La investigación abierta desde hace tres años en torno a Podemos y sus cuentas, bautizado como caso Neurona, está pendiente desde hace meses de un informe que nadie quería hacer. Un informe para saber si el precio que el partido pagó por los servicios de la consultora mexicana en las elecciones de 2019 se corresponden con el precio normal de mercado o si existió un sobreprecio delictivo. Después de que una docena de empresas y expertos en comunicación hayan rechazado hacer el peritaje, la misión va a caer en manos de un viejo conocido de la política española: Aleix Sanmartín.
Premiado por su trabajo como consultor político, Sanmartín se convirtió en uno de los grandes activos electorales ocultos del Partido Popular a la hora de terminar con casi cuatro décadas de gobierno socialista en Andalucía. Para él fue uno de los primeros abrazos de Juan Manuel Moreno Bonilla en la noche electoral, cuando el PP no ganó las elecciones pero encajó los números para formar gobierno con Ciudadanos y con la ayuda de Vox.
Detrás de ese abrazo se ocultaba una campaña electoral que, en parte, había pasado por buscar la desmovilización del electorado socialista creando falsos perfiles de socialistas andaluces descontentos. En un artículo publicado a medias con Elías Bendodo, entonces consejero de la Junta, ensalzaba su actividad en Facebook pero no explicaba, como sí hacía en otros foros, que uno de sus empleados también había creado la página “socialistas por el cambio” desde el que promovió el voto contrario o nulo de los afines a Pedro Sánchez, dos años después del encarnizado enfrentamiento entre ambos políticos. Sanmartín no ha contestado a los distintos requerimientos de información de este periódico, aunque ya en 2019 se desvinculó de estas campañas puestas en marcha en Facebook.
Aleix Sanmartín (Hornachuelos, 1980) empezó su carrera de consultor de comunicación política precisamente con el PSOE. Asesoró a Miguel Ángel Moratinos en su etapa como ministro de Exteriores durante el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero y después de una etapa en México volvió a España para jugar un papel protagonista en el triunfo de Moreno Bonilla. Tras una breve colaboración con los socialistas extremeños, desembarcó en Génova 13 para desplegar su experiencia pero, esta vez, al servicio de Pablo Casado y el PP nacional.
Fue elDiario.es quien reveló en octubre de 2019, poco antes de las elecciones generales de noviembre, que uno de sus empleados estaba detrás de otra campaña destinada a encontrar una debilidad de las candidaturas de izquierdas y explotarlas haciéndose pasar por falsos votantes de izquierda desencantados. Carteles llamando a la abstención con las caras de Pedro Sánchez y Pablo Iglesias y el lema “no contéis conmigo” empapelaron calles de Madrid, Huelva, Murcia o Granada.
Detrás de esa campaña había una página de Facebook de falso apoyo a Íñigo Errejón, que había abandonado Podemos a principios de ese año, y a los mandos estaba Josep Lanuza, uno de los empleados de Sanmartín. La misma estrategia que había sido utilizada en Andalucía: encontrar una fractura grave dentro del rival y ensancharla haciéndose pasar por simpatizante del PSOE o, en este segundo caso, de Podemos. Génova se desmarcó de esa campaña y el propio Sanmartín usó su cuenta de Twitter para desvincularse de la misma manera.
“Lo que hizo Trump, lo que hace Bolsonaro, lo hago yo”, dijo ese mismo año en una entrevista con Antena 3. A finales del año pasado, Sanmartín era galardonado con el premio a Mejor Campaña Electoral por su trabajo en Andalucía. Este año ha sido el PSOE el que ha decidido contar con sus servicios de cara al ciclo electoral que en este 2023 pasa por las municipales y autonómicas y, a finales de año, por las elecciones generales.
El pasado miércoles, Sanmartín tuvo una cita en la Plaza de Castilla de Madrid. El juez Juan José Escalonilla le ha llamado para comparecer poco antes del mediodía para “la aceptación y juramento del cargo de perito”. Fue uno de los que, en un primer momento, rechazó el encargo de elaborar el informe, pero según informó El País terminó llamando al juzgado y ha sido citado para aceptar formalmente el encargo. Un encargo del que depende el futuro del caso.
Fue hace más de medio año cuando Escalonilla comunicó a las partes del caso Neurona que la instrucción había terminado y que solo quedaba una diligencia por poner en marcha y analizar: un informe sobre los 363.000 euros que Podemos pagó a esta consultora mexicana por trabajos en la campaña electoral de 2019: vídeos pero también diseños de páginas web o carteles electorales.
En un primer momento, a raíz de varias acusaciones de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF), el juez intentó descubrir si ese dinero se había pagado a cambio de trabajos inexistentes y si detrás se escondía algún episodio de financiación ilegal o de sobreprecios ilegales. Una vez acreditada la existencia de los trabajos, el juez pasó a un posible delito electoral: si el partido pagó demasiado dinero y, encima, con fondos electorales. Una vez rechazada la prórroga de la instrucción durante seis meses más, ese informe es lo único que separa la causa de su conclusión, ya sea para ir a juicio o para quedar archivado.
La última ramificación de Neurona
La causa bautizada como Neurona arrancó en 2020 cuando José Manuel Calvente, antiguo abogado del partido, compareció ante el juez Escalonilla para relatar, durante varias horas, un rosario de supuestas irregularidades cometidas en el seno de Podemos y que apuntaban a la financiación irregular, a los sobresueldos ilegales y a un uso fraudulento de los fondos del partido. Con el tiempo, incluso, se abrió una pieza separada para investigar si la ministra Irene Montero había utilizado a varias asesoras para cuidar de uno de sus bebés de forma delictiva.
Calvente ya reconoció en su primera comparecencia ante el juez que sus afirmaciones venían de afirmaciones de terceras personas, que no podía revelar el origen de sus acusaciones por miedo a represalias de sus fuentes y que, finalmente, algunas de sus imputaciones se basaban en rumores. De una en una, todas las piezas separadas se han ido archivando: la que afectaba a la 'caja de solidaridad' del partido, la bautizada como 'caso niñera' y las donaciones del Instituto 25M, entre otras. La única que sigue en marcha a la espera de este informe que tendrá que elaborar Sanmartín es la que gira en torno al pago de más de 300.000 euros a Neurona por sus servicios en 2019.
El caso arrancó con las sospechas de la UDEF de que los trabajos no habían existido y han terminado en investigar si, una vez acreditada su existencia, existió un sobreprecio sufragado con fondos públicos y electorales. Por el momento, el análisis del propio partido concluye que pagaron un precio similar o inferior al abonado por distintas instituciones públicas por trabajos similares.
El contenido del informe y sus conclusiones será clave, por tanto, de cara a la decisión del juez: si el caso queda archivado o si es enviado a juicio con esas conclusiones periciales como principal referencia. Los tiempos también marcarán la situación procesal del propio partido de Ione Belarra, imputado en esta causa y que, en función del calendario que siga la causa, concurrirá o no en esa condición a las próximas elecciones.