanos.
Es el caso de Navalcarnero, donde un alcalde del PP, que gobernó veinte años este municipio, inició una obra sin ningún tipo de permiso ni licencia. Y durante diez años, la Comunidad, que tiene el deber por Ley de “paralizar” cualquier clase de obra o intervención que afecte a un bien del patrimonio histórico de la Comunidad de Madrid, no lo hizo. No se ordenó la paralización en quince días como dice la ley, ni en un mes, ni en un año sino siete años después de excavar dos kilómetros y medio, en un Bien de Interés Cultural, declarado por la Comunidad de Madrid. Y la obra la paralizó un juez en 2011 por denuncias del grupo municipal socialista. Pero el alcalde de la sinrazón dio orden de continuar con la excavación y continuó.
La sinrazón que afectaba a este alcalde se dilucidará en algún momento porque no lo juzgará solo Obelix, quien se limitaría a un “estos romanos deben de estar locos”. Pero, entretanto, las consecuencias de su proyecto también son claras: derrumbamientos ante los que nadie asegura ni la ciudad subterránea ni la ciudad que se asiente sobre las galerías. La Plaza de Segovia, la que todos conocemos como la Plaza de Navalcarnero, está sobre las galerías, sobre las catacumbas. Y en el subsuelo, se ve en estos días el agua resbalando por lo que se supone son unos pilares. Y algunas grietas.
Es responsabilidad de Patrimonio, de Cristina Cifuentes, portavoz de Cultura en los años 90 en la Asamblea, que ha participado en el Consejo Regional de Patrimonio Histórico y en la Comisión Permanente del Consejo Regional de Patrimonio Histórico de la Comunidad de Madrid, responder a los requerimientos de todos los vecinos que representa el gobierno municipal actual. Queremos saber si Navalcarnero puede estar tranquilo sobre un túnel cuya evasión no está garantizada a quien lo inspiró ni debería estarlo a quienes lo consintieron durante diez años. 'La Gran Evasión', como se ve estos días en Valencia, no dura para siempre.
