El Sáhara, una cuestión pendiente para el nuevo Gobierno

“Los saharauis nos tenemos que mover para que la comunidad internacional se mueva, llevamos demasiado tiempo esperando abrir una nueva etapa”. Estas eran las palabras de Jatri Aduh, presidente del Consejo Nacional Saharaui, durante nuestro encuentro en Tifariti, en el marco del XV Congreso del Frente Polisario. Un espléndido resumen del sentimiento generalizado que se respiraba en esta trascendente conferencia política después de más de 28 años de insoportable bloqueo por parte de la comunidad internacional tras el alto el fuego de 1991. Convirtiéndose ya en uno de los conflictos internacionales más antiguos en los que participa una misión de la ONU, que tenía como única tarea un referéndum a realizar seis meses después de dicho acuerdo.

La realización del Congreso del Polisario por primera vez en Tifariti es un mensaje en sí mismo, tanto por la importancia de las decisiones a tomar, como de la lógica de abrir una nueva etapa en el movimiento saharaui. Tifariti tiene un simbolismo muy importante, no solo por ser la capital del Sáhara liberado, sino también porque dota a la ciudad de una actividad que es una declaración de soberanía por parte de los saharauis frente a las pretensiones del Gobierno de Marruecos, que sigue reclamando el conjunto del territorio del Sáhara Occidental.

Los saharauis han decidido moverse, la cuestión radica en si lo harán solos o por primera vez el nuevo Gobierno estará dispuesto a acompañarles. No podemos olvidar que España dejó a su suerte un territorio que había colonizado durante más de noventa años, sin concluir el proceso de descolonización que estaba en curso en el marco de Naciones Unidas, obligando a miles de saharauis a elegir entre el sometimiento al ocupante o el destierro en los campamentos de refugiados del desierto argelino.

La supuesta razón geopolítica del bipartidismo ha ido hipotecando poco a poco toda esperanza de autodeterminación del pueblo saharaui, sin conseguir por ello afianzar una relación con Marruecos digna de dos vecinos solidarios y dispuestos a cooperar y resolver de mutuo acuerdo sus problemas. Sino que durante todos estos años los diferentes gobiernos de España han cedido al chantaje del Gobierno de Marruecos pensando que la opinión pública de nuestro país acabaría por olvidarse de los saharauis.

Por primera vez en mas de cuarenta años de democracia, se inaugura un gobierno de coalición que rompe con la tónica monocolor del bipartidismo, este hecho debería de suponer un cambio en la política exterior española en donde nuestra responsabilidad histórica no debería de ser negociable. El Gobierno tiene que dar pasos para dejar de ser un problema como hasta ahora y convertirse en parte de la solución al problema político en el Sáhara. Dos de estos pasos podrían ser el reconocimiento de la República Árabe Saharaui Democrática (RASD) y su misión diplomática en España, como ya han reconocido al menos 80 países en todo el mundo; y ofrecer la nacionalidad española a todos los saharauis que así lo deseen como se realizó hace unos años con los sefardíes.

Solo son los primeros pasos que deben de guiar el camino para que España tenga un papel activo y decidido ante las instituciones internacionales con los objetivos de recuperar el proceso negociador en punto muerto desde la dimisión de Horst Köhler. Garantizar el respeto de los derechos humanos, sociales y económicos del pueblo saharaui, y asegurar una solución justa, pacífica, democrática y duradera a este conflicto que pasa ineludiblemente por el respeto al derecho a la libre determinación del pueblo saharaui.

La imposibilidad de alcanzar una solución pacífica y por ende el retorno a un conflicto armado es hoy en día un hipotético pero no descartable escenario. En caso de que se produzca las responsabilidades habrá que buscarlas entre quienes no han hecho nada o directamente han puesto palos en las ruedas de un proceso de descolonización incompleto que todavía tiene un referéndum y muchas deudas pendientes.