Precampaña judicial en el país de la improvisación
En España, casi nada sale como estaba previsto. A finales del año pasado, el cálculo que se hacía en el Tribunal Supremo era que el juicio del procés comenzaría a principios de año y que quedaría visto para sentencia en febrero o marzo. Así, la vista oral que analiza la crisis constitucional más grave en cuarenta años de democracia se alejaba de las elecciones municipales y de los indeseados efectos emocionales que un procedimiento judicial de esas características podría causar en los votantes.
Pero el juicio se retrasó y otras elecciones, las generales, se adelantaron. Y de esa forma, los ciudadanos acudieron a las urnas la misma semana en la que habían escuchado a los guardias civiles del juicio del procés describir el 1 de octubre como si fuera el pasaje del terror, y a los presuntos observadores internacionales intentar convencer al tribunal de que cobraron dinero público por no hacer ni una sola observación.
La sinergia político-judicial tan frecuente en estos tiempos provocó incluso que alguna sesión del juicio tuviera que acabar antes para que dos miembros del tribunal que juzgaba a cuatro candidatos a diputado y uno a senador, Luciano Varela y Ana Ferrer, participaran en las reuniones de la Junta Electoral Central. Ambos guardaron las apariencias y se abstuvieron en las resoluciones que instaban al presidente de la Generalitat, Quim Torra, a retirar los lazos amarillos del balcón de la Generalitat, pero la forma en la que se cruzaban la contienda electoral y el procedimiento judicial no dejaba de llamar la atención.
La previsión inicial también era que la sentencia llegara unos días antes del mes de agosto, lo que supuestamente amortiguaría una respuesta contundente en las calles de Catalunya si era condenatoria. Pero en el reino de la improvisación que es España, el juicio se prolongó hasta junio, coincidiendo también con las elecciones municipales a las que se presentaban los abogados de Vox, que llegaron a fumarse las sesiones de la tarde para participar en mítines electorales en los que presumían de su trabajo como acusación en el procedimiento del que se ausentaban.
Si los plazos previstos no vuelven a fallar, y el tribunal está determinado en que esta vez no sea así, la sentencia se dictará a comienzos de octubre, en vísperas de la festividad de la Hispanidad y un mes antes del nuevo día decisivo del 10 de noviembre. La resolución es inminente porque el 16 de octubre expira el plazo de dos años de prisión provisional dictada contra Jordi Sànchez y Jordi Cuixart y, sobre todo, porque el Tribunal de Justicia de la Unión Europea analizará por esas fechas la inmunidad parlamentaria como eurodiputado de Oriol Junqueras, que resultará capital para la ejecución de la sentencia.
Es decir, que el electorado catalán acudirá a votar bajo el impacto de una resolución que los propios acusados temen que será dura (Jordi Cuixart da por hecho hasta 14 años de prisión), y el asunto territorial volverá a convertirse, para regocijo del bloque de la derecha, en el principal eje de la campaña. A ello contribuirá también la batalla que Torra mantiene contra los magistrados que podrían inhabilitarle por desobediencia, a los que ha recusado sin éxito por falta de imparcialidad antes del juicio del 18 de noviembre.
Al margen del procés, el repleto calendario judicial fijado para las próximas semanas también amenaza con arruinar la norma no escrita de que los tribunales se paran en campaña para no influir en las votaciones. Al PSOE le puede caer la sentencia de los ERE, que fijará la responsabilidad penal de los expresidentes José Antonio Griñán y Manuel Chaves en un granero de voto socialista que se ha ido vaciando en los últimos años, y al PP se le viene encima el caso Púnica, en el que se está viviendo una auténtica batalla campal entre la defensa de Francisco Granados y la de Esperanza Aguirre, con la firme determinación del expolítico de Valdemoro de no comerse solo ni con Ignacio González la financiación irregular de las campañas electorales que convirtieron en lideresa a su omnipresente jefa.
Y en mitad del carnaval preelectoral, siguiendo un argumento berlanguiano que solo puede ser tan perfecto porque es fruto del azar, el Supremo podría autorizar este martes la salida de Franco del Valle de los Caídos, solo pendiente de la licencia de obra que el irreductible juez José Yusti Bastarreche, enrolado en la centuria de los detractores de la memoria histórica, ha intentado bloquear.
La paradoja que nos puede traer la repetición electoral es que el partido más beneficiado por el nuevo proceso electoral sea el que más asuntos pendientes tiene en los tribunales, cuando fue precisamente la sentencia de la Gürtel la que activó la moción de censura que tumbó al Gobierno de Rajoy. El ajuste de cuentas judicial que le espera al PP en 2020 produce vértigo aunque en España todo puede cambiar muy rápido. Aquí como en ningún sitio se cumple la directriz que el subsecretario Salvador Martí transmitía a sus hombres en El Ministerio del Tiempo. “¿Somos españoles, no? Pues improvisen”.
