La confesión de Correa señala al Rajoy vicepresidente del Gobierno y secretario general del PP

La dirección del PP se apresuró a celebrar el jueves, antes incluso de que Francisco Correa completase su primer día de declaración, que todo lo contado era viejo, que el partido había pasado página y que ninguno de los dirigentes involucrados por el procesado en la trama están ya bajo el paraguas de sus siglas.

La secretaria general del partido, María Dolores de Cospedal, puso voz ese día al argumentario: “Hoy se están juzgando acontecimientos que ocurrieron hace muchos años y todos, pero especialmente los que militamos en el Partido Popular, lo que esperamos es que se diriman de una vez las responsabilidades penales”.

Desde entonces otros dirigentes han repetido ese mantra. En la rueda de prensa del Consejo de Ministros, Soraya Sáenz de Santamaría volvió a sacudirse este viernes del escándalo, alegando que se juzgan “hechos de los 90”. El viceportavoz Pablo Casado ya se había quitado de en medio en el inicio de semana: “Yo estaba en COU”.

Esa es la estrategia del Partido Popular: hacer ver que Correa, el fontanero que “vivía en Génova” hasta 2004 pero que luego siguió haciendo negocios con el partido en Valencia y Madrid, el tipo para todo que organizaba mítines, convenciones, campañas y viajes, incluso para el presidente José María Aznar, el testigo de boda de su hija Ana con Alejandro Agag en El Escorial, forma parte del pleistoceno de la política. Que no tiene nada que ver ni con el PP ni con su líder, Mariano Rajoy.

Por si acaso, el abogado del partido, señalado por el escrito de la Fiscalía como beneficiario a título lucrativo de la trama, se ha sumado a la estrategia del resto de presuntos para intentar invalidar el juicio.

La tesis de que esto no afecta al PP actual explota solo una parte de lo contado por el propio Correa estos días en el edificio de la Audiencia Nacional en San Fernando de Henares: que su red dejó de trabajar con el partido cuando Rajoy tomó las riendas de Génova 13 porque con el nuevo presidente “no había química”.

Pero la principal revelación en las más de 10 horas de interrogatorio del principal imputado de Gürtel implica políticamente en el escándalo a su actual líder y presidente en funciones, Mariano Rajoy, que ahora opta a la reelección.

La clave de la declaración por entregas de Correa es su explicación del procedimiento que le llevó a acumular 21 millones de euros en Suiza. Correa contó durante el interrogatorio de la fiscal de Anticorrupción, Concepción Sabadell, que el dinero proviene de las comisiones del “2 o el 3%” que determinadas constructoras le pagaron a él por lograr obras públicas que adjudicaba el Gobierno de José María Aznar, (en cuyo Consejo de Ministros estaba sentado Mariano Rajoy).

Al entrar en detalles, explicó que esas mordidas las había entregado él al tesorero del partido Luis Bárcenas y a Génova. Estas fueron sus palabras exactas: “Venía un empresario nos daba la licitación a ver si podemos conseguir que esta obra sea para nosotros, yo se la pasaba a Luis Bárcenas que la gestionaba con el correspondiente ministerio y si conseguíamos la adjudicación el empresario entregaba un porcentaje del 2 o el 3% y yo se lo llevaba a Génova”.

Por si había alguna duda, en otro pasaje del interrogatorio Correa aseguró que el dinero iba al Partido Popular: “Yo no sé la cantidad que he llevado al Partido Popular correspondiente a haber gestionado obras, puede ser que hayan sido 1.000 [millones de pesetas, la cifra que dijo haber llevado a Bárcenas a su casa en una de las grabaciones que dieron origen al caso] o hayan sido más o hayan sido menos [...] no niego que haya sido así, pueden haber sido 1.000, 2.000 [millones de pesetas]”. “Eran carreteras, autopistas, obras del AVE, de Medio Ambiente, diferentes obras”.

Esa fue la bomba de su primer día de interrogatorio. Para el segundo se reservó otros dos anuncios: que los contratos amañados tenían su origen en los ministerios de Fomento (era obvio, las obras del AVE nacieron ahí) y Medio Ambiente. Y que gracias a esos sobornos obtuvieron contratos las constructoras OHL, Dragados y ACS.

Esas constructoras tardaron sólo minutos en anunciar querellas contra Correa, algo que no ha hecho nadie del Gobierno de Aznar, el señalado por amañar los contratos y en cuyo Consejo de Ministros se sentó Mariano Rajoy, entre 1996 y 2000 como ministro, y los cuatro años siguientes ya como vicepresidente.

Antes de empezase a cantar el jueves, uno de los constructores beneficiados, Alfonso García Pozuelo, dueño de Constructora Hispánica y procesado también en Gürtel I, que se adjudicó contratos con el último Gobierno de Aznar por 703 millones de euros, ya se había ablandado ante el tribunal.

Desde el banquillo, ratificó el escrito remitido previamente a la Fiscalía en el que reconocía pagos de 1,3 millones a políticos del PP para conseguir adjudicaciones en el municipio de Boadilla. Sentado en el banquillo dijo algo más: aclaró que algunas de las entregas que hizo a Correa eran para los “organismos centrales” del partido.

Si se cruzan estas declaraciones con los Papeles de Barcenas, la contabilidad B del PP, cuya autenticidad ha certificado el extesorero, sale que Constructora Hispánica realizó donaciones al PP por 150.000 euros entre 2000 y 2006. En esas mismas anotaciones a mano de Bárcenas que destaparon la caja B del partido, figura también OHL, la firma de Villar Mir, y en el apartado de Galicia figuran además supuestas aportaciones de ACS. Son las constructoras que, según declaró Correa el viernes, pagaban mordidas a cambio de contratos millonarios.

Bárcenas también había contado cuando declaró en la Audiencia Nacional ante el juez Pablo Ruz, uno de los instructores de esta causa, que al tanto de la caja B estuvieron “todos los secretarios generales del PP”. Rajoy ocupó ese cargo en 2003 y 2004, y según los propios cuadernos de Bárcenas desde el año 2000 aparece como uno de los vicesecretarios perceptor de sobresueldos trimestrales que salían de esa contabilidad paralela. De la caja B a la que iban a parar los sobornos que los adjudicatarios de obra pública pagaban a Correa y Bárcenas.

Pese a la gravedad de las revelaciones acerca de los Gobiernos de Aznar, donde Rajoy tuvo un papel muy destacado y llegó a ser número dos, nada de lo contado por Correa sobre el amaño de esas obras en los ministerios va a tener efecto sobre esta causa, que juzga adjudicaciones manipuladas en distintas administraciones de Madrid, Castilla León y Andalucía. Y el plazo de prescripción de los delitos que Correa insinúa que se pudieron cometer a principios de los años 2000 hace muy improbable la apertura de otra pieza separada por las adjudicaciones del Gobierno de Aznar: la malversación de fondos públicos grave caduca a los 15 años, igual que el cohecho.