Un modelo energético competitivo, justo y limpio es posible
Este jueves nos despertamos con la aprobación de la Ley del Sector Eléctrico y la noticia de que la subasta trimestral de la electricidad alcanzaba máximos históricos, en un momento de crisis en el que, precisamente, la demanda ha bajado. Se va a subir la luz, y nadie entiende muy bien por qué.
Y como a río revuelto, ganancia de pescadores: Gobierno y grandes eléctricas aprovechan para decir que la culpa es de las energías renovables. Total, ante tanto lío, ¿quién conoce la realidad para desmentirlo?
No es difícil perderse, pues estamos viviendo unos días de auténtico vértigo: “tarifazo” (+29,5%) en la subasta CESUR en la que especulan las grandes eléctricas y las sociedades financieras como si se tratase de un “derivado” financiero más y la anulación posterior de la subasta por parte del Gobierno por primera vez en su historia; subida de peajes por parte del Ejecutivo porque decide que los fondos que iban a destinarse a disminuir el déficit eléctrico de este año van a otros fines; constantes cambios en un extenso paquete normativo sobre el Sector Eléctrico que rompe la seguridad jurídica, instalan el inédito principio jurídico de desconfianza del regulado sobre el regulador y cercena la libre competencia y las libertades individuales con medidas como el “impuesto al sol” contra el autoconsumo…
Es complicado entender lo que sucede, pero no imposible.
De dónde viene el déficit de tarifa y cómo podría reducirse el precio de la luz
¿Son las renovables las culpables del déficit de tarifa y de la escalada de precios de la energía? Nada más lejos de la realidad.
Según los informes de la CNE, el 41% del déficit de tarifa proviene del llamado déficit ex ante, es decir, el déficit en el que ya se sabe que se va a incurrir a principios de año pero que los gobiernos deciden no corregir para no sufrir desgaste político. El 31% proviene de la desviación de precios del mercado eléctrico (lo que el Gobierno calcula que costará la luz y la diferencia con el precio final), el 5% de la desviación de costes extrapeninsulares y el 22% del régimen especial, incluida la cogeneración, que no se considera energía renovable.
Es decir, del déficit de tarifa acumulado, las energías renovables no representan ni una cuarta parte. Sirva como ejemplo el sector fotovoltaico: en 2008, el déficit de tarifa acumulado ascendía ya a 16.000 millones de euros (un 60% del actual), cuando en España la industria solar era prácticamente inexistente.
La afirmación de que las energías renovables son las culpables del déficit de tarifa cuando todas en su conjunto no suman ni una cuarta parte del mismo es cuando menos tendenciosa. Igualmente lo es el buscar una correlación directa entre el coste de las energías renovables y “subida de la luz” de una subasta CESUR en la que no participan.
Está claro que el modelo de asignación de precios ha hecho aguas y que es necesaria una reformulación del mismo que vaya más allá de la presente contrarreforma , basada en un modelo de recorte de gastos sin visión estratégica de futuro. Una contrarreforma que rompe la seguridad jurídica constantemente con normas retroactivas y que va a acabar, sin razones para ello, con un sector tecnológico, el de las energías renovables, en el que España ha sido líder mundial y ejemplo de I+D+i. Una política anti-renovable que cercena las libertades individuales de cada ciudadano impidiendo el autoconsumo energético y lleva al concurso de acreedores a todo un sector, el de las 55.000 familias que invirtieron en instalaciones fotovoltaicas confiando en las condiciones económicas que marcaba el BOE, y en que estaba en un país jurídicamente respetable.
El sistema no necesita acabar con las tecnologías limpias y de futuro, sino revisar sus propios fallos. Acabar, por ejemplo, con un sistema como el de las subastas CESUR que solo han favorecido la especulación financiera, o reformar el sistema marginalista de fijación de precios por el que se está pagando la energía más barata al precio de la energía más cara.
También se podría clarificar por qué costes como el de la interrumpibilidad (750 millones al año) o el de la extrapeninsularidad (1.850 millones al año), tienen que ser sufragados por el consumidor. Algo que en la situación actual tiene más que ver con la política industrial o territorial que con la energética.
La interrumpibilidad es la disponibilidad de ciertas compañías para parar su actividad si hay problemas de suministro eléctrico. Esta posibilidad no se utiliza desde hace más de doce años y sin embargo, y a pesar de que el sistema tiene una notable sobrecapacidad, el pago por interrumpibilidad ha sido aumentado por el Gobierno un 117% entre 2008 y 2011. Sólo el año pasado, se aumentó un 50%.
La partida de la extrapeninsularidad se ha incrementado en un 980% desde el año 2002 y podría ser reducid,a entre otros métodos, favoreciendo la introducción de las energías renovables en un entorno en el cual pueden producir energía eléctrica a la mitad del precio del sistema.
El autoconsumo con balance neto podría ser otra forma de ayudar al consumidor tanto doméstico como industrial a reducir su factura energética y a incrementar la competitividad en el sector. Sin embargo, el Gobierno lo ha hecho inviable, con un “impuesto al sol” que implica que aquellos que autoconsuman paguen entre un 5 y un 9% más de peajes que los que no. Se cercenan así los derechos individuales de cada ciudadano, la vía de desarrollo natural de la industria fotovoltaica española y un avance tecnológico en eficiencia energética que envidiaremos y exportaremos de nuestros países vecinos en el futuro, teniendo actualmente en España una industria fotovoltaica que es el modelo de todo el mundo en el sector.
Hay alternativas, lo que se necesita es voluntad política y visión de futuro para poder implementarlas.
