Proteger la biodiversidad en alta mar: un nuevo hito de Naciones Unidas

Este 20 de septiembre se abre a la firma en Nueva York el Tratado para la Protección de la Biodiversidad en Alta Mar. Por fin, tras dos décadas de trabajo técnico y negociación, nos dotamos de los acuerdos para proteger la biodiversidad marina en aguas internacionales.

España firmará en nombre propio y del Consejo de la Unión Europea. Es una excelente noticia que todavía necesitará desarrollos y actuaciones concretas importantes.

Estamos a la vanguardia con los países que promueven la protección de los océanos y la conservación y restauración de los ecosistemas marinos.

Así debe ser como país que somos vinculado al mar, cultural y económicamente; como país responsable y consciente del papel fundamental que el océano desempeña en el sistema climático, la salud global del planeta y el bienestar humano. 

España trabaja para asegurar la correcta gestión de nuestros mares y garantizar una especial protección de, al menos 30% de las aguas marinas antes de 2030 (con un hito intermedio de protección del 25% para 2025), en línea con lo acordado en la Conferencia sobre Diversidad Biológica celebrada en Montreal en diciembre de 2022. 

Más allá de nuestras aguas jurisdiccionales, hemos impulsado durante años la cooperación internacional en este ámbito, convencidos de la importancia de lograr un acuerdo para proteger la biodiversidad en alta mar.

El Tratado que este miércoles se abre a la firma regula las actividades humanas en alta mar, promueve la designación de áreas marinas protegidas y establece mecanismos para compartir equitativamente los beneficios derivados de la explotación de los recursos genéticos marinos. Se trata de un desarrollo ambicioso de todos los aspectos medioambientales previstos en el Convenio de Naciones Unidas sobre Derecho del Mar (UNCLOS).

Tras un proceso largo y difícil, el texto se aprobó formalmente en junio de 2023. Para su entrada en vigor requiere la ratificación por parte de 60 países, desde la apertura a la firma este 20 de septiembre, en la Sede de las Naciones Unidas.

Se trata de un nuevo marco normativo que respalda el enfoque ecosistémico e integrado del océano y los principios esenciales que permiten preservar su delicado equilibrio.

Una actualización de principios e instrumentos conocidos en derecho ambiental como la seria obligación de que quien genera la contaminación se responsabilice financieramente de la recuperación del espacio dañado; la necesidad de una distribución justa y equitativa de los beneficios derivados del aprovechamiento de los ecosistemas marinos; la aplicación de instrumentos de precaución ante las actuaciones potencialmente dañinas para la sociedad o el medio ambiente o el desarrollo activo de políticas de protección del patrimonio común de la humanidad.

Quizás lo más importante es el énfasis en el papel crucial que desempeña la investigación científica marina dando prioridad a la adopción de decisiones basadas en el mejor conocimiento e información científica disponibles los conocimientos tradicionales pertinentes de pueblos indígenas y comunidades locales.

Lo que también explica uno de los aspectos emblemáticos del nuevo régimen consistente en la obligación de evitar la transferencia de daños o peligros de unas zonas marinas a otras y la transformación de un tipo de contaminación en otro como consecuencia de la acción del hombre.

Pero en un mundo afectado por el cambio climático y la pérdida de biodiversidad, lo más sensible y complejo se resume en el reconocimiento de las circunstancias especiales y las necesidades de los pequeños Estados insulares en desarrollo, los países menos adelantados, y los países en desarrollo sin litoral.

Con la adhesión, España cierra filas con el impulso de la salud integral de los océanos y por conservar y restaurar los ecosistemas marinos. Apostamos por lo que importa hoy, pero también por lo que mañana será imprescindible para hacer viable el equilibrio ambiental, social y económico del planeta.