La lucha contra la desigualdad, prioridad del nuevo Gobierno

Este Primero de Mayo se celebra bajo los efectos de la resaca de los resultados electorales del 28 de abril, y los pronunciamientos al respecto. De todos esos pronunciamientos cabe poner en valor el más importante: el de la ciudadanía española. El rechazo explícito a la radicalización extrema de las derechas y el fortalecimiento de las propuestas políticas progresistas.

La crisis económica y las políticas de austeridad prescritas como recetas para recomponer los márgenes empresariales, han provocado un incremento de la desigualdad en España. Desigualdad vinculada a una precarización de buena parte del empleo creado. Hoy solo el 46% de la población activa trabaja por cuenta ajena, con jornada completa y con contrato indefinido. La tasa de paro es la segunda más alta de la UE, la de temporalidad la primera y la rotación en la contratación (la temporal, pero ojo, también la indefinida) se ha disparado.

La precariedad laboral es hoy componente esencial de la incertidumbre vital que sufren millones de españolas y españoles, y que probablemente se ha convertido en una categoría política, aún no bien estudiada. Los sistemas de protección social, particularmente las prestaciones de desempleo, han dado una respuesta insuficiente a nuevas tipologías de paro de larga duración. El desarrollo muy parcial de las políticas de atención a la dependencia agrava los sesgos de género y de brecha salarial. El gran estabilizador social que es el sistema de pensiones se está viendo sometido a un temerario cuestionamiento sobre su viabilidad futura.

La estrategia de polarización de la derecha tiene que ver con el intento de dar cobijo referencial reaccionario a esa ciudadanía y a una parte muy importante de la clase trabajadora, atomizada, individualizada y sin excesivos referentes colectivos racionales. Han fracasado esta vez, quizás por el clasismo latente de nuestro particular tripartito, pero no está escrito que la operación vaya a ser siempre errática.

Por eso España necesita recomponer los nexos de un contrato social. La mayoría progresista puede impulsar políticas de izquierda para revertir los efectos de las reformas pensadas para la devaluación interna del país. Hablamos de reforma laboral, de pensiones, o medidas fiscales para reducir nuestra brecha fiscal con Europa. El nivel de corresponsabilidad fiscal respecto a la UE es castrador para las políticas sociales y de desarrollo económico (8 puntos menos de recaudación en porcentaje de PIB).

Pero también hablamos de políticas estratégicas sobre como afrontar los retos (algunos disruptivos) que tenemos, vinculados a la globalización económica y nuestro papel subalterno en la distribución de las cadenas de valor internacionales; el gobierno de las transiciones de empleo, ecológicas o productivas, con un impacto potencial sobre el empleo enorme y un riesgo de desarraigo de territorios; la adecuación de nuestros servicios públicos y políticas de empleo, en esa visión transicional, donde el trabajador no puede verse como un náufrago en un mar mutante sino arropado en un proceso de orientación permanente.

Hay debates estratégicos de país sobre las políticas industriales, formativas, energéticas… que trascienden de una legislatura y de un acuerdo de Gobierno y que deben abordarse sin sectarismos, desde parámetros progresistas construidos sobre lealtades mutuas y responsabilidades públicas. Construcción de hegemonía, en definitiva.

Desde CCOO este Primero de Mayo instamos a las fuerzas políticas progresistas a asumir la profundidad del reto. Desde la corresponsabilidad, porque no demandamos “desde fuera”. El diálogo y la concertación social debieran ser determinantes para esta tarea, y la CEOE también debe comprometerse a ello.