Reivindicación de la nueva ley de memoria democrática

Estamos ante un proyecto de ley que intenta cubrir las carencias de la denominada popularmente ley de memoria histórica: la nulidad de los juicios de los tribunales franquistas, ya que entonces solo pudimos llegar a la nulidad de las sentencias, la responsabilidad pública de las exhumaciones que se quedó en mero apoyo presupuestario, junto a la resignificación del Valle de los Caídos y la ilegalización de las organizaciones de apología del franquismo como la fundación Francisco Franco, entre otras.

Tengo que recordar, cómo diputado y portavoz entonces, en primer lugar, que estas medidas y algunas más formaron parte ya entonces de los debates y las enmiendas de los grupos parlamentarios y en particular del de Izquierda Unida e Iniciativa per Cataluña en la tramitación parlamentaria de la llamada coloquialmente ley de memoria histórica, pero cuyo encabezamiento fue también un dechado de eufemismos, que junto a las flaquezas del texto, se debieron al intento inútil del gobierno de evitar una confrontación que estaba servida por parte de la derecha, pero no solo por parte de la derecha.

También entonces, una parte de la izquierda cuestionó las tímidas medidas e incluso la necesidad de la propia ley, defendiendo desde las tribunas y los principales editoriales que la reparación fundamental ya había tenido lugar y que los flecos se podían arreglar fácilmente con otros instrumentos normativos menos contundentes, como los decretos y las órdenes ministeriales, mientras otra parte de la izquierda que finalmente se desmarcó del apoyo a la ley de memoria, lo hizo en base a una posición de principios, poco menos que irreductibles, por ejemplo con respecto a la derogación de la ley de amnistía, cuando sabían que era contraproducente, en lugar de mantenerse e influir en mejorarla.

De todas formas, se trataba de la primera ley de memoria y reparación de las víctimas de la dictadura, cuando una parte de ellas todavía estaban con vida, y pensamos que se merecían el reconocimiento y la reparación, aunque fuera parcial y con evidentes insuficiencias, y que con su experiencia política entenderían que era un primer paso importante, al que seguirían legislaciones de CCAA y acciones de las administraciones locales, como así ha sido, y que junto a la presión del movimiento memorialista y de las organizaciones internacionales de derechos humanos, facilitaría el camino a avances posteriores, como es esta nueva ley. Por eso me extraña que haya periodistas que reprochen la tardanza de esta nueva ley olvidando el calvario de la anterior y por eso mismo quiero expresar hoy mi apoyo a la ley de memoria democrática.

Se presenta este nuevo proyecto en un contexto aún más polarizado si cabe, en un clima populista y sobre todo después de la súbita irrupcion de la extrema derecha en España con una representación parlamentaria sin precedentes desde la dictadura, que ha pasado de condicionar agendas y gobiernos autonómicos a impulsar la radicalización del conjunto de las derechas y muy en particular del partido popular. Lo ha hecho a lo largo de la pandemia y lo hace en cada uno de los debates políticos.

No hay más que ver lo ocurrido recientemente con motivo de la celebración del tercer aniversario de la elección de Pablo Casado al frente del Partido Popular, en que uno de sus invitados, a la sazón exministro en la transición y promotor de Vox, llegó a negar el propio golpe de estado franquista y acusó del desencadenamiento de la guerra civil a la Segunda República, recuperando con ello la propaganda de la dictadura franquista. Tampoco se trata de una mera coincidencia, la frase equidistante del portavoz popular en el reciente debate en el pleno del Congreso de los diputados sobre los indultos a los condenados por el Procés, en que asimilaba la legitimidad de la República a la de los golpistas con el aserto de que “la Guerra Civil fue un enfrentamiento entre quienes querían la democracia sin ley y quienes querían la ley sin democracia.”

El partido popular no solo no ha rectificado el mencionado falso relato franquista, sino que se ha remitido a la proposición no de ley de condena de la dictadura de los años noventa como muestra de sus convicciones democráticas, y al tiempo ha anunciado que en caso de que finalmente se produzca la aprobación de la nueva ley de memoria democrática, en el momento que lleguen al gobierno la derogarán sustituyéndola por una ley de concordia. Un ejercicio más de cinismo político de la derecha española con respecto tanto a la memoria como a la concordia.

Lo cierto es que desde la aprobación de la ley de memoria histórica, el partido popular, en vez de aprovechar la oportunidad para un relato compartido de los demócratas sobre la guerra civil y la dictadura que diera continuidad al pacto de la Transición, se ha dedicado a menospreciar la memoria de las víctimas, descalificándola como una obsesión de la izquierda por recrearse en el pasado y por reabrir heridas y por otra parte a enfrentar la reconciliación de la Transición democrática con el periodo agitado de la Segunda República, volviendo a la estigmatización del periodo republicano del franquismo, olvidando que sus defensores y luego luchadores antifranquistas fueron también los que más generosa y decididamente apostaron por la reconciliación y la democracia.

No contentos con avivar la llama del guerracivilismo del que acusan a los defensores de la memoria, el partido popular ha aprovechado todos sus resortes institucionales para boicotear la aplicación de la ley, por parte de las administraciones locales y autonómicas primero, obstaculizando la retirada de símbolos de enaltecimiento de la dictadura y el cambio de denominación de las calles, luego desde las instituciones donde tenía representación, y finalmente desde el gobierno central y la judicatura, paralizando de hecho cualquier apoyo político y presupuestario a las exhumaciones y alentando la causa contra el juez Garzón para cerrar el paso a la memoria, la justicia, al resarcimiento de las víctimas del franquismo y al espíritu de la no repetición promovidas por las Naciones Unidas.

Ya, con los acuerdos de gobierno en las CCAA, el PP ha dado cabida a una actitud de rebeldía frente a la ley existente como el mantenimiento del los residuos del callejero de la dictadura, la retirada de placas de recuerdo a las víctimas, junto a la humillación a la memoria de las Trece Rosas y el más descarado sectarismo frente a cargos institucionales de la República como Largo Caballero en el Ayuntamiento de Madrid o los obstáculos de todo tipo al traslado de los restos del dictador del mausoleo del Valle de los Caídos, sin un solo gesto hacia los que lo construyeron con trabajo esclavo ni a los familiares que sufrieron la exhumación y el traslado forzosos de sus seres queridos de toda España hasta Cuelgamuros. Todos ellos ejemplos lacerantes de cómo entiende la concordia la derecha española.

Lo más preocupante junto al desprecio por la memoria de las víctimas y a raíz de la confirmación del nuevo gobierno de coalición progresista, es que la derecha española se haya sumado en las últimas fechas al discurso ultraderechista de criminalización de fuerzas políticas de la izquierda y del nacionalismo e independentismo. Si durante las últimas dos décadas, la derecha ha tratado de patrimonializar la Constitución, impidiendo con ello no solo su reforma sino también una interpretación más abierta, ahora ha pasado de cuestionar el carácter democrático de otras fuerzas políticas, deslegitimando al gobierno de coalición y más recientemente a criminalizar a sus adversarios, dentro de lo peor de la estrategia populista.

Nunca, desde el final de la dictadura, se había esgrimido con tanto odio y desprecio el término comunista, uno de los partidos que tiene un compromiso acreditado con la transición y con la democracia. Mucho me temo que el mismo odio y desprecio hacia la memoria de las víctimas y de los luchadores y luchadoras antifranquistas. Espero que esta vez sepamos actuar unidos.

Si antes no nos unió el amor, que ahora al menos lo haga el espanto.