La Fiscalía cree que el Govern iba a usar a los Mossos para lograr la independencia

La Fiscalía General del Estado cree que los miembros del Govern pensaban utilizar a los Mossos d'Esquadra en su estrategia para conseguir la independencia. Así lo ha plasmado en la querella presentada ante la Audiencia Nacional por un delito de rebelión, y en la que señala también que Carles Puigdemont no descartaba la creación de un ejército propio.

La querella contra los miembros del Govern, ya apartados tras la aplicación del artículo 155 de la Constitución, apunta a que han cometido un delito de rebelión. Para justificar la violencia que exige el código penal para acusar de este delito, el fiscal general del Estado, José Manuel Maza, repasa la actuación de los querellados y señala que pensaban contar con “el apoyo de las fuerzas de seguridad”.

Así, el escrito repasa el contenido del Libro Blanco de la Transición Nacional de Cataluña, redactado en 2014 por Consell Assessor per a la Transició Nacional. En él se plantea la creación de un ejército para Catalunya o la militarización de parte de los Mossos. “La Generalitat plasmaba así la necesidad de contar con el apoyo de las fuerzas de seguridad para llevar a cabo el proceso independentista, en particular por lo que se refiere a la policía autonómica”, señala la Fiscalía como conclusión.

Como la Generalitat tiene el mando de los Mossos, la Fiscalía deduce que “se evidencia que la estrategia de la Generalitat basada en la movilización de la sociedad parte de una actuación por parte de los Mossos comprometida con la línea de actuación diseñada desde el Govern”.

Es más, la Fiscalía no descarta que el Govern tuviese pensado crear su propio ejército. Para eso se remiten a unas declaraciones de Puigdemont, cuando preguntado sobre si una Catlaunya independiente tendría un ejército propio, aseguró que “los ejércitos y la política de defensa son absolutamente indispensables”.

Así, la Fiscalía alerta del riesgo que suponía que los Mossos, tras una declaración de independencia como la que se produjo el pasado viernes, pasasen a ser controlados en exclusiva por la Generalitat: “La declaración de independencia y la asunción en exclusiva del mando sobre los Mossos d'Esquadra supone implícitamente la potencial utilización de dicha fuerza armada contra quienes intenten hacer efectiva la vigencia de la Constitución Española en Cataluña”.

Escraches a Policía y Guardia Civil

Este es uno de los argumentos de la Fiscalía para sostener el delito de rebelión, pero no el único. El escrito señala que aunque no ha habido “violencia física”, sí que se han producido conductas violentas como las ocurridas durante la celebración del referéndum del 1 de octubre.

Ese día, “un sector de la población partidario de la secesión, enardecida por sus dirigentes, desobedeció públicamente y mostró su resistencia colectiva a la autoridad legítima del Estado”. En definitiva, se trató de “un levantamiento violento alentado por los querellados”.

Se citan también otros episodios considerados violentos como “las movilizaciones y las concentraciones tumultuarias desarrolladas en oposición a las órdenes de las autoridades judiciales”, o “los actos de acoso en forma de escraches a los miembros de la Policía Nacional y de la Guardia Civil en sus lugares de trabajo y de descanso”.

Esos hechos evidencia para la Fiscalía que los querellados no buscaban únicamente “el apoyo de los ciudadanos para llevar a cabo su proyecto independentista dentro de la legalidad constitucional, lo cual no sería objeto de reproche alguno”, sino que hicieron llamamientos directos o indirectos, a través de las entidades soberanistas, a la movilización popular o ciudadana como medio intimidatorio y violento para conseguir el fin secesionista“.

Fondos públicos para el referéndum

Además de la rebelión, la Fiscalía acusa a los miembros del Govern de delitos de malversación de fondos públicos. Lo justifica en que en los presupuestos aprobados por el Parlament se destinaron varias partidas para gastos de “procesos electorales y consultas populares”. Esas partidas ascendían a 6,2 millones de euros.

La Fiscalía cree que se trata de “una actuación realizada en consciente contravención con la doctrina constitucional y comprometiendo fondos públicos para la celebración del proyectado referéndum secesionista”.

El escrito también dedica una parte a destacar el papel de organizaciones como la Asamblea Nacional Catalana y Ómnium Cultural, que fueron ganando peso a medida que se avanzaba en el proceso independentista. Además, recuerda que algunos de los querellados estás asociados con estas organizaciones.

Según el escrito, los querellados demandaron “de la población el apoyo y el respaldo para efectuarlo e infundiendo en ella el rechazo a todo aquello que fuera contrario o se opusiera a esta finalidad así como la oposición frente a quienes defendían la legalidad y el orden constitucional. Los querellados, en definitiva, movilizaron a los sectores independentistas de la población para actuar en apoyo del referéndum ilegal y con ello del proceso de secesión al margen de los cauces para reformar la Constitución”.

Para ello, añade la Fiscalía, contaron con la ayuda de los colectivos sociales mencionados.