El juez de la Audiencia Nacional José de la Mata propone juzgar al exconsejero de Justicia e Interior de la Comunidad de Madrid Alfredo Prada y a otras cinco personas por delitos de prevaricación, fraude a las administraciones públicas y malversación de caudales públicos por las supuestas irregularidades cometidas en diversos contratos del faraónico proyecto de la Ciudad de la Justicia, que no llegó a culminarse.
El proyecto se inició en 2004 bajo la presidencia regional de Esperanza Aguirre, aunque las primeras ideas habían surgido ocho años antes, cuando Alberto Ruiz Gallardón planteó unificar las sedes judiciales de la Comunidad de Madrid. El sumario se centra en la actuación de la Consejería de Justicia en la época de Alfredo Prada, que ocupó entre 2005 y 2008 el cargo de presidente y consejero delegado de la empresa creada para desarrollar el proyecto, del que sólo constan realizadas las obras de urbanización y los túneles de acceso, así como el Instituto de Medicina Legal, “aunque inacabadas y en la actualidad en situación de abandono, al menos parcialmente”, según recoge el auto del juez, que lleva fecha de este jueves 12 de noviembre.
El titular del Juzgado Central de Instrucción número 5 explica en este escrito que los investigados, liderados por Prada, quien en última instancia tomaba todas las decisiones, “se pusieron de acuerdo con distintas personas y mercantiles para adjudicar irregularmente a su favor distintos contratos [de la Ciudad de la Justicia], elaboraron un plan criminal y pusieron en marcha distintos artificios para llevarlos a cabo”.
Según explica de la Mata, que examina de forma pormenorizada los contratos investigados en este procedimiento, Prada y los directivos investigados “corrompieron sustancialmente el procedimiento de adjudicación de contratos, quedando afectada sustancialmente su operativa y los resultados económicos, menoscabando así los bienes jurídicos que tutela el tipo penal de la malversación de los caudales públicos”.
El juez explica que los procesados no sustrajeron fondos “para su lucro personal”, sino que su conducta “afecta al sistema de funcionamiento de una entidad pública”, que ha resultado “deteriorada, dañada y menoscabada, tanto en su imparcialidad, probidad y prestigio, como en su eficacia y en su integridad patrimonial (hasta el punto de haber sufrido perjuicios el erario público de cientos de millones de euros)”, afirma el juez.
En el auto de pase a procedimiento abreviado, el magistrado procede, además de contra Prada, contra el que fuera director general técnico del proyecto Isabelino Baños Fernández, contra el subdirector general técnico Mariano José Sanz Piñar, contra el director financiero Alicio de las Heras Rodríguez, contra el abogado Félix García de Castro y contra el que fuera director de Seguridad Andrés Gómez Gordo.
Gómez Gordo es un policía muy vinculado al Partido Popular. Trabajó como encargado de la seguridad de este proyecto por su vinculación con Francisco Granados. Después fue nombrado director general de Documentación y Análisis de la Junta de Castilla-La Mancha cuando María Dolores de Cospedal era presidenta regional, entre 2011 y 2015. Y a partir de ese año regresó al servicio activo y se dedicó a controlar de cerca al chófer Sergio Ríos, el topo de la brigada política en el entorno de Luis Bárcenas que había conocido años atrás, cuando ambos trabajaban para Granados. Gómez Gordo está siendo investigado en la operación Kitchen, también en la Audiencia Nacional.