La Comisión Europea quiere unos mínimos comunes para el combate contra la corrupción y ha planteado una directiva en la que establece unos máximos mínimos para tipos delictivos como la malversación, el cohecho, la obstrucción a la justicia o el tráfico de influencias. Aunque está en una fase muy incipiente, dado que la normativa tendrá que negociarse ahora con el Parlamento Europeo y los 27, la propuesta obligaría a España a endurecer las penas por malversación dado que está, para algunos supuestos, por debajo de los estándares que propone Bruselas.
Así, el texto que ha aprobado este miércoles el Colegio de Comisarios establece una pena máxima de al menos cinco años de prisión para las conductas que se tipifican bajo el epígrafe de malversación, que define como “la comisión, el desembolso, la apropiación o la utilización por un funcionario público de bienes cuya gestión le haya sido confiada directa o indirectamente en contra de la finalidad para los que fueron destinados”. Bajo ese paraguas caben las especificidades del Código Penal español, a pesar de que Bruselas no hace distinciones entre si ha habido enriquecimiento personal o no, o si los fondos se usaron para un fin distinto del inicialmente previsto.
Esos fueron los matices que introdujeron PSOE y Unidas Podemos con la reforma pactada el pasado mes de diciembre con ERC para rebajar las penas de la malversación que afecta a los dirigentes catalanes por la organización del referéndum del 1-O. Y las penas máximas recogidas en esos casos son de tres y cuatro años. De entrar en vigor en los términos en los que está redactada, España tendría que elevar esas penas hasta los cinco años.
No obstante, Bruselas no se ha pronunciado específicamente sobre esa reforma, aunque el comisario de Justicia, Didier Reynders, aseguró que la está “analizando” con el objetivo de concluir “si es compatible con el derecho comunitario en lo que se refiere a los intereses financieros de la UE”. La conclusión al respecto se espera para el próximo informe sobre el estado de derecho en España que la Comisión publicará el próximo mes de julio.
Bruselas también plantea que las penas máximas de seis años de cárcel para otros delitos como el cohecho. En ese caso la legislación española sí está acompasada. También establece cinco años en el caso de sobornos en el sector privado, tráfico de influencias y abuso de poder y cuatro años para el enriquecimiento ilícito relacionado con la corrupción.
“La corrupción es como el cáncer”, ha expresado la vicepresidenta para los Valores y la Transparencia, VÄ›ra Jourová, en la presentación del paquete: “Tenemos que mejorar la prevención”.
La pretensión de la Comisión Europea es armonizar los tipos delictivos y establecer unos máximos mínimos para las condenas por la corrupción que, según sus cálculos, supone un coste para la economía europea de 120.000 millones de euros al año. De ahí que la directiva que ha presentado este miércoles fuera una de las propuestas estrella de la presidenta, Ursula von der Leyen, durante el último debate sobre el estado de la Unión el pasado mes de septiembre.
“Me gustaría centrarme en la corrupción en todas sus caras. La cara de los actores extranjeros tratando de influir en nuestro sistema político. La cara de las compañías y fundaciones oscuras que abusan del dinero público. También tenemos que erradicar la corrupción en casa. Por eso vamos a presentar medidas para actualizar nuestro marco legislativo en la lucha contra la corrupción”, señaló la alemana en Estrasburgo.
Un régimen de sanciones para corruptos extranjeros
Además de forzar a la adecuación de las legislaciones penales de los 27 -algunos países tendrán que hacer modificaciones, como la inclusión en 17 estados del concepto enriquecimiento ilícito o en dos de ellos la introducción del tráfico de influencias-, Bruselas quiere reforzar la lucha contra la entrada de corruptos dentro de sus fronteras. Así, el alto representante, Josep Borrell, ha planteado un régimen de sanciones específico para luchar contra los actos graves de corrupción en terceros países de todo el mundo que conllevará la prohibición de entrada en la UE a los perpetradores y socios de actos graves de sobornos y malversación de fondos así como la congelación de sus activos.
“Estamos enviando un mensaje claro: la UE no está abierta a los negocios para aquellos que se dedican a la corrupción, dondequiera que ocurra”, ha señalado el político catalán, que ha estimado que la corrupción supone un 5% del PIB mundial que “socava la democracia, el estado de derecho, los derechos humanos, la paz y la seguridad internacionales y el desarrollo sostenible, al mismo tiempo tiempo que dificulta la consecución de los ODS, en Europa y en todo el mundo”.