El honor perdido de José Antonio Griñán
¿Qué tiene que decir el presidente de la Junta andaluza sobre el sistema de ayudas que permitió un fraude que quizá pueda alcanzar los 136 millones de euros? “Se podía haber hecho más seguro”, dice José Antonio Griñán en una entrevista. Durante diez años, la Consejería de Empleo fue un foco de corrupción. ¿Cómo se explica eso? ¿No pudo hacer nada para evitarlo el Gobierno del que formaba parte Griñán? “Había una concertación de intereses fuera con una complicidad dentro”, dice en una demostración de neolengua a las que tan mal nos tienen acostumbrados los políticos.
El caso de los ERE es otro ejemplo, aunque de los más dramáticos, de la impunidad política con que se mueven en España aquellas personas que tienen como responsabilidad la administración de fondos públicos. El argumento de la manzana podrida se cae por su propio peso cuando los corruptos campan a sus anchas no durante unos meses o unos pocos años, sino durante una década. En ese caso, el que está podrido es el sistema. El sistema de elección de cargos públicos, el sistema de control de las irregularidades o el sistema de asunción de responsabilidades.
En esa reveladora entrevista, en El País, el presidente andaluz parece empeñarse en hacernos llegar el mensaje de que son políticos como él los que, por acción u omisión, han permitido la extensión de la corrupción hasta niveles intolerables.
“El problema no es si se tardó mucho o poco, que se tardó, como que cuando se conoció el fraude se actuara o no se actuara. Y se actuó”. No hay nada más que hablar, dispérsense y no me formen grupos hasta que haya condenas. Cuando algunas personas que forman un grupo organizado roban decenas de millones al erario público, sí es un problema el tiempo que se tarde en echarles el guante. Y reaccionar cuando el fraude es notorio y no se puede ocultar, no es algo de lo que se pueda presumir. Sólo faltaba.
En la custodia de los fondos públicos, parece que la absoluta inexistencia de controles internos efectivos es poco menos que inevitable. En la mentalidad de políticos como Griñán, si te roban bajo tus narices 136 millones, no tienes ninguna responsabilidad. Te dicen que si les hubieran presentado pruebas incuestionables, habrían reaccionado con rapidez. Como si tuvieran otra elección. Pero si reciben indicios de que no se está cumpliendo la ley en la concesión de ayudas, siempre encuentran una excusa para mirar a otro lado. Que se pongan de acuerdo los organismos correspondientes. Yo prefiero no mirar no sea que encuentre algo que me obligue a actuar.
La entrevista adquiere un nivel deprimente cuando el periodista presiona a Griñán para que diga por qué no se hizo nada cuando la Intervención de la Junta alertó de que se daban las ayudas “prescindiendo del procedimiento administrativo previsto en la ley”. El líder del PSOE andaluz niega la mayor. Afirma que eso no era una señal de alarma, incluso que pasa con frecuencia en la Administración.
Aparentemente, la Intervención no envió el llamado “informe de actuación”, un semáforo en rojo que habría llegado al Consejo de Gobierno. Dentro del funcionamiento habitual en este país, quizá sus responsables no querían meterse en más problemas y elevar al máximo la disputa. Razón de más para reflexionar sobre el daño que hace el partidismo y el clientelismo en los órganos profesionales de la Administración.
Eso es lo que permitió a la viceconsejera de Economía tomar la decisión de no molestar al jefe (el propio Griñán, entonces responsable del departamento) con esos informes. En la línea de lo reseñado antes, la viceconsejera (Carmen Martínez Aguayo, hoy consejera) podía protegerlo mejor ahorrándole ese conocimiento. Como dice el presidente, estas cosas ocurren centenares de veces en la Administración. Intervención General dice que un gasto no se ajusta a la ley. Eso sólo son discrepancias contables. Ya lo arreglaremos de alguna forma.
Lo que no sabes no te puede hacer daño. Por eso, en la entrevista Griñán no cree que deba reprocharse nada grave.
Al final, todo eso que Griñán debería haber conocido sí ha terminado haciéndole daño. Acaba con la confianza de los ciudadanos en los políticos en todo lo que tiene que ver con la administración de los recursos públicos. Demuestra que los gobiernos son extremadamente exigentes con los ciudadanos al ordenarles que hagan frente a sus responsabilidades fiscales, pero al mismo tiempo se toma sus propias obligaciones con una sorprendente ligereza. Alienta la idea de que sólo los políticos corruptos descuidados terminan siendo atrapados, y eso años más tarde.
Años atrás, el PSOE andaluz podía haber alegado (no sé si de forma muy convincente) que no había pruebas suficientes para dirimir las responsabilidades políticas. Ahora, incluso con la instrucción del caso pendiente de finalizar, no tiene derecho a sostener que sus dirigentes demostraron la diligencia debida en la protección del dinero de los contribuyentes. Ni siquiera aceptaron en la comisión de investigación del Parlamento andaluz que se culpara a los dos consejeros de Empleo bajo los cuales se produjo este robo a gran escala.
Nadie es culpable nunca de nada en esta generación de políticos.
Cada día que pasa Griñán al frente de la Junta es una explicación obvia de por qué los españoles creen que los políticos son el segundo o tercer problema más grave de la democracia. Por alguna razón, aspiran a un nivel de exigencia más alto en las autoridades, buscan que haya alguien que impida que los fondos públicos se gasten en droga, putas y cubatas. No es pedir demasiado.
