Los tres poderes del Estado entierran sin honores al dictador Francisco Franco

Cuatro grúas hidráulicas elevaron a media mañana la losa de tonelada y media que ha protegido durante casi 45 años la tumba del dictador, varios operarios la hicieron avanzar sobre un rodillo y el ataúd protegido salió del lugar preferente que había ocupado en el mausóleo franquista que es el Valle de Los Caídos. Una obra menor dentro de la basílica -blindada este jueves a las cámaras para proteger la intimidad de la familia, con dos representantes en primera fila- que ha tenido que esperar cuatro décadas y ver pasar a 15 gobiernos (cuatro con mayoría absoluta, dos de ellos socialistas) para retirar los honores al genocida que cercenó el siglo pasado las libertades en España.

Tras un breve trayecto en coche y con 22 miembros de la familia Franco y tres altos cargos del Gobierno como testigos en una comitiva encabezada por la ministra de Justicia, Dolores Delgado, el helicóptero Súper Puma del Ejército de Aire se elevó sobre el valle a las 13:41 horas. Antes del despegue, atronaron algunas proclamas de los familiares: “Viva España, Viva Franco”. La ministra Delgado y los otros dos enviados del Gobierno lo escucharon todo de pie, a unos metros, sin pestañear.

El vuelo duró 14 minutos de reloj y el aparato aterrizó en la explanada de Mingorrubio, un cementerio civil ubicado en El Pardo, entre más gritos: dos centenares de personas recibieron a la aeronave con consignas a favor de Franco, insultos al presidente del Gobierno y estrofas del Cara al sol. Entre ellos asomaban pancartas melancólicas. En una bandera española alguien escribió a mano “Franco vive”. A la cita histórica se presentaron por sorpresa algunos personajes secundarios del fascismo español. El guardia civil golpista Antonio Tejero, condenado por rebelión militar a 30 años de cárcel por el 23F, se hizo paso hacia el cementerio de Mingorrubio entre  un pasillo de teléfonos móviles que grababan y leves gritos de apoyo de un grupo de nostálgicos. Uno de sus hijos fue el encargado de oficiar la misa dentro. 

A la hora de comer, la Fundación Francisco Franco recibió una buena noticia del Tribunal Superior de Justicia de Madrid: quedaba anulada la orden de la Delegación del Gobierno que les prohibía estar ahí, en Mingorrubio. Se amparaba así el derecho de reunión de los franquistas. En la práctica no supuso gran cambio porque los partidarios de la dictadura habían cogido sitio a las puertas del camposanto desde muy temprano. Dentro, se celebró otra ceremonia, ya sin cámaras de TVE ni comunicados del Gobierno. Ahí acabó la jornada histórica para el gran público y arrancó la despedida familiar. 

Este 24 de octubre, que va camino de entrar en los manuales de historia, es el resultado de un procedimiento largo, tortuoso y garantista. En él se han implicado los tres poderes del Estado. El Ejecutivo de Pedro Sánchez hizo de esta operación, al poco de llegar al poder en julio de 2018, la medida estrella de su mandato. La base para hacerlo estaba en la Ley de Memoria Histórica del Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero que en su gira por televisiones y radios este jueves ha tenido palabras para los represaliados del régimen. El Legislativo había avalado hace meses la exhumación con dos votos en contra (supuestamente fueron  errores en la votación) en el Congreso de los Diputados, donde PP y Ciudadanos se abstuvieron finalmente, y el Judicial desechó uno tras otro los recursos de la familia del dictador y distintas organizaciones filofranquistas, los últimos en el Tribunal Supremo.

De la foto para la posteridad que desplazó al Valle de los Caídos a 500 periodistas de todo el mundo se ha borrado otra vez voluntariamente la derecha española, incapaz de fijar una posición firme contra la dictadura casi medio siglo después de la caída del régimen.

Ni Pablo Casado, el joven líder del PP que no había nacido cuando en 1975 se enterró al dictador, ni Albert Rivera al frente de Ciudadanos han querido ninguna participación en los actos. A la hora de la exhumación, cuando el mundo entero miraba a esa colina situada a 50 kilómetros de Madrid, sus partidos hacían declaraciones sobre lo poco que había caído el paro en septiembre. Durante las vísperas, portavoces de segunda fila amplificaron los argumentarios sobre la oportunidad de llevar a cabo ahora el traslado de los restos. La derecha y sus distintas corrientes -democristiana, conservadora y liberal- que se reunificaron en el PP a finales de los 80, nunca ha encontrado un buen momento para condenar rotundamente a Franco.

A lo largo de los casi 16 meses que duró el proceso, PP y Ciudadanos se pusieron de perfil en todos los trámites parlamentarios que derivaron en la exhumación. Abstenciones en el Congreso para todo lo que tuviese que ver con el dictador. El PP, cuyos votantes están mayoritariamente en contra del traslado del cuerpo e un cementerio civil, un 72%, según la encuesta de Celeste-Tel para eldiario.es, ya había sido el único partido que votó contra de la ley de memoria histórica en 2007, el proyecto estrella de Rodríguez Zapatero.

Y Ciudadanos que emergió como una fuerza liberal homologable a otros partidos europeos nunca se ha encontrado cómodo en el debate. Ni siquiera antes del último giro que lo ha llevado a competir con la extrema derecha de Vox. El partido de Santiago Abascal ha hecho de su lucha contra la exhumación su principal reclamo electoral y su líder ha augurado estos días que caerán “maldiciones como la de Tutankamón” sobre quien “remueva a los muertos”. Durante el día, Abascal señaló que lo sucedido en el Valle de los Caídos es un “intento de derrocar a Felipe VI”. 

Los sectores neofranquistas no solo han tratado de frenar el traslado de los restos con supercherías y alertas sobre operaciones para hacer caer monarquías, también han agotado las vías legales para tratar de evitar la retirada del féretro al cementerio de Mingorrubio. Aparte de la justicia poética que implica ver al franquismo vivo pleiteando ante el Constitucional, la batería de demandas judiciales y todos estos meses han servido también para comprobar lo normalizada que está en España la defensa del dictador en 2019. La Fundación Franco sigue siendo legal -aunque ha dejado de recibir los 150.000 euros que le concedió en ayudas públicas el Gobierno de Aznar- ha acaparado horas de televisión y tertulias durante los últimos meses exponiendo complicidades con el régimen difíciles de ver en prime time en países que también sufrieron dictaduras como Italia o Alemania.

Aparte del ruido mediático y judicial, de pintadas sueltas en iglesias y sedes de partidos y de alguna amenaza de muerte en un contestador del PSOE, no hubo rastro de las masivas manifestaciones que algunos auguraban en las calles contra la exhumación. Sectores de la izquierda, de Unidas Podemos a ERC y algunos partidos nacionalistas como el PNV, han criticado al Gobierno por “hacer electoralismo”. Sánchez ha defendido que la exhumación se hizo en cuanto la Justicia lo permitió. La anomalía ha concluido casi medio siglo después. La campaña continúa.