La acusación popular pide a la jueza que reclame las comunicaciones de la pareja de Ayuso con Quirón

La acusación popular en el caso por fraude fiscal y falsificación que se sigue un juzgado de Madrid contra Alberto González Amador ha solicitado a la magistrada instructora que recabe del imputado y del Grupo Quirón todas las comunicaciones sobre la relación comercial que mantienen, así como “si existieron comunicaciones o informe sobre posibles conflictos de interés en la contratación” de la pareja de Isabel Díaz Ayuso, informan fuentes jurídicas. Quirón es el principal contratista de la Comunidad de Madrid en materia de sanidad privada y Alberto González Amador ha multiplicado por cuatro su facturación al grupo desde que inició su relación sentimental con la presidenta regional.

Las representaciones letradas de PSOE y Más Madrid, los partidos que ejercen la acción popular, han solicitado esta mañana a la magistrada que retrasara la comparecencia de González Amador y el resto de imputados con el argumento de que recibieron la extensa documentación del caso el pasado 12 de junio, sin tiempo para estudiarla en profundidad, y porque de su análisis provisional ya detectan la posible comisión de cinco delitos nuevos, más allá de los dos por fraude fiscal en 2020 y 2021, por más de 350.000 euros, y de falsificación de documento mercantil, por las facturas falsas utilizadas.

El escrito de la acusación pide a la jueza que exija los correos electrónicos entre González Amador y Quirón Prevención, así como la declaración del presidente de esta filial de Quirón, Fernando Camino. Este empresario se erige en figura clave en el ascenso profesional de González Amador. De hecho, es también miembro del Consejo de Administración de la empresa Mape que compró mascarillas en pandemia en una operación que sirvió para que la pareja de Ayuso se embolsara casi 2 millones de euros, que luego no declaró a Hacienda como debía.

Fernando Camino, presidente de Quirón Prevención, está vinculado en los negocios con el administrador de la sociedad que posee el ático de lujo que Isabel Díaz Ayuso y su pareja disfrutan encima de su vivienda desde que se fueron a vivir juntos. PSOE y Más Madrid también solicitan que se realice una completa investigación patrimonial sobre González Amador y el resto de investigados.

De hecho, en el escrito presentado se cita la noticia adelantada por elDiario.es de que la pareja disfruta de esta segunda vivienda, un ático valorado en 1,2 millones de euros por el que tres meses después de la revelación periodística se desconoce en concepto de qué lo disfruta la presidenta madrileña. La acusación popular también reclama un informe de todos los movimientos bancarios entre 2019 y 2022 de González Amador y los otros cuatro imputados, un mexicano que podría haber actuado como colaborador de todos los delitos de la pareja de Ayuso y tres vecinos de un pueblo de Sevilla presuntamente implicados en la falsificación de facturas.

La acusación popular quiere conocer igualmente si hay comunicaciones en el seno de Quirón que permitan conocer si se abordó un “posible conflicto de interés” en contratar a González Amador y sus empresas, así como la política que tiene la empresa para prevenir riesgos en la contratación de familiares y amigos.

La titulación de González Amador

Asimismo, PSOE y Más Madrid piden a la jueza Inmaculada Iglesias que reclame a todos los investigados los títulos académicos o cualquier otra documentación que les acredite para poder satisfacer los trabajos contratados por Quirón a las empresas de González Amador.

El escrito presentado por PSOE y Más Madrid señala la posible existencia de otros cinco posibles delitos: dos de administración desleal, uno de falsedad contable, otro de corrupción en los negocios y otro delito contable. El citado escrito recoge que se pueden hallar en estos hechos “elementos que permiten indiciariamente sospechar que realmente los hechos, en relación al objeto de las falsedades documentales y la defraudación tributaria, afectan a más elementos contables que los señalados inicialmente, que afectarían a la cuantía defraudada y a los responsables de los hechos”.

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En elDiario.es somos conscientes de que publicar investigaciones como la de la pareja de Ayuso no es fácil, que puede haber consecuencias. Al menos ya sabemos a qué nos enfrentamos esta vez. Nos lo han dejado claro y por escrito: “Os vamos a triturar, vais a tener que cerrar”. Las amenazas de Miguel Ángel Rodríguez, la mano derecha de la presidenta de Madrid, no son solo un calentón. No es siquiera la primera vez que recurre a presiones así para evitar que se publique una información.

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