El Supremo inicia el trámite que puede acabar con la opción de Turull como president de Catalunya
El juez Pablo Llarena ha convocado para el próximo viernes a seis investigados en la causa por el referéndum ilegal del 1 de octubre para comunicarles el auto de procesamiento y se sometan a una vistilla en la que las acusaciones podrán pedir cárcel u otras medidas cautelares. Entre los citados está Jordi Turull, quien ve alejarse así sus posibilidades de convertirse en el próximo president de la Generalitat si, una vez dictado el auto de procesamiento, el juez ordena prisión provisional contra él.
La interpretación semántica de la Ley de Enjuiciamiento Criminal que predomina en la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo es que los procesados por delito de rebelión contra los que se haya dictado cárcel quedan automáticamente inhabilitados para desempeñar un cargo público.
El artículo 384 bis de la citada Ley recoge: “Firme un auto de procesamiento y decretada la prisión provisional por delito cometido por persona integrada o relacionada con bandas armadas o individuos terroristas o rebeldes, el procesado que estuviere ostentando función o cargo público quedará automáticamente suspendido en el ejercicio del mismo mientras dure la situación de prisión”. Según la interpretación mencionada, “rebeldes” son aquellos procesados por delitos de rebelión. El auto de procesamiento del juez instructor es recurrible a la Sala de lo Penal.
Pablo Llarena ha dictado una providencia en la que cita para el próximo viernes 23 a las 10.30h. a todas las partes personadas en la causa que instruye en relación con el proceso secesionista de Catalunya para notificarles el auto de procesamiento. Al Alto Tribunal tendrán que acudir los exconsellers que no se fueron al extranjero; los exmiembros soberanistas de la Mesa; la exdiputada de la CUP Anna Gabriel o el expresident Artur Mas.
Los seis únicos investigados que deberán someterse a la vistilla que podría terminar con su ingreso en la cárcel son diputados: Carme Forcadell, Raül Romeva, Dolors Bassa y Marta Rovira (ERC); y Josep Rull y Jordi Turull. El juez Llarena ha acordado que acudan al Supremo acompañados de letrado “a fin de practicar la comparecencia prevista en el artículo 505 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal”.
El plan Turull para la investidura, en peligro
En círculos jurídicos se daba por descontado el auto de procesamiento de Llarena para finales de marzo o principios de abril. La decisión del juez, sin embargo, puede volver a truncar los planes de los partidos independentistas de cara a la investidura, como ya ocurrió con la negativa de Llarena a otorgar un permiso a Jordi Sànchez para ser investido.
Y es que el eventual encarcelamiento de Turull el mismo viernes imposibilitaría al número 3 de JxCat acudir al Parlament y ser investido, incluso antes de que la Sala de lo Penal confirmara el auto de procesamiento y la vía del 384 bis.
El presidente del Parlament, Roger Torrent, iniciará este jueves la ronda de contactos necesaria para proponer a un nuevo candidato a la investidura tras la renuncia de Jordi Sànchez. Los cálculos de los partidos, antes de la citación de Llarena, pasaban porque la votación que aupara a Turull a la presidencia se produjera la próxima semana, antes del puente de Semana Santa. El próximo lunes calculaban celebrarse el primer pleno de investidura, y el miércoles el segundo, ya que con casi total seguridad Turull no iba a lograr la mayoría absoluta de los votos en primera votación.
De hecho, Torrent ha llegado a comprometerse con que la tercera ronda de consultas serviría para “desbloquear definitivamente” la investidura. Lo ha dicho antes de que la Justicia volviera a aparecer en el tablero de la legislatura catalana el día en que se cumplen tres meses de las elecciones al Parlament del 21 de diciembre.
