Malditos bastardos
Dos décadas de prejuicios y un acrónimo (MENA) son el pobre balance que podría hacerse sobre cuál ha sido la respuesta del sistema de protección español a los “menores extranjeros no acompañados”. Nos dicen, como dato previo a la celebración de la Conferencia Sectorial de Inmigración, que, a fecha de hoy, ya son 7.000 los menores tutelados que han llegado solos a España, un 12% más de los que había en el mes de abril. Una cifra que, a pesar de no representar ni al 1% del total de la población menor de edad de España, suena lo suficientemente preocupante como para que la invitación del Gobierno de repartir a “los menas” por las Comunidades Autónomas logre captar toda la atención mediática.
Sin embargo, o además, la convocatoria de esta Conferencia es un buen momento para hacer otra invitación: la de reflexionar sobre cuál es la situación de los menores extranjeros no acompañados dentro y fuera de los centros. No es una realidad nueva, lo de los MENA viene de los años 90. Así que, ya tenemos perspectiva suficiente como para evaluar si las políticas migratorias sobre niños y adolescentes extranjeros no acompañados han sido eficaces. Y si no lo han sido, analizar hasta qué punto ha podido afectar que estás políticas hayan sido lideradas por los ministerios de Interior y de Trabajo, en vez de por el ministerio de Sanidad, Consumo y Bienestar Social como parece que ahora podría llegar a pasar por el protagonismo que está cogiendo en el tema, por primera vez, Carmen Montón.
Puestos a reflexionar, sería bueno que un grupo de expertos que se crea esto de los derechos, evaluase cómo está siendo la intervención socio educativa para definir cómo debería llegar a ser. Quienes hemos trabajado con chavales en situaciones vulnerables, sabemos que nuestro sistema de protección no se ha adaptado a situaciones extremas que requieren un alto grado de cualificación y especialización no solo del personal, sino del dispositivo y lo más importante, del proyecto educativo. No solo por las situaciones que puedan plantear los chavales extranjeros no acompañados sino también por otras también dramáticas como las de las niñas víctimas de la trata o las de chavales que sufren abusos sexuales por parte de alguno de sus progenitores. Los centros de protección a día de hoy, si están desbordados no es por los problemas y conflictos que plantean los chavales sino por la falta de recursos, apoyos, motivación y herramientas para abordar esas situaciones límites, que si las plantean es de lo más normal, porque por algo están donde están, porque necesitan ordenar su mundo emocional, el de los apegos, los límites, la autoestima y sentido vital.
No creo que sea mucho pedir que más allá de repartir niños y adolescentes extranjeros no acompañados por toda España, haya intervenciones de calidad y respuestas acordes a los derechos que todos los niños, niñas y adolescentes tienen reconocidos sin distinción. Incluso quien sabe si es momento para empezar a exigir responsabilidad civil y penal por las vulneraciones de derechos que se están dando y son reflejadas en diferentes informes del Defensor del Pueblo y otras organizaciones. Si las administraciones públicas asumen la tutela de estos y otros chavales en situación de desprotección, debe existir una supervisión independiente que informe sobre cómo su actividad está repercutiendo en el bienestar del menor. Por tanto, el camino que se empiece a recorrer a partir de esta Conferencia no puede ser desde la emergencia y la necesidad de las CCAA que ‘sufren’ el problema, desde su propio interés. La respuesta ha de ser integral y velar por otro interés, el superior del menor. Si son niños además de inmigrantes, es imprescindible hacer valer sus derechos como tales.
Es verdad que, además, hay un tema de fondo que va más allá del problema migratorio. En nuestro país existe un gravísimo déficit a la hora de establecer criterios de calidad que garanticen las respuestas socio educativa que se ofrecen desde los centros de protección de menores. No existe de forma uniforme, sino más bien de modo excepcional, un enfoque de trabajo que parta del respeto de cuatro principios rectores clave en materia de protección: el derecho a que sea el interés superior la consideración primordial a la hora de tomar cualquier decisión que afecte a su vida; el derecho a que sea oído y escuchado; el derecho a vivir en un entorno familiar que le brinde cuidados acordes a su edad y madurez, y el derecho a no sufrir violencia. “El éxito de los recursos de protección (decía el director de un centro en una investigación de Espirales para UNICEF), no se va a medir por la capacidad de control sino por generar espacios protectores, cálidos y contenedores de las emociones de los niños, niñas y adolescentes”.
Si a las deficiencias del sistema de protección le sumamos la alarma, el victimismo y el racismo con que algunos responsables políticos despliegan su retórica hostil hacia los mal llamados MENAS en los puntos calientes de la Frontera Sur y la ineficacia de la figura del Fiscal de Menor para velar por los intereses de estos niños y adolescentes, nos encontramos con situaciones en las que se les abandona completamente y hay una total impunidad hacia quienes, dentro de la sociedad, tienden a abusar, aprovecharse y utilizar a los niños para fines y propósitos que dañan su integridad física y emocional, que ejerce violencia sobre ellos.
A quien le extrañe por qué un chaval prefiere dormir en la calle, en unas escolleras o en un parque en vez de sobre el colchón de un centro de protección, le invito a que repase la prensa local de ciudades como Melilla que, junto con Ceuta, es la principal puerta de entrada de muchos de estos chavales que (efectivamente) luego van a parar a los centros de Andalucía. Quizá en estos espacios de comunicación masiva encuentre algunas respuestas al ver como determinados políticos (principalmente del PP) pueden llegar a crear un estado de opinión hostil que criminaliza a los mal llamados MENA y los expulsa de sociedades de por sí complejas, empobrecidas, muy desiguales y completamente olvidadas por el resto de España.
Fue el presidente de Melilla, Juan José Imbroda, el que llegó a decir que aquellos (por los MENAS) eran hijos de Marruecos y que, solo por eso, no había obligación de hacerse cargo de ellos. Cuando ser niño, extranjero y no estar acompañado significa para un responsable político no merecer ningún esfuerzo institucional, creo que deberíamos plantarnos y decirle a ese tipo de líder que no se merece otra oportunidad. Más allá del reparto equitativo, de los problemas de espacio y de la carencia de recursos económicos, hay una responsabilidad moral y otra legal: atender a los niños, niñas y adolescentes como menores de edad. Sean nuestros o bastardos tienen derechos innegociables e irrenunciables, como cualquier hijo de vecino, también el marroquí.
