La jueza esgrime el viaje a Bélgica de Puigdemont para justificar la prisión a sus ocho consellers
La mitad del Govern que decidió hace menos de una semana proclamar la república catalana pasa su primera noche en prisión. El conseller menos convencido de todos, Santi Vila, quien dimitió la noche antes de la consumación de la independencia, podrá eludirla si abona una fianza de 50.000 euros. El resto, incluido su president Carles Puigdemont está en el exilio pidiendo un juicio justo y declarar por videoconferencia. Y todos, acusados de delitos de rebelión, sedición y malversación de fondos públicos que puede comportar hasta 50 años de cárcel.
[ACTUALIZACIÓN: El juez belga deja en libertad con medidas cautelares a Puigdemont y los exconsellers]
Según el auto de la juez Carmen Lamela de la Audiencia Nacional, la excursión de Puigdemont y sus consellers a Bélgica de los últimos días ha pesado en su decisión de enviarlos a prisión. La magistrada, que también mantiene en prisión desde hace tres semanas a los líderes de la Assemblea Nacional Catalana y Òmnium Cultural, Jordi Sánchez y Jordi Cuixart, defiende que el alto poder adquisitivo de los acusados les permite “abandonar el territorio español y subsistir en el extranjero”, y recuerda que “algunos querellados ya se han desplazado a otros países eludiendo las responsabilidades penales en las que pueden haber incurrido”.
A los encarcelados y a los expatriados, a los que la Fiscalía pidió detener donde estén, Lamela les atribuye un reparto de papeles en una estrategia para romper con el Estado que comenzó a dar sus primeros pasos tras las elecciones autonómicas de septiembre de 2015. Entonces empezaron a recorrerse la etapas contenidas en una hoja de ruta independentista, requisada al número dos de Junqueras, y que se “se corresponde perfectamente con todos los pasos ejecutados por el Govern”.
Esos pasos implicaban, según la jueza, saltarse la ley y sortear las resoluciones del Tribunal Constitucional. El auto define sus acciones como una carrera de obstáculos en la que lograron flanquear toda “clase de barreras que pudieran desviarles de su finalidad”. Para ello, continua la magistrada, contaron con la ayuda de la calle, movilizada por ANC y Òmnium, quienes alentaban “actos de insurrección pública, de desobediencia y de resistencia colectiva a la autoridad legítima del Estado”.
La jueza alega que cada conseller jugó un papel, pero que algunos tuvieron más peso en la estrategia. Así, la jueza señala a Forn, por no descartar enfrentamientos entre Mossos y las fuerzas de seguridad del Estado. Desde la consellería de Interior manejaba la policía autonómica, a la que la jueza acusa de pasividad durante el 1-O e incluso de “espiar las acciones de la Guardia Civil y de la Policía Nacional alertando a los congregados en los colegios”.
El auto que les envía a prisión sostiene que en total, 12 consellers colaboraron, bajo la dirección de Junqueras y Puigdemont, para lograr la “desconexión del Estado español”. Siete de ellos van a pasar la noche en distintas prisiones madrileñas, junto con el exvicepresidente, mientras otros cuatro, con el expresident, han eludido -de momento- la cárcel al no acudir a la cita con la justicia. Desde Bruselas esperarán a que Lamela curse la orden de detención contra ellos.
El último, Santi Vila, también dormirá el prisión, pero podrá abandonarla en cuanto reúna los 50.000 euros de fianza que le ha impuesto la jueza. Lamela estima que “desistió voluntariamente de proseguir con el proceso soberanista”, al dimitir un día antes de la proclamación de la independencia, por lo que ya no existe riesgo de que destruya pruebas.
La resolución judicial llega en un momento en que el PDeCAT y Esquerra Republicana de Catalunya planean ya nuevas fórmulas para concurrir a las elecciones autonómicas convocadas por el Gobierno de Mariano Rajoy previa aplicación del artículo 155 de la Constitución.
Forcadell y la Mesa ganan una semana
La cúpula del Parlament que tramitó las leyes para transitar hacia la independencia ha ganado tiempo y dispone de una semana más para preparar su defensa. Pero Carme Forcadell y otros cinco miembros de la Mesa, incluido Juan Josep Nuet, que votó contra esa tramitación, tienen que estar localizables.
La Fiscalía pidió vigilancia policial, pero el juez del Supremo, Pablo Llerena, ha considerado suficiente tenerlos localizados cada uno con su teléfono y un domicilio. También estos seis políticos que tuvieron responsabilidad en la Cámara que tramitó las leyes pro-referéndum están acusados de sedición, si bien los magistrados del Supremo han dado pistas en el auto que admite la denuncia de la Fiscalía de que de momento su idea es perseguir el de conspiración (un tipo penal más leve con penas máximas de 10 años).
