Ciudadanos logra su mayor cuota de poder institucional gracias a la extrema derecha

Las elecciones autonómicas del pasado 26 de mayo dejaron a Ciudadanos con el sabor agridulce de haber logrado crecer notablemente a nivel territorial, pero sin dar el ansiado sorpasso al PP. La imposibilidad de liderar gobiernos, como deseaban y estuvieron vaticinando durante toda la campaña, se vio frustrada el día después del 26M ante la realidad: el PP, pese a su descalabro, se mantuvo por delante en sus feudos históricos y Vox irrumpía en los parlamentos regionales haciéndose imprescindible para cualquier pacto de las tres derechas.

El último ejemplo es el de la Comunidad de Madrid, donde tras meses de conversaciones PP y Ciudadanos terminaron la pasada semana por aceptar las exigencias de la extrema derecha, desbloqueando así la investidura de Isabel Díaz Ayuso. El presidente de la Asamblea de Madrid, Juan Trinidad, inicia este lunes una nueva ronda de contactos con todos los partidos para fijar la fecha del pleno de investidura, que se espera inminente.

El partido de Albert Rivera pudo haber optado por alcanzar acuerdos con el PSOE, tanto en Andalucía, como en Murcia o la propia Comunidad de Madrid. Incluso en Castilla y León. Pero el líder de Ciudadanos lo tuvo claro desde el principio. Guardó en un cajón su mensaje de “regeneración democrática” y optó por apuntalar en el poder al PP, la formación contra la que hasta ese momento había estado clamando al considerar que estaba “lastrada” por sus numerosos casos de corrupción.

Los dos partidos acordaron repartirse los gobiernos, esos “sillones” que, por el contrario, afean que exija Unidos Podemos a Pedro Sánchez para cerrar un Gobierno de coalición a nivel nacional.

Ciudadanos ha tenido además que aceptar a la extrema derecha como aliado a pesar de que reiteradamente la dirección del partido se comprometió a no negociar con Vox. Después de varias semanas negando la realidad, hablando de reuniones solo para “tomar café” y esquivando incómodas fotos, la necesidad hizo a los de Rivera romper el “cordón sanitario” impuesto al partido de Santiago Abascal solo por el afán de conseguir por primera vez cuotas de poder autonómico.

Gracias a los votos de la extrema derecha Ciudadanos ostenta ahora las vicepresidencias y la mitad de las consejerías en Andalucía y Murcia y, en cuanto se produzca la investidura de Díaz Ayuso, el escenario se repetirá también en Madrid.

Uno de los principales objetivos de los de Rivera era precisamente tocar poder en la comunidad madrileña. Primero lo lograron en el Ayuntamiento de la capital, donde José Luis Martínez-Almeida y Begoña Villacís son alcalde y vicealcaldesa gracias a Vox. El pacto llegaba el jueves también en la comunidad y permitirá, gracias a la extrema derecha, que Isabel Díaz Ayuso presida el Gobierno regional y el líder regional de Ciudadanos, Ignacio Aguado, sea su vicepresidente.

Los de Abascal complicaron el acuerdo en el Ejecutivo autonómico con sus exigencias, que incluían recortes de derechos para los colectivos LGTBI y la violencia machista. Pero al final, tras más de dos meses de bloqueo, Ciudadanos daba el visto bueno a la última propuesta presentada por Vox, muy rebajada respecto a sus demandas de partida.

El documento de dos folios y medio entregado al PP y Ciudadanos elimina dos condiciones que antes eran irrenunciables: derogar parte del articulado de las leyes LGTBI de la Comunidad de Madrid y cobrar a los países de origen la atención sanitaria de los migrantes sin papeles, pero mantiene otras banderas ideológicas matizadas como la aplicación “progresiva” del cheque escolar, empezando por la etapa 0-3, donde ya existen los cheques guardería desde 2004. “Son unas propuestas que, a pesar de las diferencias evidentes, no son incompatibles con el acuerdo de gobierno firmado con el PP ni con las reformas y compromisos asumidos por Ciudadanos”, se justificaba Aguado.

El líder madrileño de Ciudadanos confirmó que esos planteamientos de Vox se incluirán dentro de las políticas que pondrán en marcha el PP y su partido en el próximo Gobierno. A la líder del partido de extrema derecha, Rocío Monasterio, le ha bastado la palabra de Aguado, que –en una fórmula muy similar a la de Murcia– se comprometió “verbalmente” con esas exigencias para asegurarse su apoyo al nuevo bipartito en la inminente investidura de Díaz Ayuso.

“Lo más importante es formar gobierno cuanto antes. Será la primera vez que Madrid estará gobernada por un Ejecutivo en coalición con un apoyo desde la oposición. Eso nos obliga al diálogo y al consenso permanente. La libertad es el concepto que vamos a proteger”, avanzó la futura presidenta de Madrid.

Murcia, tres sesiones de investidura con apoyo de Vox

Hace tan solo unos días, el 26 de julio, los tres partidos cerraban un acuerdo de investidura en Murcia para que el conservador Fernando López Miras fuera elegido Presidente regional. El PP logrará así permanecer en el poder durante 28 años de manera ininterrumpida gracias al apoyo de Ciudadanos –que ocupa una vicepresidencia y varias consejerías– y Vox.

El pacto no estuvo exento de tensiones. Los dos primeros intentos fracasaron ante la decisión del partido de extrema derecha de obligar al PP y a Ciudadanos a sentarse a negociar. El partido de Rivera estuvo negándose durante semanas. La foto de los tres equipos negociadores sentados en vísperas de la segunda sesión de investidura irritó a algunos dirigentes nacionales hasta el punto de que el exportavoz parlamentario de Ciudadanos, Juan Carlos Girauta, despreció el gesto afirmando que se trababa solo de “una reunión para tomar café”.

El partido de Abascal reaccionó profiriendo en su cuenta de Twitter graves insultos contra Albert Rivera, a quien llamó “acojonado” y “sinvergüenza”, precisamente por negarse a sentarse públicamente con la extrema derecha. Ciudadanos respondió por la misma vía con un vídeo de Locomía y un “Qué nivel, Maribel”. La negociación se frustró.

Al final, sin embargo, el guion previsto se cumplió y PP, Ciudadanos y Vox sellaron un acuerdo programático que llevaba aparejado varias exigencias del partido de la extrema derecha, aunque dejando ya fuera la derogación de la ley regional LGTBI , principal escollo para ese acuerdo a tres. Los de Abascal sí lograron que se incluyera la obligatoriedad del permiso de los padres para que los alumnos puedan asistir a charlas “afectivo sexuales” en los colegios, o que se aceptase el término “violencia intrafamiliar” en sustitución al de “violencia machista”, entre otras medidas.

El primer antecedente de pacto con Vox, en Andalucía

Estos pactos en Murcia y Madrid tiene su gran precedente en Andalucía. En diciembre del año pasado Ciudadanos comenzó en esa comunidad las negociaciones para formar gobierno con el PP, asegurando también que no se sentarían a hablar con Vox. En aquellas elecciones autonómicas el PSOE volvió a ganar con 33 escaños –siete menos que hace cuatro años–, pero le fue imposible formar Gobierno con Adelante Andalucía, que se quedó en 17 diputados, tres menos de los que tenía. La falta de un diputado para alcanzar la mayoría hizo imposible que Susana Díaz repitiera en el cargo.

El candidato de Ciudadanos, Juan Marín, quedó en tercera posición en aquellos comicios al obtener 21 escaños, 12 más que en las anteriores autonómicas, pero por detrás de un PP en declive, que se dejaba siete, quedándose en 26. Ambos partidos se aliaron para formar gobierno pero dependían de los 12 votos de Vox, que había logrado entrar con fuerza en el Parlamento regional.

Marín no consiguió su propósito de convertirse en presidente de la Junta y se tuvo que conformar con la vicepresidencia y la mitad del Gobierno después de cerrar un acuerdo programático en el que no estaba la firma de Vox.

Pero el líder de la formación ultraderechista en Andalucía, Francisco Serrano, hizo valer su peso y para desbloquear la situación cerró un documento con el PP en el que se incluyeron algunas de sus propuestas más polémicas, como la derogación de la ley de Memoria Histórica o la protección de la tauromaquia, así como permitir “que los padres puedan excluir a sus hijos de la formación no reglada por actividades complementarias o extraescolares cuando sean contrarias a sus convicciones”. Juan Marín, que había estado esquivando la foto con su colega de la extrema derecha, aparentó estar al margen de este pacto, pero se beneficio de él.

Seis meses después no se pudo disimular la alianza de las tres fuerzas de derechas y cuando llegaron los Presupuesto regionales a la Cámara fueron aprobados gracias a que se incluyeron las exigencias de Vox.

PP y Ciudadanos aceptaron, entre otras medidas, “limitar” el gasto para la ley de Memoria Histórica solo para exhumaciones y el banco de ADN; la creación de un teléfono de ayuda a mujeres embarazadas para reducir los abortos o crear un órgano de ayuda a la Policía contra inmigrantes sin papeles. Los de Rivera no pusieron ya objeciones a que se hablara de “violencia intrafamiliar”, en contraposición al concepto de “violencia de género”.

El acuerdo de 34 medidas fue firmado por representantes de los tres partidos: el titular de Hacienda, Juan Bravo (PP), el consejero de Economía, Rogelio Velasco (Ciudadanos), y el portavoz del grupo de extrema derecha, Alejandro Hernández. El cordón sanitario impuesto a Vox por Ciudadanos fue allí el primero en ser levantado.