“Proteger a los menores es un deber de todo gobierno”, Pedro Sánchez, 2020

El título de esta columna es una cita textual de un tuit del presidente del gobierno español el 9 de junio de 2020 hablando de la ley de protección a la infancia. Una cita que hace contraste con la realidad triste y violenta que viven hoy más de 750 niños y adolescentes marroquíes a quienes el Ministro del Interior ha estado devolviendo en condiciones de indignidad e ilegalidad. 

Que esas devoluciones se hayan estado efectuando en condiciones de indignidad es algo que parece no importarle desde hace rato al ministro Marlaska, quien tiene experiencia acreditada en llevarse por delante los derechos humanos de las personas migrantes. Es el mismo ministro que se ha esmerado en hacer más restrictivo el sistema de la protección internacional, que es experto en las denegaciones sistemáticas de asilo y que sostiene un sistema de encarcelamiento de personas extranjeras por faltas administrativas, no penales y en condiciones bastante deplorables –los CIES-. 

Así que, si bien no podemos apelar a la moralidad y al respeto por la dignidad humana, dado que parece importar poco en lo que la migración respecta al gobierno español; a lo que sí tenemos que apelar es a los compromisos internacionales y la responsabilidad estatal nacional e internacional en materia de derechos humanos. Lo que se está haciendo con los menores en Ceuta es una arbitrariedad absoluta que contraría todos los postulados legales y del derecho internacional de los derechos humanos, sobre todo considerando que se trata de personas que gozan de protección reforzada en materia jurídica, pero esto el Ministro Marlaska y el presidente del Gobierno ya lo saben y por estos días se lo está recordando la Fiscalía, el Defensor del Pueblo, diversas ONGs, la abogacía española, incluso su compañera de trabajo, la Ministra de Derechos Sociales -en cuyas competencias tiene la Dirección de los Derechos de Infancia y Adolescencia- a quien no le consultó nada de lo que se pensaba hacer y quien no dudó en advertirle sobre las faltas que estaba cometiendo.

Tan evidente es el absurdo y la arbitrariedad, que el caso ha trascendido rápidamente a los mecanismos internacionales en materia de derechos humanos y ha merecido el reproche del Relator especial sobre los derechos humanos de las personas migrantes y la intervención del Comité de Naciones Unidad para los derechos del niño.

Lo que hace Marlaska con la infancia marroquí no es un “retorno asistido” como lo ha manifestado a los medios, es imposible que un procedimiento voluntario se materialice con quienes no han tenido la oportunidad de manifestar su voluntad y a quienes se les ha vulnerado el debido proceso. El Tribunal Constitucional en dos oportunidades (sentencia 183 y 184 ambas del 22 de diciembre de 2008) ha reconocido el derecho de los menores a ser escuchados en todo proceso que conlleve su repatriación y oponerse judicialmente a ella. Insistiendo en que ese procedimiento debe estar regido por la valoración del interés superior del menor. Vamos, que argumentación jurídica nacional e internacional no se echa de menos en este caso.

Ahora bien, que esta violencia institucional recaiga sobre la infancia migrante no es algo que debería sorprendernos. Lamentablemente, en España miles de niños, niñas y adolescentes (acompañados y no acompañados) sufren barreras burocráticas que les impiden acceder a sus derechos más básicos todos los días. Muchos no tienen garantizado ni el derecho a identificarse oficialmente, no tienen documentación o la tiene caducada y con ello tampoco tienen acceso a otros derechos como la salud, la educación, etc. El mismo Ministerio que hoy echa a los niños marroquíes a su suerte es el que le niega el derecho de asilo a la infancia que huye por los riesgos que corre en su país (torturas, explotación laboral, violaciones, homicidios, feminicidios, etc.) y que lo hace además deliberadamente sin darle un ápice de credibilidad a sus historias y el peligro que corren.

Lamentablemente en España miles de niños, niñas y adolescentes (acompañados y no acompañados) sufren barreras burocráticas que les impiden acceder a sus derechos más básicos todos los días

Esas mismas negaciones de asilo ocasionan que hoy una enorme cantidad de niñas y niños sufran las exclusiones sanitarias en España y esto lo digo además con absoluto conocimiento de causa viviendo desde mi ejercicio profesional con población migrante, la lucha diaria para que en los Centros de Salud se les atienda, porque sin importar sin son bebés o tienen patologías de riesgo, el acceso a la salud se les niega. Ese “deber de todo gobierno” que manifestaba el presidente hace un año hablando de la ley de infancia, al parecer no le compete frente a la infancia migrante. Frente a esa infancia que no es blanca y no tiene dinero. Esto no es solo violencia institucional, es también racismo institucional, es colonialismo. Es tener tan asumido que como son “ellos” está bien devolverlos así, está bien negarle el ingreso al país, está bien que no tengan acceso a todos sus derechos, está bien para que no se quieran quedar y para que otros no vengan y si no está bien, pues al menos no nos apuramos en resolver nada porque tampoco es tan grave. 

Ese “deber de todo gobierno” que manifestaba el presidente hace un año hablando de la ley de infancia, al parecer no le compele frente a la infancia migrante. Frente a esa infancia que no es blanca y no tiene dinero

No es posible que un gobierno que se presenta como el más progresista de la historia de España proceda como lo haría su oposición. La diferencia entre lo que hace el Gobierno con la infancia migrante y lo que dice la derecha que haría con ella, es que discursiva y materialmente, de la derecha se esperaría. 

¿Cuánto más tenemos que esperar para la materialización efectiva de los derechos humanos y de la consideración real del interés superior del menor?

Para finalizar un pequeño recordatorio:

“sólo se puede construir un país próspero sobre la base de una infancia segura y feliz” Pedro Sánchez (2018)