La Gran Cloaca

Este agotador país aún tenía que obsequiarnos con un cúmulo de reventones más de la podredumbre que fabrica. Al PSOE le ha surgido un 'Tito Berni' en Canarias -caso al que reaccionó con prontitud echando al implicado en 8 horas- y el PP saca sus bocas de las pozas de inmundas corruptelas en las que habita para pedir responsabilidades al otro. Erupcionan sus múltiples fumarolas y son de ésas que, en un país normal, harían crujir los cimientos del Estado. Y, por si faltara poco, un empresario criado desde los mismos cimientos del franquismo se larga de España con cierto olor a maniobra política, no solo para ahorrarse impuestos del trabajo que le hizo crecer en buena parte desde las arcas públicas. Si esto es un país normal y democrático deberían patentar el modelo y publicitarlo… para que no se repita jamás en sociedad alguna.

Los medios lo saldan con la falsa equidistancia del “cruce de duros reproches”, heredero de aquel rentable “todos son iguales”. Se parecen como un huevo a una castaña, pero no quita para que apesten hasta hacerse irrespirables para las personas decentes.

¿Cómo sobrevivir en medio de tanta basura?

El Caso Mediador, destapado en Canarias, ha asomado tan solo la punta del iceberg, explican periodistas solventes. Son 12 piezas separadas y se presume van a salir más implicados, de más partidos posiblemente. Es un caso de presunta corrupción, clásico, como los de antes. Latrocinio y comisiones en pago de favores, pero comidas y lupanares también. Sus protagonistas, retratados con sus lorzas al aire por los pasillos del hotel o prostíbulo, dicen haber sido cazados en una encerrona. Una chapuza que entronca con Luis Roldán y el mundo de Torrente. Con un general, paradigma de la (presunta) máxima corrupción, que hacía y deshacía a pachas con su amante conocida -ustedes me perdonen- como “chocho volador”. La España sucia cañí al máximo.

Y un Director General que es pillado por su esposa con una tarjeta dudosa y, como él no la ha usado para pagar prostitutas, no se le ocurre otra cosa que denunciar en la policía una presunta falsificación, según algunas versiones. Otras hablan de que es el propio mediador el que entrega varios dispositivos móviles cargados de pruebas audiovisuales. Un caramelo para una perspicaz investigadora. Fue seguir el hilo que sobresalía y tirar de él. Y siguen tirando. Harían bien los partidos pringados -que no debe ser solo el PSOE- en aguardar a que salga todo el emplasto antes de hacerse los dignos.

Desde las altas fauces de la portavocía del PP con Cuca Gamarra a los polluelos desbocados de medios y redes gritan: “Tito Berni”, “Tito Berni”. En los tribunales, mientras tanto, más revelaciones o confirmaciones de la trama Kitchen, la cocina puerca del ministerio del Interior de Rajoy donde se coció la gran cloaca para alterar el resultado de las elecciones, con muchos compinches clave, al tiznar con mentiras a contendientes políticos: Podemos y los independistas catalanes. Desde el Gobierno y con los recursos del Estado. La fiscalía pide para los principales implicados, entre ellos el exministro Jorge Fernández Díaz, 15 años de cárcel. Colaborador de La Razón, ahora, por cierto.

Pero ni siquiera acaba ahí esta sección de la trama. Con un número 2 de Interior, ex secretario de Estado de Seguridad Francisco Martínez, imputado en la Kitchen, guasapeando un año con el presidente de la Audiencia Nacional, sobre información secreta y en plena investigación. Nada menos que el auto de la Kitchen bajo secreto del sumario “para preparar su defensa”.

El abogado del chófer de Bárcenas ya ha presentado una querella contra él y contra los fiscales del caso por omisión del deber de perseguir un delito. El Consejo General del Poder Judicial caducado, que revalidó a José Ramón Navarro para el cargo, ha decidido pasar del asunto. Añadan al jefe de la UCO (Policía judicial de la Guardia Civil) en la etapa de Rajoy investigando la vida sexual de un periodista también para el número 2 de Interior, que se lo pidió. No cabe más. O sí, las tragaderas aquí son infinitas. Y encima hay que oír lo del duro enfrentamiento o el cruce de reproches. Y es de una gravedad extrema. Para resetear el país o al menos al partido que habla como si no fuera nada con ellos: el PP y sus operaciones con tintes mafiosos es insostenible para una democracia seria. Mínimamente seria. Siempre dicen que son cosas del pasado, ése que se repite sin cesar.

Que no hayan parado las máquinas del Estado desde todas sus instituciones, que la prensa no haya estallado en crítica, da idea del nivel de corrupción en el que vive España. 

¿Qué nos están haciendo?

Por si no fuera suficiente la corrupción política y mediática y el lawfare judicial, nos faltaba que un empresario clave, Rafael del Pino, diera un paso tan significativo como trasladar la sede social de Ferrovial a los Países Bajos, un paraíso fiscal que la UE mantiene sin empacho alguno en su seno. Criada y crecida su empresa desde el franquismo, ha logrado su fortuna con obra pública en sus distintas divisiones: Autopistas, Aeropuertos, Construcción​ e Infraestructuras Energéticas y de Movilidad. Cuando han venido mal dadas el Estado le ha ayudado. Los ERE a los que se acogió le han salvado, recordaba la vicepresidenta Yolanda Díaz.

Se va “después de formar durante 25 años con las otras cinco grandes constructoras un cártel para amañar y repartirse miles de contratos públicos, dinamitando el principio de la libre competencia”, explicaba aquí Marco Schwartz. Leyes del mercado. Español, básicamente, que tiene su propia idiosincrasia. Después de no haber pagado ni el Impuesto de Sociedades.

No ha sido Ferrovial demasiado escrupulosa con las mordidas; perdón, con las donaciones: “Ferrovial pagó comisiones ilegales a Convergència a cambio de obra pública”, titulaba El País en 2010, por ejemplo. “La constructora abonó 5,9 millones de euros a través del Palau de la Música”, inmerso en un proceso por corrupción entonces. Ferrovial admitió ese pago y argumentó que el dinero era simplemente una donación para patrocinar actividades de la Fundación.

Según declaró él mismo, Del Pino se especializó en los “modificados”: cambios –injustificados– en un contrato ya adjudicado y que terminan inflando el coste de un proyecto. “Fue entonces cuando me hice rico”, les confesó a sus colegas. Esta práctica, por la que España ha sido apercibida en numerosas ocasiones desde Europa, es la que posibilita que un almacén de ladrillos como el llamado Hospital Zendal de Madrid triplicara con creces el presupuesto presentado. ¿Y saben ustedes qué empresa se llevó la mejor tajada de la obra que detrajo -para nada- tantos recursos públicos de Madrid en lo peor de la pandemia? Ferrovial.

Tampoco creamos que debe ser un caso único. Las autopistas fallidas de Aznar, Álvarez Cascos o Aguirre, firmadas con contratos leoninos, las hemos pagado los ciudadanos a precio de oro. Ha sido Ayuso quien también ha satisfecho a Ferrovial ahora otro pago por una de ellas con otros 73 millones de euros; en este caso no es porque registre menos tráfico del esperado como otras, es porque no tiene ninguno, no está terminada. Y acaba de otorgarle a dedo, en Nochebuena, otro contrato de mantenimiento del Zendal por más de medio millón de euros. Es ese hospital, sin apenas pacientes, tan inservible que Ayuso ha derivado enfermos a la sanidad privada pagando 730 euros por noche.

Ferrovial también estuvo en el soterrarmiento de la M30 de Madrid, con su “roto” correspondiente. En costos y  ataduras. Un pacto del Ayuntamiento con Ferrovial y ACS hasta 2025 les reporta 45 millones al año, cuesta otros 20 en impuestos y sólo podrá deshacerse con 200 millones. Ahora mismo Ferrovial está inmersa en un escándalo de corrupción por la recogida de basuras en Varsovia; hay 14 detenidos, tres de ellos directivos del grupo y un exministro polaco. Y todavía andan en litigios las ayudas fiscales que le concedió José María Aznar y que fueron declaradas ilegales por la UE.

Ayuso es la primera en criticar la marcha de la empresa atribuyéndola al Gobierno de coalición y sus impuestos. Junto, sin duda, a los portavoces de la derecha mediática con más predicamento, Vicente Vallés se cuidó de especificar: el Gobierno de coalición, y el temor de Moncloa porque se vayan otras empresas, dijo. La mayoría de la derecha mediática aplaude y jalea a Del Pino. Feijóo es entrevistado en el Telediario. Apesta a maniobra electoral conjunta: empresarial y política. Ayuso -que se está puliendo hasta a los alcaldes afines a Pablo Casado para completar su triunfo y venganza en el asunto de las mascarillas del hermano (pendientes solo de la justicia europea)- es la mejor valedora de ciertos empresarios. Una unión perfecta: uña y carne. Trabajo aquí y menos impuestos fuera.

Las empresas pueden irse donde quieran en el libre mercado, por supuesto, pero no todos los países son tan desprendidos con lo que necesitan sus ciudadanos. España lo tuvo y lo privatizó, por cierto.

 

El siguiente paso de enajenación de lo público avanza al galope en la sanidad pública, no solo ya Madrid, que parece insistir en dejar la atención primaria a cargo de enfermería como en las Casas de Socorro de pasadas décadas. Moreno Bonilla en Andalucía, acaba de sacar la orden de la Junta que permite la privatización de la atención primaria y que ya publica el Boletín Oficial. El costo -elevado- lo asume el Servicio Andaluz de Salud, pero supone entregar dinero del erario público a la sanidad privada en lugar de mejorar la pública. El clásico pan para hoy, hambre para mañana. Otro paso más en la indefensión.

Hasta Christine Lagarde, presidenta del BCE, elogia la gestión del Gobierno español, pero no es la que conviene a las fuerzas que mandan en España al margen de las urnas. Ver sus maniobras, ataques, disculpas, tergiversación de cuanto toca, y las incautas víctimas que caen en su telaraña es agotador. No se comprende por qué tantas personas se dejan quitar servicios esenciales. Por qué odios irracionales les compran semejantes trampas. Lo que están gestando se ve a la legua. Y sin limpiar tanta podredumbre, no hay nada que hacer. Seguir estirando la cuerda a ver si con suerte no se rompe.