El Gobierno del Partido Popular ha basado toda su política en el ámbito eléctrico en un solo objetivo: acabar con el “déficit de tarifa”, esto es, con la diferencia entre los costes que el propio Gobierno reconoce a las eléctricas y lo que éstas ingresan a través de los recibos de los españoles.
Ya podemos a estas alturas decir que su pretendido objetivo se verá posiblemente cumplido gracias a las espaldas de, por un parte, los consumidores, que hemos sufrido un fuerte incremento del precio de la electricidad y, por otra, por los productores renovables, de cogeneración y residuos que han sufrido el mayor recorte de ingresos de la historia del sector eléctrico, nada menos que unos 3.000 millones de euros anuales. No me olvido de las eléctricas: el Gobierno anunció en su día que ellas también sufrirían recortes; pero, a excepción de su participación en renovables, los resultados demuestran que no ha sido así. Es más, parece que han “sabido” compensar la pérdida en renovables con mayores ganancias en otras actividades, sin que su resultado en España se haya visto afectado sensiblemente.
Nótese que hablo solo de posibilidad en el cumplimiento de su objetivo. Lo hago porque los resultados definitivos del año 2014 no se conocerán hasta pasadas las elecciones generales.
Se entiende, en consecuencia, que la noticia que hemos conocido de que el hachazo a las renovables se hizo sin disponer de un informe técnico que avalara su metodología es tan relevante.
En efecto, este Gobierno configuró un complejísimo sistema bajo el que supuestamente iba a homogeneizar la rentabilidad de todos los proyectos de generación eléctrica (salvo las grandes centrales eléctricas, por supuesto). Para ello publicó en el Boletín Oficial del Estado (BOE) del 20 junio de 2014 una norma con más de 1.700 páginas repleta de números que justificaban el recorte. Supuestamente –así lo indicó el propio ministro– estos cálculos estaban avalados por dos consultoras especializadas.
Ahora sabemos que los informes de las consultoras sencillamente no existían. Y lo hemos tenido que saber porque las empresas afectadas, en sus recursos ante el Tribunal Supremo, los han solicitado. El Gobierno se había negado a facilitarlos hasta la fecha, incluso en sede parlamentaria.
Después de que el Supremo haya requerido al Gobierno, éste comunica ahora que hace poco más de un mes ha resuelto el contrato con una de las consultoras por reiterados incumplimientos del contrato que, por supuesto, no explicita.
Respecto de la otra, aporta un informe fecha el 31 de octubre de 2014, esto es, más de cuatro meses después de publicada la norma en el BOE, cuyos datos, para mayor desastre, ni siquiera coinciden con los de éste.
La pregunta del millón es, por tanto, ¿de dónde salen los números del BOE? Y su corolario: ¿es posible que un recorte de tal magnitud se haya realizado perjudicando más a unas instalaciones que a otras sin criterio objetivo que lo avale?
Presenciamos el colmo de la arbitrariedad, que estoy seguro celebran los miles de demandantes –sobre todo los fondos internacionales– que ven cada vez más cerca el momento en que les sean devueltos los ingresos que el mismo BOE que se los quitó les había prometido con anterioridad.
El problema, claro, es que de anularse el procedimiento ya no se podrá decir que en 2014 no hubo déficit de tarifa, sino que éste fue de unos 3.000 millones más intereses que, por supuesto, pagaremos los consumidores. Se cae el castillo de naipes.
Pero eso es otra historia que contaremos… después de las elecciones.