Dina Bousselham recuerda a García Castellón que tiene una orden de seguir investigando a la Policía y no a ella

Sin pasar por el juez Manuel García Castellón, la defensa de Dina Bousselham ha recurrido en apelación, ante la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional, la petición del instructor del caso Dina para que se investigue en un juzgado de Madrid a la excolaboradora de Pablo Iglesias por un presunto delito de falso testimonio. Además, Bousselham ha entregado un escrito en el juzgado en el que recuerda a García Castellón que mientras él pretende dirigir el caso contra ella en un juzgado local, la Sala de lo Penal acaba de ordenarle que prorrogue la investigación en su propio juzgado, para averiguar si hay más implicados de la Dirección Adjunta Operativa de la Policía en tiempos del PP que participaran en la difusión de los datos almacenados en el teléfono, además del propio Villarejo.

En el citado escrito, al que ha tenido acceso elDiario.es, la defensa de Bousselham advierte a García Castellón que de continuar en su empeño de deducir testimonio “contra las víctimas”, la propia recurrente y su expareja Ricardo Sa Ferreira, “supondría de facto una infracción de la orden de investigar los hechos que se ha acordado por la Sala, que conlleva la reanudación de la presente instrucción”.

La abogada de Bousselham cita el argumento jurídico de “falta de procedibilidad” en el sentido de que el juez no puede atribuir falso testimonio a su cliente si aún no se ha celebrado al juicio, que es donde se puede cometer el citado delito. García Castellón considera que Bousselham mintió en fase de instrucción al cambiar su versión sobre si la tarjeta de su móvil era accesible o no después de que se la devolviera Iglesias, tras varios meses en poder de este. La Fiscalía considera que fueron “inconcreciones” y “vaguedades” que en ningún momento afectaron al desarrollo de la causa, en la que siguen imputados dos periodistas y Villarejo.

“El instructor, imaginando un hecho futurible (el contenido de las declaraciones en juicio que prestarán mi representada y su exmarido) deduce testimonio contra la víctima y uno de los testigo”, recoge el recurso.

De otro lado, la perjudicada recuerda a García Castellón que el Tribunal Supremo ya rechazó hace año y medio los argumentos del auto recurrido en cuanto a la falta de procedibilidad alegada y también en cuanto a la acusación de denuncia falsa. Se refiere al auto en el que la Sala de lo Penal del Alto Tribunal rechazaba la pretensión de García Castellón de que imputara al entonces aforado Pablo Iglesias.

La defensa de Bousselham asegura que el Supremo ya determinó que los argumentos del juez “están repletos de valoraciones que no se revelan lógicas sólidamente, desde los indicios que señala en la exposición”. La Fiscalía y la Sala de lo Penal ya se han pronunciado afirmando que la hipótesis más factible de cómo llegó la información de Bousselham a varios medios de comunicación fuera a través de “la organización criminal” de Villarejo y no porque la propia Dina reenviara capturas a terceros. De hecho, como recuerda su defensa, hay informaciones publicadas de su móvil que ella nunca envió a nadie.

García Castellón y Pro Lege

En cuanto al recurso ante la Sala de lo Penal, la defensa de Bousselham denuncia las decisiones del juez respecto de la acusación popular que ejerce Pro Lege, próxima al Partido Popular. Se trata, dice, “de una situación anómala”, consistente por ejemplo en que se ponga a la “víctima [la Audiencia Nacional ha reiterado que Bousselham es perjudicada en el caso] en pie de igualdad con las acusaciones populares, cuya personación se produce de forma automática en todos los procesos judiciales en los que se encuentran integrantes de Podemos”.

“Es este, sin duda, un paradigmático y peligrosísimo precedente de cuestionamiento de la víctima, hasta el punto de que, así validado por el magistrado instructor [García Castellón], quien se supone que debe ser el principal garante de los derechos que le asisten conforme a la Ley 4/2015, del Estatuto de la Víctima del Delito, pulveriza los mismos participando de una grave victimización secundaria”, añade la defensa de Bousselham, que concluye que su clienta está siendo “revictimizada por el juez”.