Para los pocos, contra los muchos

El presidente de la Junta de Andalucía ha proclamado su intención de suprimir de facto el Impuesto de Patrimonio (IP) en su comunidad -algo que no había formado parte de su campaña-; probablemente lo hará, dada la mayoría absoluta de que dispone. Este impuesto, según los datos del año 2020, cuenta con 19.000 sujetos pasivos en dicha comunidad (algo menos del 0,5% del total de declarantes en el IRPF), con un patrimonio medio de 2,7 millones de euros, y una cuota de 5.561 euros por contribuyente.

¿Por qué hacerlo? ¿Hay razones de eficiencia y equidad para actuar de una forma tan drástica sobre la estructura tributaria? No lo parece. España ha visto agravada la desigualdad en la renta en las últimas décadas, en una tendencia compartida con buena parte de las sociedades occidentales; los coeficientes de desigualdad son aún mayores si en vez de la renta analizamos la riqueza (para 2017, en España, el índice de Gini es 0,341 y 0,599 respectivamente). La riqueza está muy concentrada en los estratos de población de más edad. Su gravamen redistribuye también entre generaciones. Así, el IP tiene un impacto recaudatorio limitado pero favorece la progresividad del sistema tributario, con un efecto redistributivo leve pero positivo: reduce la desigualdad.

Además, siguiendo los argumentos de la Comisión de Personas Expertas (2022), la imposición de la riqueza acumulada sin importar su rendimiento efectivo alienta el uso eficiente de los bienes y favorece por tanto el crecimiento económico. Y funciona como un instrumento de control tributario, para la comprobación de la renta de los contribuyentes de más capacidad económica.

De ser así, ¿por qué esa decisión? La primera razón sería de oportunidad política: Moreno Bonilla habría interpretado su mayoría absoluta como un mandato para poner en marcha su programa máximo en materia fiscal, que consistiría en reducir la imposición sobre unos pocos para debilitar los servicios públicos de muchos. Digamos incidentalmente que su líder y valedor, Núñez Feijóo, ha reducido sustancialmente los tipos en el Impuesto de Patrimonio en Galicia como un último acto antes de abandonar la Xunta: una rebaja en la cuota de alrededor de 3.000 euros de media para los algo más de 7.000 contribuyentes (con una media en renta de 231 mil euros).

Pero, ¿era esto lo que pedían los electores andaluces? Con los casi 100 millones de euros de recaudación anual se pueden contratar aproximadamente 2.500 profesionales sanitarios, que buena falta hacen en el Servicio Andaluz de Salud, por ejemplo. Parece incluso insensato con lo que está cayendo renunciar a recursos que podrían destinarse a aliviar las dificultades derivadas de la inflación en las capas sociales más frágiles. No, no estoy seguro siquiera de que ésta fuese una demanda del núcleo más militante de los votantes conservadores.

La segunda razón sería de competencia fiscal. Dado que Madrid bonifica el 100% del Impuesto de Patrimonio y con ello ha conseguido atraer a su territorio un cierto número de contribuyentes de alta riqueza, Andalucía estaría tentada a seguir esa senda. Es una estrategia arriesgada y que creemos que no funcionará con igual fuerza. En primer lugar, porque la extensión mata la intensidad (si todos siguen la pauta nadie gana en movilidad de grandes fortunas y todos pierden la recaudación); y, en segundo lugar, porque algunos factores que favorecen a Madrid son irrepetibles (su dimensión económica y urbana, ser el iniciador de esta senda o contar con la sede del Gobierno central, entre otras). Indiquemos además que esta renuncia a una base tributaria cedida dificulta una sólida posición en la enconada disputa sobre los fondos destinados a las comunidades autónomas.

Pero, de ser la causa básica de este movimiento la competencia entre territorios para atraer contribuyentes de alta renta, su materialización nos está señalando los costes de dilatar en el tiempo la reforma tributaria (con una modernización sustancial de la imposición sobre la riqueza) y la reforma de la financiación autonómica (que debería incluir algún tipo de armonización de los tributos cedidos sobre la riqueza). Aunque la pandemia y la guerra de Putin han desbaratado las condiciones para hacerlo, siguen siendo reformas imprescindibles y la recuperación de la normalidad nos llevará a afrontarlas con prontitud para mejorar el equilibrio social y territorial de España.