Una huelga política
La huelga es ilegal: a) Cuando se inicie o se sostenga por motivos políticos
Cuando escribo estas líneas las delegaciones siguen sentadas frente a frente en el edificio de San Bernardo. No hay expectativas de que las grandes asociaciones conservadoras de jueces y fiscales vayan a desconvocar la huelga a pesar de las tres opciones de aumento de sueldos que les ha puesto el Gobierno sobre la mesa y que se sumarían a las revalorizaciones realizadas anualmente. En la calle los ciudadanos discuten sobre pagar la compra o la hipoteca. Hay muchos mundos pero todos están en este.
Las asociaciones más duras de roer en la negociación han sido, como cabía esperar, la conservadoras APM y la Asociación de Fiscales. Sí, la misma de la de la cena con Feijóo y mambo político. Curiosamente, ambas, junto a la Francisco de Vitoria, están enquistadas en no aceptar ninguna de las ofertas de subida salarial sin haber siquiera consultado con sus bases si prefieren recibir una media de 6.000€ más al año o hacer una huelga indefinida para conseguir no se sabe muy bien qué. Parecen olvidar que hay una ley, la Ley de Presupuestos Generales, que en su artículo 28 prohíbe que las retribuciones de esas corporaciones crezcan este año más del 2,5%. Supongo que pretenden que se salte por encima de esa ley.
No sólo no han consultado a sus asociados antes de romper la baraja y mantener la huelga; es que, además, les han mentido. Los fiscales conservadores enviaron un mensaje a sus asociados para explicarles por qué no les habían trasladado las ofertas ministeriales: “No se han hecho públicas por la Asociación de Fiscales por el compromiso de sigilo que hemos adquirido con los ministerios de Justicia y Hacienda. Este silencio al que nos hemos comprometido es consustancial a todo proceso de negociación”. Mentira cochina. No sólo yo he publicado las tres ofertas que hay sobre la mesa, sino que sus colegas de la Unión Progresista de Fiscales se las enviaron a sus bases, que votaron en un 94,81% aceptar la propuesta de incremento retributivo realizada por Hacienda y Justicia. ¿Cuántos fiscales y jueces conservadores pensarán lo mismo? ¿Cuántos no preferirán un aumento sustancial en mano que una huelga que propugnan indefinida para obtener una oferta que no puede existir ni ser mejor?
En este asunto, además de dirimir si los jueces y fiscales tienen ese derecho a la huelga que predican a pesar de tener prohibida por la Constitución sindicarse, hay más variables. Por cierto, si tienen derecho a huelga, ¿por qué se molestó el constituyente en subrayar que no pueden tener sindicatos? ¿No dicen que son trabajadores con derecho a huelga? Les prohíben eso y militar en partidos políticos. Al final han convertido sus asociaciones profesionales en sindicatos y en partidos emboscados. Y es que lo quieren todo: ser poder del Estado; ser independientes e inamovibles; hacer huelga; que no les puedan descontar dinero por hacerla dado que el Ministerio de Justicia, dicen, que no es competente para hacerlo; ponerse sus propios servicios mínimos; que no les controlen el cumplimiento -tampoco nadie es competente- y, en caso de duda o conflicto, ser ellos mismos los que resuelvan y dicten sentencia. Ustedes mismos.
Ahora bien, verán que los grandes medios conservadores y sus comentaristas más destacados salen en tromba a defender planteamientos tan peregrinos como que se pueda paralizar de forma indefinida el Estado de Derecho y suspender el derecho de los ciudadanos a la tutela judicial efectiva por unos cuantos euros de diferencia. Eso no les parece un caos, pero en otros supuestos clamarían: ¡sedición! Espero que estos mismos comprendan algún día que los diputados cierren el Congreso o el rey se niegue a firmar las leyes por estar en huelga. ¡Nadie ha prohibido en ley alguna que el rey haga huelga y, si nos ponemos también, es un trabajador de la jefatura del Estado! Lo que hay que aguantar.
La cuestión es que la huelga se mantiene para la semana que viene en plena campaña electoral. No es posible saber con qué seguimiento, porque, en realidad, en términos de reivindicación es una huelga absurda y potencialmente inútil. Es políticamente imposible que después de las ofertas realizadas, y tras las horas de negociación mantenidas, el Gobierno acepte darles más retribuciones tras los paros. Ahora bien, los juzgados paralizados y los jueces y fiscales conservadores en huelga y haciendo política con sus declaraciones pueden darle una pátina de caos a la cosa que creen les será útil antes del 28M. Después, como es una huelga a la carta -“ahora haremos una huelga indefinida que permitirá a los jueces hacer huelga el día que quieran”, manifestó la presidenta de la APM- y como o bien no les descuentan o bien pueden reclamar lo descontado... pues a estirarla hasta diciembre que hay generales. ¿Es ese el plan? ¿Están de acuerdo los asociados de base con dejar pasar el aumento para que sus líderes hagan méritos y consigan los nombramientos que desean si gana Feijóo? Porque aquí los que sacan tajada son ellos.
En todo caso debe ser tarea preferente del legislador aclarar taxativamente que el derecho a la huelga de jueces y fiscales no existe para evitar que quienes acumulan tanto poder puedan poner en jaque al sistema. ¿Por qué no pueden hacer huelga los generales o los soldados? Porque tienen el poder de las armas y pueden poner en jaque el sistema. ¿Por qué no pueden hacer huelga los jueces? Porque tienen el poder de juzgar y ejecutar lo juzgado y pueden poner en jaque el Estado de Derecho.
Con la oferta económica sobre la mesa y la oferta de que entren activamente en la implementación de las leyes de eficiencia, las asociaciones progresistas se descuelgan de la medida de presión. La unidad de acción asociativa se ha roto. Lean lo que decían los líderes de la APM en 2008: Mi opinión es negativa. Los jueces no tenemos derecho a huelga ya que no está previsto en nuestro estatuto profesional. Personalmente, me resulta inconcebible que un poder del Estado como es el poder judicial recurra a la huelga. No tiene ningún sentido ni fundamento“, decía José Luis Requero. O miren lo que decían los de Francisco de Vitoria en la misma fecha: ”Como parte del Estado los jueces tienen recortados sus derechos, entre ellos el de huelga, tal y como ocurre con diputados, senadores o consejeros autonómicos. Un juez no es juez a ratitos, sino en su amplio sentido, es decir que da y otorga la tutela judicial efectiva“, explicaba Augusto Méndez de Lugo. Yo estoy plenamente con ellos, pero ahora sus propias asociaciones no lo están. Eran otros tiempos, sin duda más sensatos y mejores.
La pretendida huelga indefinida a la carta no es sino una huelga política realizada como forma de presión de cara a unas elecciones. No hay otra forma de interpretarlo. Veremos qué cara se les queda a los que ven cómo vuelan aumentos de casi 500€ en 14 pagas. Veremos si siguen confiando en sus autoritarias ejecutivas y les siguen con los ojos cerrados.
Y miren que la Justicia está maltratada y miren que trabajan en malas condiciones y miren que no dan abasto pero esta huelga no va de eso. Esta huelga va de sus gónadas y de echarles una mano a los suyos. Ya lo dijo Enrique López: “El PP tiene el apoyo de la mayoría de la carrera judicial” y es de justicia reconocer que por esa vez no mentía.
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