El Ejército intentó poner 23 multas en Fuerteventura vulnerando sus competencias en el estado de alarma

Militares desplegados en la isla de Fuerteventura redactaron 23 propuestas de sanción por incumplimiento de la Ley de Seguridad Ciudadana durante los primeros días del estado de alarma pese a que el Real Decreto que lo instaura atribuye esa competencia en exclusiva a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado.

La Delegación del Gobierno en Canarias, a quien fueron dirigidas esas propuestas de sanción, ha asegurado a eldiario.es que solo tramita las que le remite Policía, Guardia Civil y las policías locales, por lo que las actas redactadas por el Ejército no derivarán en multas. 

El Ministerio del Interior advirtió desde un principio en que el artículo 36.6 de la Ley de Seguridad Ciudadana sería el instrumento principal para combatir el incumplimiento del confinamiento en estado de alarma, que no tendría una legislación 'ad hoc'.

El citado artículo sanciona con multas de entre 601 y 30.000 euros a quien desobedezca a los agentes de la autoridad y ya se han superado las 200.000 propuestas de sanción por incumplimiento de éste y otros artículos de la Ley de Seguridad Ciudadana durante desde que se decretó el estado de alarma. Todas ellas han sido redactadas por Policía, Guardia Civil, Mossos d'Esquadra, Ertzaintza y policías locales. 

El Real Decreto del 15 de marzo declaraba a cuatro ministros “autoridades competentes”, cada uno en la “esfera específica de su actuación”, por lo que dejaba en manos de Interior las cuestiones relacionadas con la seguridad ciudadana. En otro punto añadía que el Ministerio de Fernando Grande-Marlaska tendría la facultad de requerir el apoyo de las Fuerzas Armadas si así lo consideraba. Sin embargo, los controles y las propuestas de sanción en controles del Ejército en Fuerteventura se produjeron sin conocimiento previo de la Guardia Civil, la policía con competencia de seguridad ciudadana en la isla junto a los Cuerpos locales, confirman fuentes del instituto armado.

Las actas de sanción fueron redactadas por los militares en los primeros días del estado de alarma, pero se prolongaron hasta más de una semana después. La polémica saltó a Madrid y tanto los ministerios de Defensa como de Interior tuvieron conocimiento de lo sucedido y de que la Delegación del Gobierno no iba a tramitar esas propuestas de multa. eldiario.es ha preguntado a una portavoz del Ministerio de Defensa por estos hechos y si había motivado una investigación interna, pero no ha obtenido respuesta. 

El 27 de marzo, transcurridos doce días de la entrada en vigor del estado de alarma, la Secretaría de Estado de Seguridad difundió una instrucción que desarrollaba el contenido del Real Decreto. En la misma se especificaba que los militares no podrían multar ni detener y que estarían bajo el mando de un policía o guardia civil en el caso de ser requeridos para tareas de seguridad ciudadana.

Esas instrucciones estaban dentro de una orden para la regulación de las patrullas conjuntas de policías y militares que el Gobierno anunció el lunes siguiente, 30 de marzo, como inminentes, pero que siguen sin ponerse en marcha. Al día siguiente de que eldiario.es adelantara el contenido de la instrucción de la Secretaría de Estado de Seguridad, el Ministerio de Defensa comunicó a Interior que no prestaría efectivos para esas patrullas conjuntas. El departamento de Margarita Robles ya había trasladado con anterioridad su disconformidad con el papel que los militares iban a tener en los controles conjuntos con policías.

Fuerteventura es uno de los puntos de la geografía española donde a diario se producen tareas de “reconocimiento” de los militares no consensuadas con el Ministerio del Interior. Con el término “reconocimiento” o “presencia”, Defensa saca a la calle a los militares sin estar acompañados de policías o guardias civiles con misiones distintas a las de desinfección o traslado de material. La isla tiene una fuerte presencia militar acogiendo al Batallón Soria 9, integrado en la Brigada Canarias.