¡Viva Pozuelo Libre y Soberano!: sobre el 'derecho a decidir'
Vivo en Pozuelo, un municipio a muy pocos kilómetros de Madrid, a donde me desplazo cada día a trabajar. Es la ciudad más rica de España, con una renta media por familia de 73.000 euros. Pozuelo está lleno de buenas escuelas privadas. Muchos de mis vecinos no usan ni la educación pública, ni la sanidad pública.
Supongamos que alguno de mis vecinos empieza un movimiento por el “derecho a decidir” de Pozuelo. Su propuesta a nuestros convecinos es sencilla: seguiremos en la UE, pero seremos independientes de España.
Les explicará que los más de 35.000 euros de impuestos que pagamos por familia (incluidos más 20.000 euros de IRPF) van a financiar servicios de los que no disfrutamos. Les contará que Carabanchel nos roba, como nos roban los extremeños y andaluces. Prometerá un dividendo fiscal de 20.000 euros por familia.
“Yo”, dirá el político del movimiento “Juntos por Pozuelo Soberano e Independiente” (JPSI), “me comprometo a mantener un pueblo libre y seguro con IRPF a tipo 0. Nadie pagará impuesto sobre la renta. Con el IVA y los impuestos municipales actuales será suficiente para tener un excelente nivel de servicios”.
Los costes, argumentará el político de JPSI, son nulos. La libre circulación en el seno de la UE quiere decir que los vecinos de un nuevo Estado de Pozuelo soberano seguirán yendo a trabajar a Madrid o a donde quieran. El mercado único garantiza la libre circulación también de productos en los supermercados. La seguridad externa está garantizada por el paraguas de la OTAN.
Con un poco de suerte, si JPSI le da a la historia una cierta pátina anti española, la izquierda posmoderna se apuntará a la reivindicación nacionalista pozuelense. Algunos del resto de España, a los que el “Derecho a decidir” les suena inapelable, se movilizarán por el referéndum de Pozuelo. Incluso algunos en Andalucía, en Extremadura, y en Carabanchel, apoyarán esta reivindicación “antisistema”. No se percatarán (alucinante, ¿no?) de que, si los de Pozuelo pagamos menos impuestos, los de Extremadura y Carabanchel recibirán menos servicios.
La independencia de Pozuelo quizás no salga en el primer referéndum, pero poco a poco, mis convecinos empezarán a escuchar el mensaje de “Carabanchel nos roba”, y el virus empezará a hacer su trabajo: “y yo que tanto trabajo, ¿por qué pago estos impuestos tan altos para que los vagos de Carabanchel tengan servicios sanitarios que no pagan?”, empezará a decir cada día más gente. Poco a poco, el movimiento calará. “Un día, los de Pozuelo seremos libres y soberanos”, les repetirán.
Espero, querido lector, que el argumento esté claro. Los derechos a la autodeterminación no son compatibles con el estado del bienestar y los servicios públicos de calidad, especialmente en un mercado único e integrado. Los más ricos siempre tendrán un incentivo a disfrutar de lo bueno (el mercado único, la libertad de circulación) sin pagar por la redistribución a los más pobres.
Es por eso por lo que Europa nunca puede, ni debe, permitir que estas reivindicaciones insolidarias tengan éxito. Toscana o Baviera tendrían mucho que ganar si pudieran separarse, sin coste, del resto de sus estados, a costa de sus conciudadanos del sur de Italia o de Alemania del Este.
Lo pasmoso de la historia, en nuestro país, es el apoyo de la izquierda posmoderna a estas reivindicaciones anti solidarias. La posición de una izquierda, reivindicadora supuesta de la justicia social, a favor de un movimiento que eliminaría totalmente la posibilidad de redistribución, muestra que la ideología anti española siempre podrá, para algunos, a cualquier lógica redistributiva y solidaria.
Eso sí, luego querrán subir los impuestos a los que queden. ¿Pero, quién quedaría? Si realmente Cataluña abandonara el barco de la solidaridad, ¿por qué se iba a quedar Valencia? ¿Por qué Madrid, si tuviera que sostener todo el estado del bienestar restante, no exigiría también un cupo vasco? ¿Y quién redistribuye entonces a Asturias (que cobra en pensiones más de dos veces lo que paga), a Extremadura, o a Carabanchel?
El “derecho a decidir” es el máximo enemigo del estado del bienestar. Cuanto antes empiece la izquierda a reconocerlo, a afrontar sus contradicciones y a explicárselo a aquellas personas que les votan, mejor nos irá a todos aquellos ciudadanos que queremos un debate público honesto.
Luis Garicano es responsable de Economía y Empleo de Ciudadanos y vicepresidente de la Alianza de partidos Liberal Demócratas Europeos (ALDE).
