La incipiente recuperación económica viene de la mano del gasto público
Hemos empezado 2014 con una mejora de las expectativas económicas de España, en paralelo a una relajación de las tensiones en los mercados financieros, que el Gobierno se ha encargado de magnificar de forma propagandística. Es cierto que los datos del INE para el tercer y cuarto trimestre de 2013, un incremento del PIB del 0,1% y del 0,3% respectivamente sobre el trimestre precedente, parecen confirmar el inicio de una débil recuperación de la economía española, y una mejora de la evolución de sus principales macromagnitudes, excepto el empleo y, curiosamente, el sector exterior.
Las previsiones de los analistas han mejorado en unas décimas la previsión de crecimiento del PIB para el año 2014, que en todo caso es muy difícil que supere el 1%. Pero lo curioso de esta incipiente recuperación, que en todo caso en el futuro inmediato será débil y frágil, es que el Gobierno calla las causas, que son contrarias a la política económica basada en la austeridad que ha regido nuestro país desde hace casi cuatro años.
Durante el tercer trimestre de 2013 (todavía no hay datos desagregados del cuarto trimestre) se han producido cambios sustanciales en la tendencia del consumo privado (la tasa intertrimestral del consumo de los hogares subió el 0,4%), del consumo público (se ha incrementado en tasas interanuales, más relevantes que las variaciones entre trimestres, en un 0,3%), y de la inversión empresarial (que con un crecimiento del 0,2% continua la evolución positiva iniciada en el segundo trimestre, de un 1%).
¿Cual es el elemento común que recorre estos datos? El incremento del gasto público derivado de la relajación en el cumplimiento de los objetivos de déficit público aprobada a finales de mayo del año pasado, algo largamente demandado por los sindicatos y muchos otros agentes económicos y sociales, y que ha permitido que en 2013 se pase de un déficit público del 4,5% al 6,5%. Es decir, el sector público ha podido gastar durante el segundo semestre de 2013 unos 20.000 millones más de lo que estaba previsto.
El esfuerzo inversor de las empresas ha recibido una inestimable ayuda pública, mediante el incremento en las dotaciones del Plan PIVE y PIMA Aire, que ha permitido que la inversión empresarial en equipos de transporte creciera un 9,5% en el segundo trimestre y un 8,4% en el tercero.
También han jugado un papel muy relevante los Créditos Extraordinarios aprobados por el Real Decreto-Ley 10/20131, de 26 de julio, para el Ministerio de Defensa, 877,3 millones de euros, casi un 0,1% del PIB, destinado a atender el pago de obligaciones correspondientes a 19 programas especiales de armamento y material, en el que participan parte importante de las empresas tecnológicamente más punteras del país.
En el cambio de tendencia del consumo privado hay que tener muy en cuenta el efecto positivo del abono de las dos pagas extras a los funcionarios en el segundo semestre del año pasado.
Asimismo, en la evolución de la inversión pública local para el año 2014 tendrá un indudable efecto positivo la enmienda aceptada a finales de diciembre en el Senado en la Ley Orgánica de control de la deuda comercial en el sector público, que permitirá a las corporaciones locales, en un año preelectoral, utilizar los remanentes de tesorería de ejercicios anteriores para financiar inversiones. Esto es, una versión escuálida, discrecional, y extrañamente silenciada, del denostado Plan E.
En todo caso, será difícil que se produzca una recuperación más vigorosa de la demanda nacional, y por tanto del conjunto de la actividad económica, capaz de crear empleo de calidad de forma estable y sostenible, si no se toman medidas para: 1) impulsar una política fiscal expansiva; 2) desarrollar una innovadora política industrial que permita una nueva inserción de España en la globalización; 3) apostar por una recuperación de los salarios reales, modernizando las relaciones laborales, en sentido inverso a las últimas reformas laborales, de forma que se potencien las sinergias existentes entre una mayor participación de los trabajadores y el incremento de la productividad; y 4) reducir los altos niveles de endeudamiento de los particulares (un 78,3% del PIB) sin que ello siga afectando a su capacidad de consumo, para lo cual sería imprescindible el desarrollo legislativo de medidas como la dación en pago.
En EEUU, donde la entrega de la vivienda al banco permite saldar la deuda hipotecaria, las quitas y reestructuraciones han reducido el endeudamiento de los hogares en 6,6 puntos del PIB. Mientras que en España el alto grado de desendeudamiento que han llevado a cabo los particulares (desde el tercer trimestre de 2009 el endeudamiento de las familias ha caído en 8,5 puntos del PIB) ha sido llevado a cabo por sus propios medios, un elemento que ha constreñido el consumo privado durante esos años, y cuyos menores niveles actuales también explicarían la evolución positiva del gasto de las familias.
