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García Castellón propone juzgar a Villarejo y dos periodistas en el caso Dina tras fracasar con Pablo Iglesias

El juez García Castellón, Pablo Iglesias con su cartera de vicepresidente y el comisario Villarejo

elDiario.es

19 de mayo de 2023 20:22 h

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La Audiencia Nacional ha propuesto juzgar al comisario jubilado José Manuel Villarejo y a los periodistas Alberto Pozas Fernández y Luis Rendueles por el 'caso Dina', la pieza separada de 'Tándem' donde se indagaba en el recorrido que tuvo la tarjeta telefónica de la ex asesora de Podemos Dina Bousselham desde que le robaron el móvil en 2015 hasta que parte de la información que contenía apareció publicada.

En el auto de pase a procedimiento abreviado, recogido por Europa Press, el titular del Juzgado Central de Instrucción Número 6, Manuel García Castellón, deja a un paso del banquillo a los tres acusados por un supuesto delito de descubrimiento y revelación de secretos, dando un plazo de 10 días a la Fiscalía y las acusaciones para que soliciten la apertura de juicio oral o, si lo estiman, el archivo.

El magistrado sitúa los hechos en noviembre de 2015, cuando Bousselham se encontraba junto a su pareja, Ricardo Antonio De Sa Ferreira, en el interior del IKEA de Alcorcón “cuando se percató de la desaparición del abrigo” de este último, “en cuyo interior guardaban varios objetos entre los que” se encontraban los teléfonos de ambos.

Dos años más tarde, en noviembre de 2017, la policía llevó a cabo en el domicilio Villarejo en Boadilla del Monte una entrada y registro en el que descubrieron una serie de carpetas con el nombre de la exasesora, entre los que se encontraban “varios archivos procedentes de la tarjeta mini SD” de su móvil.

La investigación llevada a cabo por el Juzgado, explica el magistrado, permitió “esclarecer” su recorrido. “Se sabe que en el mes de enero de 2016, parte de la información contenida en la tarjeta de memoria mini SD que estaba en el teléfono de Bousselham llegó a manos del periodista Alberto Pozas Fernández, en aquel momento director de la revista Interviú, quien se guardó una copia en su ordenador”, detalla.

Pozas, a su vez, “comparte los archivos y gran parte de información que contiene la tarjeta con el subdirector de la revista, Luis Rendueles”. “Posteriormente la tarjeta de memoria se entrega al presidente del Grupo Editorial de la revista, Antonio Asensio”, añade el juez.

En una fecha no determinada de principios de 2016, antes del 14 de abril de ese año, Villarejo Pérez contactó con Rendueles para pedirle que le hicieran entrega de una copia de los archivos de Bousselham.

Rendueles le transmitió entonces, sostiene el juez, esa petición a Pozas Fernández quien, “pese a saber que la tarjeta contenía una información personal ajena a Villarejo, accede a la petición”. “Ambos quedan con Villarejo y le facilitan parte del contenido de la tarjeta de memoria mini SD perteneciente a Dina Bousselham”, continúa.

El juez de la Audiencia Nacional asegura que “este relato de hechos resulta subsumible, respecto de los tres investigados citados, en un presunto delito de descubrimiento y revelación de secretos”.

“Esta imputación se basa, fundamentalmente, en los indicios que se han ido refiriendo en la exposición de los hechos probados antes referida, así como en la extensa y abundante documentación que obra en la causa, declaraciones de los testigos y declaraciones de los investigados”, concluye.

El juez ya dictó en octubre de 2020 un auto por el que daba por finalizada la instrucción de esta pieza y proponía juzgar tanto a Villarejo como a los dos periodistas por un presunto delito de descubrimiento y revelación de secretos. Además, el magistrado remitió al Tribunal Supremo una exposición razonada en la que pedía investigar al exlíder de Podemos Pablo Iglesias, contra el que dirigió buena parte de la investigación durante meses pese a los reproches de la Sala de lo Penal de la propia Audiencia Nacional y el Tribunal Supremo por la ausencia de indicios contra el ex líder de Podemos. García Castellón le llegó a quitar la condición de perjudicado que la Sala de lo Penal le obligó a restablecer para el ex vicepresidente.

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