Díez-Picazo, que forzó la revisión del impuesto de las hipotecas, decantó la votación a favor de los bancos
El voto del presidente de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Supremo, Luis María Díez-Picazo, ha sido determinante para inclinar en la deliberación de este martes la balanza a favor de la banca, de manera que sigan siendo los ciudadanos quienes asuman el pago del impuesto relativo a las hipotecas. Díez-Picazo fue también quien convocó el Pleno para revisar la doctrina porque suponía un “giro radical” en la jurisprudencia que ha provocaba una “enorme repercusión económica y social”.
Según fuentes jurídicas consultadas por Europa Press, durante su intervención ante los otros 27 magistrados que participaban en la deliberación sobre este asunto, Díez-Picazo se había mostrado favorable a la 'tercera vía' planteada por la magistrada Pilar Teso, quien proponía que el impuesto recayese sobre la banca pero a partir de la sentencia, es decir, sin el carácter retroactivo que habría supuesto un desembolso de entorno a 5.000 millones de euros.
Sin embargo, llegado el momento de votar pasadas las siete de la tarde, Díez-Picazo ha cambiado de postura tras observar que se estaba produciendo un empate entre quienes apostaban por cargar el impuesto a los bancos y quienes defendían que lo hiciese el ciudadano. Él, el último por turno en votar, se ha decantado del lado de la banca.
De este modo, el Pleno de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo ha fallado finalmente por 15 votos frente a 13 que sean los clientes quienes asuman finalmente el pago del impuesto sobre actos jurídicos documentados, corrigiendo a la Sección que innovó la doctrina y volviendo a la jurisprudencia anterior, favorable a las entidades bancarias.
Díez-Picazo forzó la revisión de la doctrina
Fue el presidente de la Sala de lo Contencioso-Administrativo quien sometió a revisión la doctrina que obligaba a pagar a los bancos en una decisión inédita. Un día después del fallo, Díez-Picazo informó en un comunicado que convocaba al Pleno (los 31 magistrados de la Sala) para revisar la doctrina. Su argumento era que la sentencia suponía un “giro radical” respecto a lo que el Supremo había dicho en otras ocasiones, lo que provocaba una “enorme repercusión económica y social”.
El escándalo que provocó la maniobra de Díez-Picazo obligó a Carlos Lesmes a reunirse con él y con los magistrados que habían firmado la sentencia. El propio Lesmes pidió perdón públicamente a los ciudadanos el pasado 25 de octubre. “No lo hemos gestionado bien”, dijo a la prensa en unas jornadas de puertas abiertas en el Tribunal Supremo.
