El apoyo del PSOE, Ciudadanos y la Unión Europea facilita que el Gobierno aplique un duro 155
El apoyo del PSOE y Ciudadanos y el visto bueno de las principales instituciones de la Unión Europea han sido fundamentales para que el Gobierno de Mariano Rajoy decidiera la aplicación más dura del artículo 155 de la Constitución, con el cese del presidente de la Generalitat de Cataluña, del vicepresidente y de los consejeros del Govern y el control del Parlament para que no apruebe ninguna “iniciativa contraria a la Constitución y al Estatut”.
Tanto las instituciones europeas como los socialistas y el partido de Albert Rivera comparten los objetivos del mecanismo constitucional de intervención de la autonomía catalana que explicó Rajoy: “Recuperar la legalidad, volver a la normalidad y a la convivencia, continuar con la recuperación de la economía y celebrar elecciones” y todo en ello en un periodo de seis meses.
Por este motivo Rajoy acentuó en su discurso que con la actuación del Gobierno, que tendrá que ser aprobada en el Senado la semana que viene, “no se suspende la autonomía ni el autogobierno de Cataluña. Se cesa a las personas que han puesto ese autogobierno fuera de la ley, de la Constitución y del Estatuto. No se acaba con el autogobierno, se le recupera para la legalidad y para la convivencia de todos los catalanes, no solo los independentistas”.
Un eje fundamental de apoyo para Rajoy han sido el PSOE y Ciudadanos. Fuentes de ambos partidos explicaron a eldiario.es que la fórmula que se ha puesto en marcha de intervención de la autonomía estaba “totalmente pactada” entre las tres formaciones.
Rajoy no dudó en agradecer el respaldo a ambas formaciones políticas. “Estas medidas han sido acordadas con el Partido Socialista y con Ciudadanos, que agradezco su apoyo, que no interpreto como un apoyo al Gobierno, que también, sino como un apoyo a la ley, al Estado de Derecho, a nuestra Constitución y a los valores en los que creemos y que nos han hecho grandes. Eso es lo que han apoyado todos ellos”.
Para el PSOE, el visto bueno del 155 supone un problema interno con sus socios en Catalunya del PSC e incluso puede tener dificultades de explicación entre sus propias bases. De hecho, el secretario general del PSOE, Pedro Sánchez, dio su apoyo al Gobierno para “poner freno a cualquier quiebra unilateral de nuestra convivencia y nuestro ordenamiento constitucional”. Lo hizo en Cartagena en un acto del partido antes de que Rajoy explicara las medidas, con lo que no tuvo que dar explicaciones sobre la aplicación concreta del 155.
Elecciones autonómicas
Fuentes socialistas tratan de justificar las duras medidas como una vía para que el president de la Generalitat, Carles Puigdemont, se vea presionando a convocar elecciones autonómicas antes de que el 155 sea aprobado en el Senado en el pleno del próximo viernes.
Fuentes del Gobierno no han querido confirmar si el 155 quedará anulado en caso de que Puigdemont ponga en marcha los comicios antes de que la medida sea aprobada en la Cámara Alta. El president de la Generalitat anunció este sábado que pedirá la semana entrante un pleno urgente del Parlament para decidir una respuesta al 155. Según fuentes del PP, ese pleno podría traducirse en una declaración unilateral de independencia.
Ciudadanos valoró positivamente las medidas. Albert Rivera apuntó que “aplicar la Constitución no es una opción, sino una obligación”. Esta formación política ha secundado que el Gobierno debería aplicar la mano dura, una posición que le ha impulsado en las encuestas.
La intervención completa del Govern de Catalunya también había contado con el beneplácito del rey Felipe VI que este viernes mostró su respaldo al Gobierno: “España tiene que hacer frente a un inaceptable intento de secesión y lo resolverá por medio de sus legítimas instituciones democráticas, dentro del respeto a nuestra Constitución”.
El presidente del Ejecutivo insistió durante su intervención para explicar las medidas aplicadas al Govern catalán que “volver a la legalidad es restituir la vigencia de la Constitución Española y del Estatuto de Autonomía de Catalunya”. Rajoy no dudó en hacer un paralelismo con la situación de Catalunya y otras regiones europeas para justificar la actuación del Gobierno. “Figúrese usted que en Renania del Norte-Westfalia el presidente del 'land' (Estado federado) decide hacer lo que se ha hecho en Cataluña. Figúrese usted que esto ocurra en Alsacia o figúrese usted que esto ocurra en cualquier país del mundo democrático y civilizado. Esto es inaceptable, no es propio del mundo en que vivimos y, por tanto, el único temor que el presidente del Gobierno de España puede tener en este momento es no cumplir con su obligación. Los demás no han cumplido, los demás han ignorado la ley. Para ellos no existe”.
Alegato europeo en defensa de la legalidad
Las alusiones continuas a la legalidad no son un asunto gratuito. Los principales líderes de la Unión Europea hicieron un alegato de la necesidad de respeto a la ley durante sus intervenciones en la ceremonia de los Premios Princesa de Asturias, que se celebró el pasado viernes en Oviedo.
Durante el acto el presidente de la Comisión Europea, Jean-Claude Juncker, subrayó en la necesidad de que la Unión Europea debe “fundamentarse en la regla, la norma del Derecho” mientras que el presidente del Consejo Europeo, Donald Tusk, añadió que “la ley tiene que ser respetada por todos los que participan en la vida pública, porque la armonía es mejor que el caos. Siempre soñamos con una Europa unida. Para mí, la concordia es sinónimo de unidad”. El presidente del Parlamento Europeo, Antonio Tajani, argumentó que los tratados europeos y la Constitución española “forman un solo cuerpo legal y democrático que todos tenemos el deber de respetar”.
A pesar de los intentos de la Generalitat de internacionalizar el proceso independentista y convertirlo en un problema europeo para conseguir una intermediación entre el Govern catalán y el Ejecutivo central, la Unión Europea se ha posicionado junto al Gobierno español.
La Comisión Europea ya salió en defensa del Gobierno tras las imágenes violentas cuando la Policía y la Guardia Civil intentaron frenar la votación del referéndum del 1 de octubre. El vicepresidente primero de la Comisión Europea, Frans Timmermans, justificó durante el debate 'Constitución, Estado de Derecho y Derechos fundamentales a la luz de los acontecimientos en Cataluña' en el Parlamento Europeo que “el deber de todo Gobierno es mantener el Estado de derecho y a veces requiere el uso proporcionado de la violencia”.
