El proceso de extradición de Valtonyc evidencia la tensión entre los tribunales belgas y españoles

La negativa de una extradición exprés por parte de los tribunales de Bélgica del rapero José Miguel Arenas Beltrán, conocido como Valtonyc, deja patente la tensa relación que hoy existe entre la Justicia belga y la española, a raíz de la decisión de los tribunales de aquel país de no enviar a España a los exconsellers independentistas investigados por el Tribunal Supremo.

El tribunal de la ciudad de Gante rechazó, el 21 de agosto, que el delito por el que el cantante era reclamado se tratase de “terrorismo”, como defendió la Audiencia Nacional en la tramitación de la euroorden y que, de ser así, habría supuesto una entrega automática. Tres días después, el juez belga solicitó más información a España por un “error” en la Audiencia Nacional al tramitar el expediente.

Esta petición de información adicional no ha sido bien recibida por la Audiencia Nacional que remitió un duro escrito al tribunal belga, plagado de reproches y críticas en un tono muy áspero.

El presidente en funciones de la sala segunda de lo Penal de la Audiencia Nacional, Ángel Hurtado Adrián, manifestó este lunes, en el escrito que envió a Bélgica al que ha tenido acceso eldiario.es, el “malestar” del órgano judicial por este requerimiento del tribunal belga. “En relación con las respuestas a la solicitud formulada, comenzar diciendo que tal información, además de innecesaria, se puede considerar una información incongruente, pues no sabemos qué puede aportar, ni se nos explica, para qué precisa conocer la autoridad judicial belga cómo se forma el arco penalógico de una pena en abstracto”, escribió el magistrado español.

El presidente en funciones de la sala segunda de lo Penal, que no fue el responsable de tramitar la euroorden contra Valtonyc, comenzó su escrito aludiendo a la petición del juez belga de que la respuesta fuera preferiblemente “en belga”. Ante esta solicitud, el magistrado del tribunal de delitos especiales decía “desconocer” cuál era ese idioma. “De no estar mal informado, tenía entendido que en ese país hay tres idiomas oficiales, como el francés el flamenco y en menor medida el alemán”, se quejó. 

El juez Hurtado apeló también al principio de confianza entre los estados que, a su juicio, Bélgica había ignorado al rechazar una entrega automática por terrorismo. Fuentes jurídicas consultadas por este diario sostienen que ni en España ni en Europa un delito de apología por el que está condenado Valtonyc se considera como tal.

El magistrado de la Audiencia Nacional termina su escrito quejándose “ante la urgencia solicitada y el escaso tiempo para emitir la información por parte de la autoridad belga”.

La respuesta de la Audiencia Nacional a los tribunales belgas evidencia el deteriorado clima de relación entre la justicia de los dos países. Coincide con la polémica por la defensa del juez del Tribunal Supremo Pablo Llarena, ante la demanda que el expresident Carles Puigdemont y cuatro exconsellers han interpuesto contra el magistrado.

La demanda ya fue recibida con reticencias en mayo cuando el Tribunal Supremo acusó a Bélgica de saltarse la normativa europea al tramitarla. El Supremo ha negado en diferentes ocasiones que los tribunales belgas tengan competencia en la misma.

Este miércoles, el ministro de Exteriores, Josep Borrell, manifestó su preocupación por que este asunto desembocara en un problema entre España y Bélgica por el cruce de demandas sobre Llarena. Borrell admitió su inquietud por el futuro de las relaciones bilaterales después de que una asociación de Abogados y Vox anunciasen que demandarían al juez belga que ha tramitado la interpuesta contra Llarena, por la que está citado a declarar en Bruselas el próximo martes día 4 de septiembre.

Pero los roces entre la justicia belga y española vienen de atrás. La tensión comenzó cuando el expresident de la Generalitat, Carles Puigdemont, y varios exconsellers se instalaron en Bruselas, negándose a comparecer ante la Justicia española. Los tribunales del país europeo dejaron en libertad a políticos independentistas ante la primera euroorden tramitada por la magistrada de la Audiencia Nacional Carmen Lamela.

Luego llegó la segunda euroorden firmada por Llarena dirigida a los exconsellers, dado que Puigdemont se encontraba en Alemania. La Justicia en Bélgica inicialmente rechazó la extradición de Toni Comín, Lluís Puig y Meritxell Serret por “un defecto formal”. La Fiscalía del Supremo solicitó entonces que Llarena emitiera una nueva euroorden contra los tres exconsellers, que el magistrado nunca tramitó.

El juez Pablo Llarena ya ha contado a su entorno que no irá a declarar el próximo martes ante la justicia belga, según han publicado distintos medios de comunicación. Será el despacho de abogados designado por el Gobierno, que costará más de medio millón de euros, el que defienda la integridad jurisdiccional española y al juez del Alto Tribunal. En un procedimiento civil la comparecencia ante el tribunal no un deber jurídico, por tanto, el magistrado no está obligado a comparecer. Si el juez admite las acusaciones, el procedimiento podrá continuar con el demandado en situación de rebeldía y será la parte demandante la que tendrá que demostrar que sus acusaciones son ciertas.